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«Lo que buscamos es estabilidad laboral»: Trabajadores de Drummond

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El 2013 no ha sido un año bueno para la industria carbonífera en Colombia. Primero, en pleno primer trimestre, la huelga en el Cerrejón, provocada por exigencias salariales de los empleados, hizo que las ventas y exportaciones sufrieran y, en la misma ruta, que el Producto Interno Bruto del país no creciera tanto como se esperaba. Luego, por cuenta de un error operativo de la multinacional Drummond, un derrame del mineral en aguas del Caribe pasó la segunda cuenta de cobro al negocio y, de paso, al medio ambiente. Y ahora, para sumar, a esta última empresa sus trabajadores le tienen lista una huelga que pondría a tambalear nuevamente los ingresos que tiene el país por este renglón exportador.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), durante el primer trimestre de 2013 el volumen de regalías que recibió el país fue menor en 50%, debido a la falta de actividad en el Cerrejón y a la falla de Drummond, la misma compañía catalogada como el segundo productor de carbón del país, con 26 millones de toneladas al año aproximadamente. De parar, no sólo los ingresos de la organización se verían afectados. Nuevamente los recursos que recibe el país estarían marcados a la baja.

Édgar Muñoz, vicepresidente de Sintramienergética, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética, dejó claro que aún no se tiene una hora cero definida en la que pararían sus actividades. Pero de acuerdo con la legislación laboral colombiana, una vez votada la huelga, y eso fue el pasado miércoles, se contarán 10 días para el freno de actividades. Así, la huelga sería el próximo domingo. “Estamos intentando una forma de acercamiento con la intermediación del viceministro de Relaciones Laborales, José Noé Ríos. Si eso se rompe, la huelga es inminente. Hay que darle al Gobierno la oportunidad de negociar”.

El sindicalista advirtió que su más fuerte insistencia se basa en el futuro de “los 400 trabajadores que quedarán sin empleo cuando entre el cargue directo. Además, que no nos sigan pagando por hora sino con un salario mensual. Sólo pedimos que en seguridad industrial existan nueva medidas porque hay muchos trabajadores lisiados y otros muertos. En el tema económico estamos dispuestos a negociarlo, si nos arreglan estos puntuales. Lo que buscamos es estabilidad laboral”.

La empresa informó desde el fin de semana, en un comunicado de prensa, que “reitera su respeto al derecho de asociación sindical, de negociación colectiva y de ejercer la huelga legal, sin embargo, lamenta esta decisión por los serios efectos que se originarían si se hace efectiva”. Y agregó: “La huelga suspende los contratos de trabajo. Se descuenta el tiempo que dure la suspensión al liquidar cesantías y vacaciones. También suspende los contratos de aprendizaje”.

Los empleados no reciben pagos, se suspenden las vacaciones y todos los beneficios, incluyendo la póliza de hospitalización y cirugía. También recordaron que “en una huelga pierden todos, pues como se ha señalado, los trabajadores dejan de percibir sus salarios y demás beneficios, la empresa debe suspender operaciones y las comunidades, la región y el país dejan de recibir las regalías y demás beneficios que genera el proyecto”.

De acuerdo con el líder sindical, con la entrada en huelga se verán afectados unos 15.000 trabajadores, sin contar con la operación de la zona y las personas que viven de los arriendos, las comidas y la ropa. Y recordó que la producción ha estado normal. “Incluso en estos dos últimos meses ha aumentado porque la empresa compró y arrendó más maquinaria para poder aumentar la producción. Eso demuestra que hay trabajadores dispuestos a un arreglo sin parar la producción. Nosotros tenemos la voluntad”.

Al corte del 20 de julio, de acuerdo con la Drummond, las pérdidas totales diarias por una parálisis en la operación serían de $4.298 millones, $2.258 millones por regalías, $1.834 millones por impuestos y $206 millones por la participación de la ANI en la tarifa férrea.

Fuente : El Espectador

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