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Putumayo: Organizaciones rechazan desaparición y posterior asesinato de lider afrodescendiente reincorporado

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Informamos a la comunidad nacional e internacional los hechos que antecedieron al cruel asesinato de James Andrés Montaño Esterilla, afrocolombiano, quien era persona en proceso de reincorporación de FARC y quien fuese dado por desaparecido desde el día 2 de julio de 2020 y el día martes 7 fue encontrado su cuerpo sin vida.

Desde el jueves 2 de julio de 2020 James Andrés Montaño Esterilla, se encontraba desaparecido. La última vez fue visto en el rio San Miguel, límite entre Colombia y Ecuador, mientras se desplazaba sólo en una embarcación fuera de borda en Puerto Colon, San Miguel, Putumayo. El viernes 3 de julio de 2020, el Consejo comunitario nueva esperanza, junto con las comunidades campesinas e indígenas del corregimiento, emprendieron con sus propios medios la búsqueda de James Andrés, encontrando la embarcación hundida.

El sábado 4 de julio nuevamente la comunidad sale en la búsqueda y encuentra solamente la chaqueta y el bolso que portaba a orillas del rio. Ese mismo día 4 la Asociación de consejos comunitarios afro-amazónicos, de las riveras del rio San Miguel del corregimiento Cofanía jardines de sucumbíos, de Ipiales, Nariño, (Asoccafrain), informó a la opinión pública, a la alcaldía municipal de Ipiales, gobernación de Nariño, Defensoría del pueblo, ONU derechos humanos, ministerio del interior, organismos nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos, la desaparición de James Andrés Montaño.

A pesar de la solicitud de activación del mecanismo de búsqueda urgente solicitado a las autoridades e instituciones, no recibimos respuesta idónea de ninguna autoridad del nivel regional o nacional. Luego de cinco días de búsqueda, el 7 de julio, las comunidades afrocolombianas agrupadas en los Consejos comunitarios de Asoccafrain, quienes continuaron la labor de búsqueda de James Andrés por sus propios medios, encontraron el cuerpo sin vida del compañero, al parecer con un tiro de arma de fuego en su cabeza, a orillas del río San Miguel en el punto conocido como Limoncito.

Actualmente la comunidad se encuentra preparando las honras fúnebres y la velación de James Andrés Montaño quien contaba con 30 años, era padre de cuatro hijos, agricultor, y persona en proceso de reincorporación, acreditado resolución número 011 de 2017, fruto del acuerdo de paz entre las extintas FARC-EP y el estado colombiano. James Andrés era actualmente integrante del Consejo comunitario nueva esperanza, en el cargo de vocal.

Es de señalar que el Consejo comunitario nueva esperanza, fue constituido por la resolución 2799 del 13 de diciembre de 2012 expedida por el INCODER, está registrado en el registro único nacional de organizaciones de base y Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras del ministerio del interior. Como defensoras y defensores de DDHH de la red de derechos humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía jardines de sucumbíos de Ipiales Nariño, rechazamos estos crueles e inhumanos hechos y pedimos el respeto por la vida e integridad de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrocolombianas en la región, y en especial en el corregimiento de Cofanía jardines de sucumbíos.

El asesinato del firmante de paz y dirigente afro, significa una vez más la impunidad y re victimización que nuestras comunidades en la región, que están afrontando las violencias estructurales y sistemáticas en contra de la vida e identidad en el campo. La grave situación derivada de la continuidad del conflicto social y armado en la frontera de Colombia con el Ecuador, recae en la población civil campesina más vulnerable, apartada y abandonada por el estado colombiano, quien está al tanto de estas prácticas contra las comunidades, producto de una retaliación por buscar y defender la paz con justicia social y el bienestar común como derecho.

Exigimos que se adelanten las acciones y medidas necesarias, conducentes para el esclarecimiento de la verdad frente al asesinato del afrocolombiano, defensor y constructor de paz, James Andrés Montaño Esterilla, y responsabilizamos al estado frente a la garantía de los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de los líderes campesinos, afrocolombianos, sociales y defensores de derechos humanos, integrantes de la Asociación de consejos comunitarios afro-amazónicos de las riveras del rio San Miguel, del corregimiento Cofanía jardines de sucumbíos de ipiales, Nariño, Asoccafrain, quienes son integrantes de la Coordinación social y política marcha patriótica putumayo, y del proceso nacional de la Coordinación nacional de organizaciones y comunidades afrodescendientes, Conafro.

Instamos al estado colombiano, a desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por el homicidio en persona protegida por DIH, cometido en contra del afrocolombiano, persona en proceso de reincorporación como ex combatiente FARC, y adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos de las comunidades, los cuales están siendo afectados por la acción de fuerzas armadas irregulares en la zona de operaciones de las unidades militares y policiales, en la frontera entre el estado de Colombia y el estado de Ecuador.

Pedimos el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones, que sobre el respeto y acatamiento del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, ha formulado la comisión de derechos humanos de las Naciones unidas, la Comisión interamericana de derechos humanos de la OEA y demás organismos internacionales. Que la Defensoría del pueblo regional Putumayo y Nariño, desarrolle las acciones de acompañamiento in situ inmediatas, y la activación del sistema de alertas tempranas, que prevengan los riesgos individuales y colectivos derivados de la investigación, denuncia y defensa de la implementación de los planes y programas derivados del acuerdo de paz; así como impulsar las acciones legales necesarias para el acceso a la justicia, imparcial y efectiva y la protección a las víctimas, para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por el homicidio cometido en contra de James Andrés Montaño.

Las comunidades solicitamos a la oficina del Alto comisionado de las Naciones unidas para los derechos humanos, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar, y que se inicien las investigaciones a que haya lugar. Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares, a mantenerse atentos y alerta la crítica situación de derechos humanos que están afrontando las comunidades rurales y organizaciones sociales del departamento del Putumayo.

 

 

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