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Restitución de tierras amenazada por empresarios beneficiarios del paramilitarismo

 

Restitución de tierras amenazada por empresarios beneficiarios del paramilitarismo - paramilitares

El informe de Amnistía Internacional sobre la restitución de tierras en Colombia, provoco la reacción del gobierno, quien mediante un comunicado por parte del ejecutivo afirmó que, “Colombia es el único país que asumió el reto de restituir tierras en medio del conflicto” y destaca que “la comunidad internacional reconoce y destaca el esfuerzo del Gobierno colombiano por devolver las tierras a sus legítimos dueños. La ONU, El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Comisión Nacional de Tierras de Kenia, la Unión Europea, por nombrar los ejemplos más recientes, han resaltado la labor de Colombia como país ejemplar en la implementación de la restitución a campesinos y comunidades étnicas”.

La ONG aseguró que la ley de restitución de tierras que se aplica en Colombia corre un “riesgo de fracaso”, por la “lentitud” del proceso y la persistencia de la violencia armada en las zonas rurales del país.

“Hay un riesgo de fracaso en restituir la tierra a millones de personas que se ve, primero, en las cifras: porque de ocho millones de hectáreas abandonadas o despojadas durante el conflicto se han devuelto apenas 30.000″ hectáreas, señaló el vocero de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán.

Lo cierto es que el despojo de los territorios campesinos se sigue presentando por empresarios beneficiarios del paramilitarismo, quienes perpetúan el crimen con el beneplácito del estado en muchas ocasiones.

En Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó, Gerardo Osorio Echeverry, quien ocupó de manera irregular la finca “LaOlla”, ordenó quitar las vallas que anunciaban que el 24 de noviembre debía desalojar  dicha propiedad, las vallas se instalaron por orden del Inspector Policial como un mecanismo de disuasión y de cumplimiento de la ley para devolver la tierra a las comunidades afro de la región.

De igual manera ocurrió con las áreas de titulación colectiva ocupadas de mala fe por el empresario ganadero, William Ramírez.

Por su parte el ocupante de mala fe, Darío Montoya, quien además es protegido por la Brigada 17 y  que mantiene  una estrecha cercanía según fuentes cercanas con el senador Alvaro Uribe Vélez, habría ordenado quitar las vallas supuestamente “por que ya todo se había arreglado en Bogotá, por lo demás yo respondo”, señalo Montoya.

El empresario Darío Montoya habría interpuesto recursos ante la Procuraduría General con la presentación de títulos a su nombre de 2002, curiosamente dos años después del reconocimiento del título colectivo y en plena fase de consolidación del desplazamiento.

Según algunas fuentes gubernamentales, el desalojo de los predios ocupados de mala fe por el empresario Darío Montoya, se suspendió en espera del pronunciamiento del Incoder ante las acciones interpuestas por los ocupantes de mala fe.

Estas acciones de los directos beneficiarios del paramilitarismo que desplazó a las comunidades de la zona, re victimizan a los campesinos que sufrieron la embestida paramilitar, que en una supuesta acción contra insurgente terminaron saqueando las tierras campesinas en Belén de Bajirá, Piscingos, Brisas y Despensa Baja, todos ellos predios comunitarios despojados a punta de fusil.

En esta zona del país se mantienen las Operaciones armadas e ilegales por parte de las estructuras paramilitares, frente a estas acciones ni la policía de Urabá ni la Brigada 17 del ejercito  intervienen.

Acciones Legales

El pasado 30 de octubre, la juez Catalina Rendón del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, profirió la condena por los delitos de “Concierto para delinquir agravado”, “Desplazamiento forzado” e “Invasión de Áreas de Especial Importancia Ecológica” a 16 empresarios, comisionistas y paramilitares por desplazamiento forzado. Los responsables tendrán que pagar en cárcel al menos 10 años.

El proceso determinó que la acción conjunta de grupos paramilitares y la brigada VXII del Ejército, generó el desplazamiento de las comunidades ancestrales en los territorios de Curbaradó y Juguamiandó.

Las tierras despojadas fueron apropiadas por empresas palmeras como “Palmas de Curbaradó”, “Agropalma”, y “Urapalma”, entre otras empresas en estas acciones participaron funcionarios estatales.

La sentencia también eliminó el beneficio de “detencion domiciliaria” con la que contaban algunos de los procesados.

Algunos condenados por estos hechos se encuentran prófugos de la justicia o a la espera de una orden de extradición.

Lista de Condenados

Gabriel Jaime Sierra Moreno.

Mario León Villa Pacheco.

Juan Jose Palacios Palacios.

Manuel Gregorio Denis Blandon.

Mario Alberto Vélez Giraldo.

Sor Enid Ospina Redon.

Javier Jose Daza Pretelt.

Katia Patricia Sanchez Mejia.

Hernan Iñigo de Jesus Gomez Hernandez.

Gabriel Segundo Fernandez Navarro.

Orlando Moreno Mora.

Sor Teresa Gomez Alvarez.

Remberto Manuel Alvarez Vertel.

Dagoberto Antonio Montiel Mercado.

Robin Manuel Galongue Alcalá.

 

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