Los ataques a la JEP son ataques contra la paz y la reconciliación
Iván Duque no ha podido o no le conviene dar soluciones efectivas a la actual crisis social, económica, política, humanitaria y sanitaria que afecta al país.
La ciudadanía tiene conciencia de esta incompetencia o falta de voluntad, por esta razón descalifica el desempeño del gobierno, como lo muestra la última encuesta que revela un aumento de desaprobación de la gestión presidencial que ya llega al 61 por ciento, lo cual acusa un gobierno fallido.
Las constantes apariciones televisivas del presidente Duque con su discurso vacuo, no tienen otro objetivo que distraer a la opinión pública, para tratar de ocultar su ineficacia o complicidad con tantos desafueros y violencia que vive el país. Como si fuera poco ha implementado una campaña bien diseñada para desprestigiar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), amén del intento de su debilitamiento negándole los recursos financieros que el Acuerdo de Paz y la Constitución le exigen.
Es claro el mensaje del presidente en el reciente Encuentro Internacional de Justicia Transicional, en el cual manifiesta que “el Estado colombiano ratifica su compromiso constitucional con la paz y con la justicia genuina, que están ligadas a una verdad comprobada, no a una verdad parcial, amañada o inverosímil”.
Calificar de esta manera el trabajo que está desempeñando la JEP, al llamarla una supuesta impunidad y falsa verdad, implica una acusación a los firmantes de la Paz con lo cual los estigmatizan y puede servir de justificación de masacres, asesinatos selectivos, amenazas a los exguerrilleros y exguerrilleras comprometidos con el proceso de reincorporación. Además, expresa una clara interferencia del ejecutivo, que viola la autonomía de la Rama Judicial.
De igual manera, el gobierno insiste en manifestar que “no hay cabida para los miembros de las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, máxime cuando ellos pueden someterse a la justicia bajo otros presupuestos normativos”. Duque no acepta la autonomía institucional que tiene la JEP cuando es ella quien define a quién escucha y a quién rechaza.
Por eso el Centro Democrático se propone reformar la JEP, para evitar que Mancuso declare ante esta institución y ratifique las denuncias sobre las relaciones entre Álvaro Uribe y los paramilitares cuando fue gobernador y durante su ejercicio presidencial. Otro tanto podría ocurrir con la comparecencia de paramilitares que conocen a políticos y empresarios que apoyaron y utilizaron la violencia paramilitar para obtener beneficios políticos-electorales unos, y los otros posicionamientos empresariales de los cuales derivaban pingües ganancias.
Los otros cambios que propone Álvaro Uribe implican al aparato judicial, en especial a las Altas Cortes y a la Fiscalía, la cual aparte de su ineficacia, mantiene una cuota de impunidad destinada a favorecer a los corruptos y desfalcadores del erario afectos al ejecutivo nacional. La Fiscalía se ha convertido en un instrumento de la Presidencia distribuidora de absoluciones para los militantes y amigos del régimen, que ha permitido la impunidad constante y la indiferencia o la ineptitud para investigar las masacres y asesinatos de líderes sociales, hombres y mujeres y defensores de Derechos Humanos. Aparte de los 236 reinsertados de la FARC asesinados, aunque el Estado se comprometió a defenderlos según lo estipulado en el Acuerdo de la Paz.
Los ataques a la JEP buscan estigmatizar a una institución del Estado que está cumpliendo funciones primordiales como son la paz y la reconciliación. Además, tiene unos objetivos esenciales: procurar la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de lo acontecido en el conflicto social armado colombiano.
Es preciso tener claro que existe una línea de expresión y de conducta del gobierno y el uribismo en un momento pre electoral, cuando el partido de gobierno utiliza a la senadora Milla Romero para presentar un proyecto derogatorio de la JEP. A esto se suma el anunciado referendo de Uribe que busca la reforma al poder judicial, con lo cual se demuestra que existe una estrategia del uribismo para impedir que aflore la verdad sobre el conflicto armado.
¿Por qué el Centro Democrático le teme tanto a la verdad?
Los asesinatos de hombres y mujeres, incluidos reinsertados, imponen fortalecer el movimiento nacional por la paz y la verdad, para detener a quienes hacen de la muerte y la guerra su estrategia política para mantenerse en el poder. Por esa razón, la Peregrinación por la Vida y la Paz debe concitar el apoyo masivo de toda la ciudadanía defensores del Acuerdo de Paz. Afortunadamente en este propósito nos acompañan y apoyan la ONU, la Unión Europea, Cuba y Noruega como garantes del Acuerdo de Paz. Este apoyo ayuda a garantizar un porvenir de tranquilidad y de progreso para el pueblo colombiano.
Adendum:
A propósito de la gestión de la magistrada Patricia Linares Defendamos la Paz emitió el siguiente
comunicado:
El movimiento Defendamos la Paz agradeció la gestión de Patricia Linares como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y saludó la elección del destacado jurista Eduardo Cifuentes en ese mismo cargo.
La magistrada Linares es la primera mujer que ha presidido un tribunal de justicia transicional en el mundo. Al culminar su período al frente de la dirección de la JEP, Defendamos la Paz reconoce su liderazgo en la construcción de una institución de justicia transicional inédita en el planeta, exalta su incansable labor para el cumplimiento de los deberes estatales con los derechos de las víctimas, y su inmensa contribución a la implementación del Acuerdo de Paz.
A pesar de toda clase de ataques e intentos por socavar la legitimidad de la JEP y de ataques personales en su contra, la magistrada Linares con serenidad y estricto apego a la Constitución ha sabido conducir esa nueva institución para ponerla al servicio de las víctimas, los postulados y la sociedad colombiana.
Los mensajes que diversas instancias de la comunidad internacional han enviado subrayando el significado de la JEP para el mundo, demuestran el fruto de ese meritorio esfuerzo. En sus cortos tres años de vida, la JEP ha aceptado el sometimiento de 12.617 personas, sus magistrados y magistradas han abierto hasta ahora siete macrocasos que abarcan algunos de los hechos más cruentos perpetrados en el conflicto armado, ha acreditado a 308.000 víctimas, y se apresta a dictar en tiempo récord sus primeras sentencias.
Estos innegables resultados son los mejores argumentos para afirmar que, a cuatro años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, es inconstitucional seguir buscando acabar o reformar esta jurisdicción.
Al mismo tiempo, Defendamos la Paz confía en que el nuevo presidente de la JEP seguirá consolidando esta tarea, y hace suyo el llamado que él ha formulado para fortalecer “un movimiento ético y espiritual por la paz, que se renueve todos los días para tener nación y derechos”.
5 de noviembre de 2020
Fuente: Semanario Voz
www.radiomacondo.fm