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Nuevemil jóvenes exhibidos como trofeos de guerra eran inocentes

La Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano presentó al país un informe multimedia sobre Criminalización de Estudiantes donde, entre miles más, documenta el caso de Mateo Gutiérrez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional, recientemente absuelto después de haber sido acusado como autor de un atentado con dos petardos panfletarios en 2015.

El Informe Criminalización de Estudiantes señala cómo se ha criminalizado sistemáticamente a los jóvenes en Colombia. Entre 2000 y 2018, 10.472 jóvenes entre los 15 y los 25 años, según datos de la Fiscalía recogidos en el documento, han sido procesados por delitos de rebelión, terrorismo o ambos, y solo el 4,3% e ellos y ellas terminaron siendo llevados a juicio por estos hechos. Es decir, que más de 9mil jóvenes en Colombia han sido capturados arbitrariamente, presentados ante los medios masivos de comunicación, exhibidos como trofeos de guerra, cuando en realidad se trataba de personas totalmente inocentes.

Esta escandalosa cifra de judicializaciones arbitrarias que revela el informe del Grancolombiano nos pone a pensar en la necesidad de cambiar la concepción de seguridad que tenemos hasta hoy como sociedad, pero también a revisar la actuación de la Fiscalía y a preguntarnos por el papel de los medios de comunicación en la estigmatización de los jóvenes, en su reacción y cubrimiento de este tipo de noticias.

Un primer escenario donde esto sucede es justamente la protesta social. Recientemente hemos visto cómo se mantiene esa práctica de detenciones masivas, prohibida por la Constitución y las leyes, en el marco de protestas estudiantiles y sociales. En las semanas anteriores hubo cientos de detenidos en las protestas universitarias donde también se presentó el uso excesivo de la fuerza dejando como resultado jóvenes mutilados, sin ojos o gravemente heridos.

Esto ocurre porque en el país ha habido una política sistemática de criminalizar la protesta, y de mirar a los jóvenes como si fueran delincuentes. Es de resaltar que la mayoría de estos casos ocurrieron en las ciudades aunque también se ilustran muchos otros en las zonas rurales. Es tiempo de que como sociedad analicemos este fenómeno de incriminar a la juventud por el hecho de serla o por el hecho de protestar.

Y ocurre en medio de un escenario donde se han multiplicado las protestas sociales. Hay un descontento generalizado que se expresa en más de 4mil protestas durante este gobierno. Este año han ocurrido en promedio 80 o 90 manifestaciones y protestas diarias, lo que significa que al igual que en Chile, Ecuador y otras latitudes, hay un enorme descontento con las políticas del gobierno.

Hoy se están moviendo en el Congreso proyectos de ley que buscan restringir la protesta social, inconstitucionales e inconvenientes, cuando lo que necesitamos es un acto legislativo que garantice este derecho y que sea democrático. Si se habla de reglamentar la protesta, esta debe ser democrática. Si no es así, es preferible que siga habiendo el vacío que dejaron los artículos del Código de Policía que fueron declarados inconstitucionales. Mientras no haya un marco jurídico que regule la protesta se deben aplicar los tratados internacionales, la Constitución y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional que establecen que la protesta es un derecho fundamental y prohíbe criminalizar a quienes la ejercen.

 

CAJAR

Por Alirio Uribe Muñoz
Representante a la Cámara por Bogotá, vocero de la bancada del Polo Democrático Alternativo, Vicepresidente de la Comisión Segunda e integrante de las comisiones de paz y derechos humanos.
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