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Minería nueva actuación que profundiza los riesgos de Emberas y Afros

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El jueves 7 de octubre, hacia las 9:00 a.m. pobladores de las comunidades Embera de los ríos Jiguamiandó en Carmen del Darién, Chocó y Murindó Antioquia, en Bogotá manifestaron su preocupación por la reactivación de actuaciones empresariales que fragmentan a las comunidades, desconocen decisiones constitucionales y la existencia de dinámicas armadas que condicionan la operación privada.

El pasado miércoles 29 de septiembre en el centro urbano de Apartadó, directivos de la empresa Minera Cobre SAS, realizaron una reunión con más de 30 personas de comunidades de Murindó.

En dicho espacio estuvieron presentes Mónica Aranguren, coordinadora social, y Hamyr Eduardo González actual presidente de la empresa Minera Cobre SAS.

De acuerdo con algunos asistentes, la empresa reconoció que en dichos títulos existe orden de suspensión de cualquier actividad conforme a la sentencia T769/09 de la Corte Constitucional, en la práctica la reunión desconoció lo establecido en el fallo.

La empresa está realizando acercamientos con las comunidades de manera unilateral con poca transparencia como expresaron algunos Embera.

En esos acercamientos la empresa no ha entregado información clara, oportuna y transparente sobre impacto socio ambiental, los sitios de exploración y explotación, así como los materiales a extraer. La empresa se ha referido al cobre, omitiendo que el titulo minero contiene referencias claras a otros minerales y sus derivados como carbón, oro, plata, platino, cobalto, níquel y molibdeno.

La percepción comunitaria es que como en el pasado todo se realiza sin claridad y de espaldas al conjunto de la comunidad.

Las reuniones empresariales se realizan fuera de los territorios en los que las comunidades están sometidas a controles sociales territoriales de armados por la disputa entre FFMM y AGC contra la guerrilla del ELN.

En los Resguardos de Murindó y Chageradó se encuentran seis comunidades confinadas y tres desplazadas. En Jiguamiandó siete comunidades Embera se encuentran confinadas y tres desplazadas.

Como se recordará comunidades negras e indígenas de Jiguamiandó y Murindó están sometidas desde 2016 a nuevas dinámicas armadas contrainsurgentes e insurgentes y de control social estratégico en coincidencia con la definición de un uso del subsuelo para operaciones extractivas y agronegocios.

A pesar del llamado de las comunidades a un Acuerdo Humanitario Global que incluye a empresarios, el presidente Duque se ha negado a aceptarlo. (CartAbierta 18 – Seguimos creciendo en el Acuerdo Humanitario Global )

En Murindó en 2021, Plinio Dogarí Majore de 13 años de edad, de la comunidad de Islas, después de pisar la mina explosiva quedó lesionado y perdió la pierna derecha; Diego Bailarin Carupia, 26 años de edad, de la comunidad de Turriquitado Alto al pisar el artefacto explosivo quedó lesionado en la extremidad izquierda y perdió su pierna; Remilda Benitez Domico de 26 años, al pisar el artefacto explosivo murió instantáneamente, dejando siete niños. .

Al parecer, Hamyr Eduardo González fue representante legal de la empresa Exploraciones Chocó Colombia. Según informe de Forjando Futuros (Quienes se quedaron con la tierra) esta compañía se opuso al fallo de la sentencia 007 del 23 de septiembre de 2014, en donde el Tribunal Superior de Antioquia le ordenó restituir a Exploraciones Chocó Colombia S.A.S, Anglogold Ashanti Colombia S.A.S y Continental Gold Limited Sucursal Colombia 50.000 hectáreas al resguardo indígena Embera Katío del río Alto Andaguedá.

El desarrollo de estas actividades empresariales ha generado nueva zozobra a las comunidades que en2009 llevó al suicidio de algunas niñas y mujeres, la fragmentación comunitaria por los medios corruptos de la empresa Muriel Mining Corporation y la militarización que le acompañó.

La empresa de hoy, la Minera Cobre SAS fue constituida en 2015, y hace parte de la empresa canadiense MCC Mining Corpration. Esta compañía pocas semanas después de su creación realizó un acuerdo con la empresa Muriel Mining para la cesión de títulos mineros ubicados en Carmen del Darién y Murindó.

El Estado colombiano es responsable de garantizar de manera integral los derechos de las comunidades étnico-territoriales, suspendiendo estos acercamientos empresariales que desconocen la violencia armada persistente y principios básicos de acercamiento y garantía de diálogo.

La empresa y el gobierno nacional desconocen los criterios establecidos en la Sentencia T769/09, en relación a la suspensión de licencias de exploración o explotación hasta que se culminen estudios ambientales integrales y de fondo sobre el impacto ambiental que tal desarrollo pueda generar y se haya difundido ampliamente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes.
De igual manera reconoció el derecho a consulta y consentimiento previo libre e informado de las comunidades autóctonas y los derechos a la existencia, autonomía, integridad, e identidad cultural y social de las comunidades y la realización

La empresa Minera Cobre debe por lo menos asumir con transparencia, los débiles principios voluntarios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y las decisiones de la Corte Constitucional.

 

Bogotá D.C,. 7 Octubre de 2021

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
www.radiomacondo.fm

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