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Personería municipal de Mapiripán desconoce autoridad Sikuani y afectaciones ambientales

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El domingo 16 de agosto a las 7:00 a.m. la guardia indígena junto con autoridades Sikuani, del resguardo Caño Ovejas, realizaron una verificación en fincas aledañas a su comunidad, para constatar daños ambientales en el territorio, por acciones dedeforestación, arado de tierra y construcción de pozos por parte de colonos.

Las autoridades iniciaron la verificación en la finca ocupada por un hombre llamado “Indalecio”, quien estaría realizado el arado de tierra. No obstante, el paso a la propiedad fue negado a los indígenas.

Posteriormente, en la vereda Brisas del Ovejas los indígenas se dirigieron a la propiedad de Emerson Parra, conocido como “Chavalo”. El hombre también impidió el ingreso yamenazó que no respondía por la seguridad de los indígenas.

La delegación no logró realizar la verificación y regreso a su comunidad.

A la 1:00 p.m. a la vivienda de la gobernadora del resguardo arribaron ocho policías, la personera municipal, un funcionario de la Alcaldía y la inspectora municipal.

La personera municipal, sin medidas de bioprotección, ni tapabocas, de manera agresiva señaló a los indígenas de realizar una actividad irregular, afirmó que no tenían autoridad para hacer la verificación, ni tomar registro fotográfico de ninguno de los presuntos daños. Indicó que los colonos que se encontraban en el territorio podrían talar o modificar el territorio para mejorar sus viviendas.

Aunque la comunidad trato de explicar las razones de la verificación, no fueron escuchados, por el contrario, fueron silenciados por los funcionarios públicos.

Estos desconocieron sus derechos de autonomía territorial y la medida cautelar 500013121002-2014-00102-00, otorgada a la comunidad de Caño Ovejas proferida por el Juez segundo civil del circuito especializado en restitución de tierras de Villavicencio – Meta, la cual señala que: “(…) se ordena a la Fiscalía General de la Nación y la Corporación para el Manejo Ambiental de la Macarena CORMACARENA, para que inicien los procesos de identificación de la afectación al Medio Ambiente generada con la tala ilegal de árboles, y en caso de existir, procedan a la identificación de las personas causantes del mismo e imponer las sanciones pertinentes de conformidad a su competencia.”

La comunidad exige que las entidades gubernamentales junto con las autoridades indígenas realicen una verificación conjunta para evitar daños sobre territorio que consideran sagrado, y se garanticen su derechos territoriales, espirituales, culturales y ambientales.

 

 

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2020
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

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