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Nuevas violaciones a los derechos humanos por parte de grupos armados en el Bajo Putumayo

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Río San Miguel. Frontera con Ecuador. Imagen: Agencia Prensa Rural.

Denunciamos las siguientes situaciones que ameritan activar los mecanismos institucionales y gubernamentales para salvaguardar la vida, libertad e integridad de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región, también defensoras de derechos humanos.

Llamadas extorsivas

Desde el pasado 1 de mayo hasta el 9 de mayo se han presentado llamadas y mensajes de texto con el propósito de amenazar y extorsionar a presidentes de junta de acción comunal, líderes sociales, defensores de derechos humanos y comerciantes pertenecientes a los municipios de San Miguel, corregimiento Puerto Colón; Orito, inspección de Siberia; Puerto Asís, corregimiento de Teteyé y Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica; y en Piamonte-Cauca.

Las personas que llaman se han identificado con los nombres de Manuel y Pedro, a veces no dicen su nombre, pero afirman ser integrantes de un grupo autodenominado FARC-EP, solicitan se les entregue medicamentos, municiones, dinero o ganado y de acceder o no, depende la seguridad de la vereda o de las familias.

Los números de los que provienen las amenazas, de los cuales llama la atención que coincidan para las llamadas en algunas ocasiones han coincidido con ser los mismos, se relacionan así: 3144822816, 3106306918, 3106301510.

Desaparición de lideresa

La comunidad de Valle del Guamuez en la inspección El Placer, reporta como desaparecida en extrañas circunstancias a la lideresa Deyanira Guerrero, desde el día 2 de mayo de 2018, quien es delegada al seguimiento institucional del Programa Familias en Acción, pertenece a la Asociación de Mujeres Víctimas Artesanas Innovadoras del Hoy para el Mañana (ASVIMARIN) y es integrante en el nivel departamental de Mujeres Tejedoras de Vida. Al momento no se sabe de su paradero según pronunciamiento de autoridades competentes.

Aparición de panfletos

En los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón y Valle del Guamuez, aparecieron entre el día 17 y 18 de abril de 2018, en los respectivos cascos urbanos un panfleto firmado por un grupo armado autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El panfleto amenazaba de muerte a varias personas y fijaba como plazo el 28 de abril para que las personas se fueran de la zona. Este panfleto obedece en su lenguaje al desastroso fenómeno conocido de “limpieza social”. Luego de este panfleto, desconociendo si hay alguna relación, se ha visto un incremento por algunos medios locales de la muerte violenta de jóvenes en los cascos urbanos.

Conflicto social y armado por presencia de grupos armados ilegales

En lo que va corrido de 2018, en el trayecto del río Piñuña desde su nacimiento en el municipio de Puerto Guzmán, atravesando la zona rural fronteriza de municipio de Puerto Asís hasta las inspecciones rurales del norte del municipio de Puerto Leguízamo se han presentado diferentes problemáticas sociales y ambientales originadas por la disputa armada por control de territorio, proveniente de economías ilegales como la minería de oro en río y el narcotráfico. Se han presentado enfrentamientos entre grupos armados ilegales y también enfrentamientos entre estos grupos ilegales y la Fuerza Pública. Algunos grupos ilegales se han autodenominado como disidencias de FARC-EP; se desconoce la pertenencia o identidad de los otros.

Es de resaltar que la población civil ha quedado en medio de este conflicto armado, confinada por largos periodos, en riesgos por minas antipersona y amenazadas por toques de queda. A lo largo y ancho del río Piñuña la población pertenece a comunidades ancestrales de pueblos indígenas como Murui, Siona, Nasa, entre otros, conviven un gran número de comunidades campesinas y afrodescendientes, todas sujetas de protección del DIH pues están organizadas en sindicatos y asociaciones agrarias.

Por otra parte, el mismo fenómeno de conflicto armado por grupos armados ilegales se ha presentado en la zona de frontera que comprende el río San Miguel y el río Putumayo; las comunidades rivereñas campesinas, indígenas y afrodescendientes han quedado en repetidas ocasiones en medio de infracciones al DIH, han vivido situaciones que pone en riesgo su movilidad, permanencia en el territorio y su integridad física y psicológica.

Señalamos que defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes que promovemos la labor de defensa de los derechos humanos, la implementación del Acuerdo De Paz y la solución pacífica y negociada de los conflictos, desde diferentes organizaciones, plataformas o mesas defensoras de derechos humanos que hacemos presencia en la región del Putumayo, Piamonte-Cauca y Cofanía Jardínes De Sucumbios De Ipiales, Nariño; aún no contamos con garantías reales y efectivas para ejercer nuestra actividad, garantías que requieren se mitigue en virtud de la prevención, la protección y la formación en derechos humanos los riesgos por estigmatización, amenaza, miedo o zozobra, efecto de la labor de denuncia y documentación. Recordamos que finalmente en los diferentes niveles institucionales o gubernamentales desde la sabiduría ancestral y popular somos la construcción conjunta de Estado.

Rechazamos cualquier acto de intimidación, zozobra y acto que quiera debilitar el tejido social que desde hace años ha construido la mesa regional de organizaciones sociales.

Rechazamos a cualquier actor armado en el territorio que busque continuar con la historia del conflicto armado y pase por encima de la solución política, pacífica y dialogada de los conflictos, poniendo a la población civil en el medio de intereses ajenos.

Red de Derechos Humanos de Putumayo
www.radiomacondo.fm

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