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Pueblos indigenas expresan su repulsa a la violación de niña Embera agredida por militares

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Después de conocerse la denuncia del aberrante crimen cometido por unidades del Ejército nacional, al violar una niña de la comunidad Embera katio, en el resguardo Gito Dokabú, del corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico en el noroccidente del departamento de Risaralda, el lunes 22 de junio. Las autoridades tradicionales indígenas elevaron la denuncia pública, frente a esta agresión imperdonable contra la niña Embera Katio, que fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo, adscrito a la octava brigada con sede en Pereira, quienes aprovecharon la situación de aislamiento en el marco de la pandemia, para cometer el hecho de violencia sexual contra la niña, y que en tanto sus implicaciones, es una agresión contra toda la comunidad indígena, tal como lo aseguraron los voceros de la nación Embera.

En declaración emitida por la organización nacional indígena de Colombia, ONIC, los pueblos indígenas plantearon la exigencia de que los agresores sean entregados a la justicia indígena, para ser juzgados de acuerdo a las leyes de los pueblos ancestrales, y que posteriormente sean procesados por la justicia penal ordinaria. Los pueblos indígenas hacen ésta solicitud, a partir de los mandatos de la ley de gobierno propio y el pacto para volver al origen, dentro de los cuales establecen cero tolerancia frente a la violencia intrafamiliar, contra la mujer, la niñez, la violencia social y la violencia comunitaria. Además las organizaciones indígenas, recordaron su resolución sobre, “mujeres violencias y acceso a la justicia”, aprobada por la asamblea nacional de autoridades indígenas el 29 de mayo del 2015, donde revindican el papel de la justicia propia para desplegar la así la formación, acompañamiento espiritual y cultural, a los escenarios de mujeres en la perspectiva de prevenir, denunciar, rechazar, investigar y sancionar, cualquier acto de violencia contra las mujeres.

La Organización nacional indígena de Colombia, considera que además de la execrable vulneración de los derechos de la menor, se afectado gravemente a su familia, el pueblo Embera katio, y a todos los pueblos indígenas del país, y que ésta situación está enmarcada, en un largo prontuario de actos atroces cometidos por las fuerzas militares, las cuales por acción u omisión son un factor de riesgo para las comunidades, y no garantizan, aseguraron, ni seguridad, ni garantías de Derechos Humanos a los pueblos y naciones indígenas.

Los voceros de las autoridades indígenas consideran, que este grave hecho está contextualizado en un genocidio contra los pueblos indígenas y articulado a la dinámica por buscar minar su autonomía y su presencia en el territorio. Las organizaciones de los pueblos ancestrales indicaron que al atacar la mujer indígena se destruye el tejido social, ya que las mujeres son las que han garantizado enlazar las tradiciones y costumbres, para así conservar la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas y sus raíces con la madre tierra. La organización nacional indígena de Colombia manifestó, que no es ajena a la grave situación de agresión sexual y física contra las mujeres en el transcurso del año 2020 donde se han presentado más de 99 feminicidios, que han agudizado en medio de la cuarentena, donde también las cifras de maltrato infantil van en preocupante aumento, y además en medio el confinamiento producto de la emergencia sanitaria por covid-19 se han agravado las acciones de vulneración de los derechos de las comunidades, es así como los pueblos indígenas consideran que hay que combatir la verdadera pandemia, la de la violencia política social y de género que padece Colombia.

La organización indígena planteó como exigencias, en el marco de la denuncia de este crimen irracional, que además estaría articulado con la lógica de la doctrina militar colombiana, se respete la víctima, su familia y el pueblo Embera katio, y que no prevalezca la impunidad frente a estos hechos, solicitándole la fiscalía que adelante de manera inmediata, la investigación penal que lleve la justicia a los delincuentes uniformados que atentaron contra la niña Embera. Que las acciones judiciales, deben ser coordinadas con las autoridades tradicionales de la comunidad, y acordes con el sistema de Justicia propia indígena, y que este caso no puede estar en la en la justicia penal militar.

Las autoridades indígenas y la ONIC, le solicitan la procuraduría general de la nación, y a la defensoría del pueblo, realizar un acompañamiento al proceso donde efectivamente se tomen las normas disciplinarias contra estos funcionarios públicos, además de evitar cualquier tipo de injerencia que pretenda silenciar, o desviar la atención frente a este caso. También los voceros de las comunidades ancestrales solicitaron, que los organismos internacionales acompañen vigilantes el proceso judicial, para impedir que se presente cualquier nivel de impunidad e invisibilización del repudiable caso.

Es inadmisible que las fuerzas militares estén inmersas en sucesos criminales durante el conflicto y que sigan siendo una constante, es imperativo abrir un debate frente a la doctrina militar y la formación que reciben quienes prestan servicio militar, o hacen parte de la institución castrense. La comisión de la verdad, organizaciones de derechos humanos y víctimas, han venido insistiendo en abordar un tema que pretende obviarse, mientras efectivos de las FFMM siguen vulnerando, violentando y atropellando a las comunidades, haciendo además del cuerpo de las mujeres un botín de guerra.

La sociedad colombiana no puede tolerar la violencia de género y el estado debe garantizar los derechos de las comunidades, las mujeres, los niños y las niñas. En medio del populismo punitivo de la pena de cadena perpetua para violadores, y las elocuentes palabras del presidente y altos funcionarios, lo que deben garantizar es transformar las lógicas perversas anidadas ideológicamente, que promueven el odio, la sumisión, la negación y la segregación racial y de género, como mecanismo de dominación.

 

Agencia Prensa Rural
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