ONIC denuncia desplazamiento forzado y confinamiento de indígenas Wounaan Nonam en Valle del Cauca

La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC en conjunto con la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Paz, alertan a las entidades frente a la situación afrontada por las comunidades indígenas Wounaan Nonam del Valle del Cauca, situación documentada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), por lo tanto, se pasa a enumerar los antecedentes y hechos por los cuales se presenta esta solicitud:

1. Desde el miércoles 24 de septiembre, cerca de 900 personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas en zona rural de Buenaventura se desplazaron, sufren confinamiento y restricciones a la movilidad por enfrentamientos entre miembros de la Infantería de Marina y un grupo armado no estatal, además de amenazas contra la población. Al menos 40 familias (157 personas) indígenas Wounaan Nonam de la vereda Chachajo, en el Bajo San Juan (jurisdicción de Buenaventura – Valle del Cauca), se desplazaron hacia el casco urbano de este municipio.

2. Por los mismos hechos en el Bajo San Juan, 132 familias (519 personas) indígenas de Puerto Pizario, y 34 familias (219 personas) afrodescendientes de la vereda Cabecera se desplazaron al interior de sus comunidades, albergándose en lugares comunitarios y decidieron quedarse en su territorio como medida de autoprotección. Ambas comunidades sufren restricciones para realizar sus actividades cotidianas y acceder a servicios básicos. En jurisdicción del municipio Litoral de San Juan (Chocó), comunidades de Puerto Guadualito y Unión de San Juan, integrantes del resguardo de Puerto Pizario, también decidieron quedarse en su territorio.

3. Las familias indígenas de la vereda Chachajo se albergan en casas de amigos y familiares, en la zona urbana de Buenaventura. La alcaldía les entregó ayuda alimentaria y realiza la solicitud de recursos de subsidiaridad a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV). La comunidad de Cabecera se aloja en la escuela de la vereda, y se reportaron casos de varicela, enfermedades respiratorias y dermatitis. La comunidad indígena de Puerto Pizario permanece en un cambuche, improvisado dentro de la escuela de la misma vereda, hecho que causó la suspensión de la jornada escolar para 304 menores de edad. Las acciones bélicas causaron también la suspensión de actividades de nueve instituciones de la zona, afectando a 899 estudiantes del litoral.

4. El viernes 26 de septiembre, la alcaldía de Buenaventura realizó una misión de verificación a Cabeceras y Puerto Pizario, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la UARIV. Tras la misión, se reporta la urgencia de la toma de declaraciones, atención alimentaria, kits de albergue y jornadas de salud para los habitantes.

5. El martes 30 de septiembre se realizó un Comité Distrital de Justicia Transicional para la atención de las emergencias, en el que la Alcaldía se comprometió a realizar una jornada interinstitucional a las zonas rurales con entrega de ayudas entre los días dos y tres de octubre, realizar la toma de declaraciones para solicitar asistencia alimentaria y no alimentaria a la UARIV. Hasta el momento, la UARIV manifiesta que la Alcaldía no ha realizado la solicitud con los respectivos censos. Ninguna de las comunidades rurales ha recibido asistencia hasta el momento. Miembros y observadores del Equipo Humanitario Local – Valle del Cauca y el Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura monitorean la situación. De ser necesario, se apoyará la entrega de ayuda complementaria a las acciones institucionales.

6. El total de la población víctima de estas infracciones al Derecho Internacional Humanitario son de alrededor de 828 personas indígenas pertenecientes a 234 familias.

Solicitudes:

Por ésta situación, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC insiste en la urgencia de materializar las acciones necesarias desde las entidades e instituciones competentes, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011, y en articulación con las autoridades y organizaciones indígenas, para garantizar la seguridad de las comunidades del Pueblo  Wounaan Nonam del Valle del Cauca, quienes ven afectados sus derechos individuales y colectivos por la flagrante ocupación de su territorio y las amenazas que se ciernen contra la vida e integridad personal de sus miembros, generando profundas afectaciones colectivas e individuales; en aras de salvaguardar su pervivencia física y cultural.

Por todo lo anterior, solicitamos:

1. Al SNARIV, para que esta grave situación sea discutida, se resuelva con carácter urgente y a la mayor brevedad posible, garantizando la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, a la libertad de circulación y a la prevención de las circunstancias que generan desplazamientos forzados de las comunidades afectadas, direccionando todas las acciones que en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 se establecen de acuerdo a las competencias que a cada entidad le corresponden como partes del mencionado sistema.

2. A la UARIV y las entidades territoriales competentes, para que se brinde la Ayuda Humanitaria a la brevedad posible a los 828 indígenas, entre quienes se encuentran niños y niñas y adultos, en el lugar receptor del desplazamiento masivo, departamento del Valle del Cauca, teniendo en cuenta la gravedad de la situación afrontada a la fecha; gestión de la cual se solicita se informe a esta Consejería sobre su entrega efectiva.
3. A la UNP, para que teniendo en cuenta los eventos de amenazas directas contra núcleos familiares de las comunidades afectadas, se otorguen las medidas de protección a las que haya lugar, previo estudio de riesgo efectuado en la zona.

4. A la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Municipal del departamento del Valle del Cauca, para que direccionen todos los esfuerzos necesarios y así garantizar que las entidades cumplan con la debida diligencia frente a la situación presentada, posibilitando la salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas Wounaan Nonam del departamento del Valle del Cauca.

5. A la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, para que dentro del resorte de sus funciones direccionen todos los esfuerzos necesarios, para que las entidades competentes en el presente caso atiendan de forma integral a las familias indígenas del Valle del Cauca afectadas por los hechos descritos.

6. A las agencias internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil, solidarias con las problemáticas y vulneraciones de derechos afrontadas por los Pueblos Indígenas, para que direccionen, desde sus funciones misionales, los esfuerzos necesarios para atender a las familias indígenas del Valle del Cauca, visibilizar, denunciar y coadyuvar la situación puesta de presente y exijan al Estado Colombiano las acciones necesarias para garantizar y proteger sus derechos.

Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, DIH y Paz

Fuente: cms.onic.org.co