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Que pare el terrorismo de Estado y el genocidio de los líderes sociales

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El 2019 terminó con un sabor agridulce. Es reconfortante la indignación social y popular en casi todas las capas poblacionales frente a los abusos de poder, corrupción y prácticas genocidas del partido de Gobierno y sus aliados de la ultraderecha, el paramilitarismo, el narcotráfico y las fuerzas militares, pero duele profundamente la incapacidad real para detener esta máquina de muerte y barbarie.

Como movimiento social y político, el Congreso de los Pueblos deplora el nivel de podredumbre en el que se encuentran las “instituciones” del Estado colombiano, hoy ilegítimas, y el grado de cinismo que desbordan los funcionarios del Gobierno de Duque – Uribe cuando se les exige enfrentar la aguda crisis social y humanitaria que sus actos han provocado y agravado.

Las bofetadas que el Gobierno de Duque asestó a las expresiones de rechazo social en noviembre y diciembre de 2019 aprobando la reforma tributaria y justificando la violencia y la muerte de jóvenes a manos del criminal ESMAD, cuyo desmonte fue exigido en medio de las manifestaciones, pero que el Estado insiste en fortalecer, se suman varios escándalos como el de las chuzadas (espionaje) que los más altos mandos militares practicaron contra la Corte Suprema de Justicia, los periodistas y los líderes políticos de oposición. Situación conocida y seguramente avalada por el propio presidente Duque y su ministro de defensa, quienes ocultan la verdad y amparan a los beneficiarios de esta práctica criminal, partido Centro Democrático (tal como lo denuncia la Revista Semana) y Rafael Nieto señalado por Noticias UNO como el ala más reaccionaria del uribismo. Prácticas que no son nuevas y que fueron comunes en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez.

Tan grave sería el delito y los desafueros realizados por los militares que la propia magistrada afín al uribismo lideró el 18 de diciembre un allanamiento a la base militar de Facatativá en Cundinamarca, en donde encontró que ella misma hacia parte de las personas a las que espiaban. Sin duda la información que le entregan los militares al criminal partido de Gobierno tiene por objeto seguir desarrollando acciones delincuenciales para defender a su máximo líder el senador Uribe y evitar que el fin de sus días los pase en la prisión pagando los desastres causados a millones de colombianos y colombianas. Esa información seguirá siendo privilegiada para que las fuerzas “oscuras” mantengan la sistematicidad en los asesinatos y las prácticas de exterminio a los líderes y lideresas, a sus organizaciones sociales y populares y a todo aquel que haga oposición.

Está más que demostrado, y así lo enseña la investigación de un grupo de profesionales de la Universidad Javeriana, que el paramilitarismo ha estado amparado y apoyado no solo por el Estado y sus instituciones, sino por los más poderosos empresarios nacionales y extranjeros. Los profesionales del grupo de investigación “Estado, conflictos y paz” de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, nos sacuden con una larga lista de personas y empresas muy reconocidas y poderosas entre las que sobresalen Ecopetrol, Postobón, Argos, Chiquita Brands, Banadex, Fedegan, entre muchos otras, que han sido mencionadas en las sentencias de justicia y paz (Acuerdo con los paramilitares en 2005) como presuntos colaboradores de grupos paramilitares, responsables de asesinar líderes sindicales, sociales, ambientalistas, etcétera.

Solidaridad con la Marcha Patriótica

Como si toda esta tragedia fuera poca cosa, el 2020 arrancó especialmente sangriento y en menos de 11 días ya se habían asesinado 18 líderes sociales, cuatro de ellas mujeres, uno de ellos excombatiente y firmante del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Cinco de estas personas asesinadas hacían parte del movimiento social y político Marcha Patriótica, importante proceso especialmente asentado en los territorios que viene padeciendo un verdadero genocidio. Entre el 8 de septiembre de 2011 y el 11 de enero de 2020 han sido asesinados 222 compañeros y compañeras de la Marcha Patriótica, 43 de ellos en el periodo del gobierno Duque, y 52 del total de estos asesinatos se presentaron después de que la CIDH le otorgara medidas cautelares a este movimiento político hermano.

Solicitamos como Congreso de los Pueblos a todo el movimiento social y popular, a los partidos políticos democráticos y a los procesos sociales, que en primera instancia nos pronunciemos denunciando esta grave crisis humanitaria y al Estado colombiano como practicante del Terrorismo de Estado. Y en segunda instancia, salir a las calles a protestar en medio de las jornadas que iniciarán este 21 de enero, y que esperamos y alentamos a que se extiendan por muchos días para presionar a esta oligarquía asesina y corrupta a que salga del poder y así podamos realizar las transformaciones que una sociedad humana y democrática exige.

Congreso de los Pueblos
www.radiomacondo.fm

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