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Terror paramilitar en la universidad pública

Terror paramilitar en la universidad pública - upc_2

Universidad popular del cesar, sujeto de reparación colectiva

Terror paramilitar en la universidad pública

El caso de la Universidad Popular del Cesar (UPC) es un ejemplo magnífico de como la Historia y la memoria son útiles en reivindicaciones del presente. Para entender porque la UPC hoy se encuentra reconocida como sujeto de Reparación Colectiva, es importante ubicarnos en el Cesar, departamento del Caribe colombiano, pues esto nos permitirá conocer las conflictividades que allí se han vivido y de las la que la Universidad Pública no ha sido ajena.

En 1967 se creó el departamento del Cesar; desde su fundación, sin negar la existencia de líderes conservadores, se pueden ubicar el control político en manos del Partido Liberal. Sus dividendos políticos se lograron gracias a un modelo económico basada en la ganadería extensiva y en la agroindustria; con la explotación agropecuaria solventó una sociedad con un régimen mínimo de protección de los derechos de propiedad rural, pasando por extintas bonanzas, algunas de ellas de carácter legal (el algodón), otras con una fuerte impronta de ilegalidad (la marihuana y el contrabando de gasolina) [1].

El desarrollo económico del Cesar fue limitado; la ganadería y las grandes extensiones de tierra acaparadas por familias decimonónicas se convirtieron en la única fuente de riqueza. Se vinculaba a la hacienda ganadera con la cual se accedía a tierras públicas y se expropiaba a los productores directos sometiéndolos a relaciones semiserviles [2]. “La sociedad cesarense a lo largo de la segunda mitad del siglo XX ha sido catalogada como una “sociedad estática”” [3], las prácticas políticas, sociales y económicas no buscaron el desarrollo del departamento sino mantener el orden social y seguir reproduciendo relaciones hacendatarias feudales.

En este departamento, existen varios corredores de movilidad que históricamente les permite a los grupos armados ilegales comunicarse entre los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena y La Guajira, así como entre Cesar, Norte de Santander y la frontera con Venezuela. A manera de ejemplos puede decirse que uno de estos corredores comunica a los municipios de Aracataca y Fundación (Magdalena) con Valledupar (Cesar) y se extiende hasta San Juan del Cesar (La Guajira); el otro comunica a El Copey y Bosconia (Cesar) con San Ángel (Magdalena). Por la cabecera municipal de Bosconia, cruzan cuatro vías nacionales que hacen posible el transporte con gran afluencia de rutas hacía diversos puntos del país [4].

“Estas rutas son apetecidas por los grupos armados ilegales por la facilidad y posibilidad que tienen para aprovisionarse, llevar a cabo actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y el cultivo de la coca” [5]. Este departamento era una zona de descanso y recuperación de la guerrilla, que empieza a aparecer incipiente y tempranamente a fines de la década de los sesenta y principio de la del setenta, pero a partir de los 80, con la conformación de distintos frentes y un intenso trabajo político, empezaron a consolidarse las FARC-EP y el ELN, antes de que llegaran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Bloque Norte de las AUC y luego de su desmovilización, las estructuras herederas y sucesoras del paramilitarismo, han sido los actores que más afectaciones han generado al colectivo académico, intentando acallar sus expresiones organizativas y críticas frente a la realidad nacional.

La década del ochenta representó para el Cesar un período de escalamiento en la movilización popular, en respuesta a los abusos cometidos por diversos actores legales e ilegales, contra grandes segmentos de población marginada. Sumado a lo anterior, en el contexto de un acuerdo de paz entre el gobierno del conservador Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) y las FARC-EP, fue creado en 1985 el partido político Unión Patriótica (UP), el cual contó con un amplio apoyo por parte de la Comunidad Académica de la Universidad Popular del Cesar (UPC) y los movimientos sociales que allí tenían lugar. En 1986 la UP alcanzó grandes éxitos en las elecciones regionales, obteniendo una curul en la Asamblea del Cesar y siete en concejos municipales de igual número de municipios; lo cual, en el contexto de agitación departamental, fue utilizado por los actores ilegales para señalar, estigmatizar y violentar a la Comunidad Académica de la Universidad Popular del Cesar como subversiva o colaboradora de las guerrillas.

Entre 1987 y 2006 la Comunidad Académica de la UPC fue víctima de la infiltración y el asalto paramilitar que “tuvo un triple propósito: deshacerse de todos los actores sociales que movilizaban un pensamiento crítico, capturar los recursos del presupuesto canalizándolos hacia las estructuras paramilitares y las de sus adláteres y propiciar la configuración de contextos que facilitaran la imposición de reformas universitarias de corte neoliberal” [6]. A estos hechos, se le conocen como “el baile rojo de las universidades públicas” [7].

La ola de violencia inició el 29 de junio de 1987 con el asesinato de José Francisco Ramírez Torres, profesor y vocero de la Coordinadora Obrero-Campesina y Popular del Cesar y miembro de la UP; posteriormente se sobrevinieron otros asesinatos más: el 14 de julio de 1989 tuvo lugar el de quien había sido uno de los líderes estudiantiles más destacados de la época, Miguel Vicente Arroyo Arias, y el 13 de marzo de 1991 se presentó el del profesor José David López Terán. Sin embargo, el momento más crítico fue a partir de 1997, cuando tres líderes estudiantiles fueron asesinados en menos de dos meses: José Alfredo Cuello Saucedo, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, el 23 de enero; Elizabeth Córdoba Uliana, integrante del Consejo Estudiantil Universitario y exmilitante del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), el 13 de febrero; y Rosilda Arias Velásquez, educadora popular, al día siguiente, el 14 de febrero. El 16 de mayo de 2001 fue asesinado, por miembros de las AUC, Miguel Ángel Vargas Zapata, sindicalista en la universidad, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), al que le siguió el del profesor, directivo de ASPU y militante de la UP, Luis José Mendoza Manjarréz. El epílogo de este ciclo se cerró con el asesinato del exdirigente estudiantil, Fredy Antonio Arias Arias, escenificado el 3 de agosto de 2004.

Con posterioridad, en 2009, se presentaron nuevos hechos, esta vez cometidos por bandas criminales, quienes amenazaron a Emilio Piedrahita, representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, para que renunciara a su cargo. Luego del hecho, según denunció el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las amenazas han continuado contra docentes y estudiantes de la UPC, por parte de estructuras herederas y sucesoras del paramilitarismo [8].

Debido a estos asesinatos hubo temor en la comunidad académica y un silenciamiento forzado, en el cual, tanto los estudiantes como sus líderes, se abstuvieron de manifestarse sobre la realidad regional y nacional e incluso sobre los mismos homicidios y persecuciones que se daban en la zona. El temor se hizo colectivo.

Las consecuencias del paramilitarismo en la universidad pública han sido nefastas, contribuyó a institucionalizar el miedo y el temor, eliminó el pensamiento crítico y el pluralismo teórico, e instauró la pasividad e inhibió la movilización social. Factores que no deberían ocurrir en un contexto académico.

Los episodios traumáticos [9] ocurridos en la UPC, fueron el motivo por el cual hoy la Universidad fue reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva (SRC). Esas enseñanzas que dejan las experiencias traumáticas no sólo pueden y deben dejarles lecciones a las sociedades futuras [10], sino que también les deja una tarea. Como dice Enzo Traverso, las políticas de memoria y el deber de memoria es un compromiso que las sociedades adquirimos con el pasado, “nos deja obligaciones, deberes, tareas, a las cuales no podemos sustraernos” [11].

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, establece “otras medidas de reparación” entre las que se encuentra la Reparación Colectiva. De acuerdo con el artículo 151, esta medida comprende “el daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos; y el impacto colectivo de la violación de derechos individuales”. En este sentido, y según lo estipula el artículo 152, los Sujetos de Reparación Colectiva son “los grupos y organizaciones sociales y políticos; y las comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común” [12].

Pensar las reparaciones desde la perspectiva del bien común supone: 1) concebirlas de tal forma que su concreción facilite a las víctimas reconfigurar sus proyectos de vida individuales y comunitarios y 2) comprenderlas como piezas clave de un sistema integral de justicia transicional, cuyos fines comunes al trascender los bienes particulares de los distintos actores sociales, se convierten en las guías de orientación tanto del diseño como de la implementación de las distintas modalidades de reparación [13].

Que hoy la UPC sea reconocida como SRC, significa para la comunidad universitaria la restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. “El restablecimiento de los derechos vulnerados, que descansa en el reconocimiento de la Comunidad Académica como sujeto de derechos, contribuye a garantizar el pleno ejercicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de investigación y de inmersión en las problemáticas locales y regionales. La compensación debe ser proporcional a los perjuicios económicos que produjo la vulneración de los derechos de la Comunidad Académica. La rehabilitación, que debe incorporar estrategias orientadas a la recuperación de la Comunidad Académica afectada en su capacidad crítica, lo cual necesariamente se debe traducir en el retorno del pensamiento crítico y el pluralismo teórico. Las medidas de satisfacción, basadas en el reconocimiento público de lo sucedido, contribuyen a la dignificación de la Comunidad Académica y a la reconstrucción, apropiación y difusión de su memoria histórica. Las garantías de no repetición van encaminadas, en últimas, a que se pueda materializar un “¡nunca más!”” [14].

La evocación del pasado adquiere una función ejemplificadora de lo que no debe ocurrir “nunca más”. El rechazo de la experiencia pasada es un legado para las nuevas generaciones, cuya pretensión también implica la construcción de una ruptura radical del pasado con el presente [15].

El reconocimiento de la UPC como SRC evidencia la “porosidad” [16] del Estado colombiano y sus instituciones, pues es producto por supuesto de voluntades institucionales, pero también un logro de las intervenciones en las esferas decisorias de organizaciones de la comunidad de la UPC (estudiantes, profesores y directivos). El Comité de Impulso para el Reconocimiento de la Universidad Popular del Cesar como Sujeto de Reparación Colectiva llama la atención sobre el hecho que los daños ocasionados a la UPC por el paramilitarismo no son un asunto de un “pasado que ya quedó atrás y que afectó a otros, pero no a nosotros”, sino que es una situación que se mantiene vigente [17].

Este comité no solo logró que el 26 de julio de 2017 la Universidad Popular del Cesar fuera incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas gracias a su juicioso trabajo de sistematización de los hechos victimizantes ocurridos a la comunidad de UPC, sino que también ha trabajado arduamente en hacer presentes las víctimas en las instalaciones de la UPC promoviendo actividades y lugares de conmemoración.

En un gran mural elaborado en la plaza principal de la universidad llamado “Las Semillas de la UPC”, aparece la imagen de los asesinados por el paramilitarismo y provoca que la comunidad de la UPC se pregunté por ellos: ¿Quiénes fueron?, ¿por qué fueron asesinados?

En sintonía con Virginia Vecchioli [18], el Comité de Impulso para el Reconocimiento de la Universidad Popular del Cesar como Sujeto de Reparación Colectiva registra la importancia de que se recuerden los hechos y los nombres de las víctimas. Por eso, en la misma plaza en la que se encuentra el mural con frecuencia hacen encuentros de conmemoración de los asesinados.

Notas
[1] Pablo Andrés Nieto Ortiz (2014). La movilización política y su exterminio en el departamento del Cesar: El caso de la Unión Patriota, 1984-1990. Disponible en: <https://www.academia.edu/25095594/L…> . 
[2] Ibidem. 
[3] Ibidem. 
[4] Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2006). Diagnóstico Departamental Cesar. Vicepresidencia de la República. Bogotá, D.C. Disponible en:
<http://historico.derechoshumanos.go…> y Juancarlos Gamboa Martínez (2019). Orígenes y factores de permanencia en el conflicto armado en el Cesar. Inédito. Valledupar. 29 de noviembre. [9p.].
[5] Ibidem. 
[6] Marta Rodríguez Sánchez (2018). La UPC y los desafíos de su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva. En: Revista Zhátukua No. 1. Segundo Semestre de 2018. Universidad Popular del Cesar. Valledupar. Pp. 9-19. Disponible en: <https://prensarural.org/spip/spip.p…> .
[7] Joaquín Robles Zabala (2014). El “baile rojo” de las Universidades Públicas. Disponible en: <https://prensarural.org/spip/spip.p…> y Natalia Maya. Memoria y reparación colectiva, dos procesos clave en la Universidad Popular del Cesar. En: Hacemos Memoria. Medellín. 31 de mayo. Disponible en: <http://hacemosmemoria.org/2018/05/3…> .
[8] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (2017). Resolución No. 2017-83369 de 26 de julio de 2017 FSCGM000000325. Bogotá, D.C. 
[9] Henry Rousso (2018). Desarrollos de la historiografía de la memoria. En: Revista Aletheia Volumen 8. No. 16. Revista de la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream…> .
[10] Ana María Sosa González (2014). El Museo de la Memoria en Uruguay. Algunas reflexiones en torno a los procesos de patrimonialización de memorias traumáticas. En: Revista Clepsidra No. 2. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria. Octubre. Pp. 80-101. Disponible en: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/view/Sosa%20Gonz%C3%A1lez 
[11] Enzo Traverso (2017). Políticas de la memoria en la era del neoliberalismo. En: Revista Aletheia Volumen 7. No. 14. Revista de la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.a…> .
[12] Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (2017). Resolución No. 2017-83369 de 26 de julio de 2017 FSCGM000000325. Bogotá, D.C. 
[13] María Carmelina Londoño-Lázaro, María del Pilar Gutiérrez-Perilla & Paula Andrea Roa-Sánchez (2017). El papel de las reparaciones en la justicia transicional colombiana: aportes desde una visión teleológica. En: Revista Colombiana de Derecho Internacional Volumen 15 No. 30. Pontificia Universidad Javeriana. Enero-Junio. Bogotá, D.C. Pp. 119-149.
Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/i…> .
[14] Marta Rodríguez Sánchez (2018). La UPC y los desafíos de su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva. En: Revista Zhátukua No. 1. Segundo Semestre de 2018. Universidad Popular del Cesar. Valledupar. Pp. 9-19. Disponible en: <https://prensarural.org/spip/spip.p…> .
[15] Sandra Raggio (2014). Enseñar los pasados que no pasan. En: Patricia Flier (Compiladora) (2014). Dilemas, apuestas y reflexiones teórico metodológicas para los abordajes en Historia Reciente. Colección Estudios/Investigaciones 52. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. La Plata. Pp. 84-105. Disponible en: <https://www.academia.edu/32733274/e…> .
[16] Esta porosidad se refiere a que el Estado está compuesto por muchas agencias y actores, incluso disimiles. Ver al respecto: Santiago Cueto Rúa (2018). Apuntes para pensar el campo de los Derechos Humanos y la Memoria. En: Emmanuel Kahan, Santiago Cueto Rúa & Laura Rodríguez (2018). Memoria y Violencia en el siglo XX. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.a…> .
[17] Marta Rodríguez Sánchez (2018). La UPC y los desafíos de su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva. En: Revista Zhátukua No. 1. Segundo Semestre de 2018. Universidad Popular del Cesar. Valledupar. Pp. 9-19. Disponible en: <https://prensarural.org/spip/spip.p…> y Natalia Maya (2018). Las universidades públicas, otras víctimas del conflicto armado. En: Hacemos Memoria. Medellín. 16 de mayo. Disponible en: <http://hacemosmemoria.org/2018/05/1…> .
[18] Virginia Vecchioli (2001). Políticas de la memoria y formas de clasificación social. ¿Quiénes son las “víctimas del terrorismo de Estado” en la Argentina. En: Bruno Groppo & Patricia Flier (Compiladores). (2001). La imposibilidad del olvido. Ediciones Al Margen. La Plata. Disponible en: <http://www.historiapolitica.com/datos/biblioteca/campoddhh_vecchioli.pdf

 

 

 

Por: Waili Tatiana Gamboa-Martínez
Historiadora de la Universidad Externado de Colombia, actualmente se encuentra cursando la Especialización Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
www.radiomacondo.fm

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