Policía y Ejército intentan desalojar a familias en Arauca tras denuncia del Ministerio de Defensa
El pasado 20 de enero se presentó un intento de desalojo contra las más de 500 familias que se encuentran ocupando un terreno aledaño al casco urbano de Fortul, el cual sería utilizado para la construcción de un batallón del ejército. Los habitantes del terreno ocupado continúan su proceso de organización, para lo cual se han constituido al menos 12 barrios
La comunidad ocupante ha dialogado con las autoridades municipales y departamentales a fin de lograr que se adopten medidas tendientes a impedir que se construya la sede militar y que, a la vez, se garantice el derecho a una vivienda digna del cual carece gran parte de la población de la zona. Fortul es un municipio con cerca de 16 mil habitantes, y limita con Saravena, Tame, Arauquita y Güicán, cerca de la frontera con Venezuela.
A pesar de los intentos de diálogos de la comunidad, y de varios anuncios en el sentido de que el terreno sería adquirido por la gobernación de Arauca para otorgarlo a los ocupantes, el Ministerio de Defensa presentó una querella ante la inspección de Policía de Fortul, a raíz de lo cual la policía y el ejército hicieron presencia en el predio ocupado para adelantar el desalojo. Dado que la comunidad se opuso a la acción de las fuerzas de seguridad, las autoridades accedieron a suspender la diligencia, pero se mantiene el riesgo de que se realice en los primeros días de febrero.
Esta recuperación de tierras para la comunidad ha contado con el acompañamiento de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra quienes, en entrevista para Colombia Informa, resaltaron que la intención del Ministerio de Defensa vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario, específicamente el principio de distinción, al poner en riesgo a la población civil en esta zona de conflicto. Asimismo, recuerdan que el departamento de Arauca no es ajeno al déficit de vivienda que aqueja al país, el cual ronda los 2 millones. Esa es la situación que da contexto a la decisión de las familias afectadas, que acuden a vías de hecho como en este caso.
Por: Colombia informa