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La consulta previa como herramienta de protección a los derechos de las comunidades campesinas en Colombia

La consulta previa como herramienta de protección a los derechos de las comunidades campesinas en Colombia - campesino-4_1_-2

Foto: Bibiana Ramírez – APR.

¿Es posible que las comunidades campesinas en Colombia, puedan ser sujetos de aplicación de la Consulta previa para la protección de sus derechos?

Colombia, como muchos de los países latinoamericanos nace de un desarrollo netamente agrícola de mano de obra campesina, mucho antes de pensar en la formación de las grandes urbes hoy existentes y de los diferentes medios de producción actuales, el primero de todos en gestarse y propulsar la vida como la conocemos, fue la labor del campesinado a través del labrado de la tierra y su relación estrecha con el campo que aún perdura.

El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el campesinado que a través de los años ha mantenido una ardua disputa por el reconocimiento de sus derechos e identidad como colectividad, por la falta de protección jurídica e intervención estatal.

En Colombia, la consulta previa surge mediante la ratificación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, el cual fue aprobado a través de la Ley 21 de 1991, pero solo hasta el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia SU-039 de 1997 se le atribuye el estatus de derecho fundamental, esta figura puede ser entendida como un mecanismo y derecho fundamental, que tienen los grupos étnicos, para decidir previamente sobre la ejecución de algún proyecto, garantizando su derecho a la participación en la toma de decisiones legislativas o administrativas a implementarse por parte del Estado de las cuales puedan verse afectados y principalmente buscando proteger su integridad étnica, cultural, social, económica y territorial.

Aunque el campesinado no se considere actualmente un grupo étnico, las comunidades afrodescendientes tampoco lo son y sin embargo son beneficiarios de esta herramienta, por lo tanto no es una palabra que deba entenderse como limitante para que otras comunidades no étnicas puedan acceder a ser sujetos de aplicación de la consulta previa.

Llegados a este punto, es pertinente dilucidar si el campesinado en Colombia cumple con los criterios establecidos en el Convenio 169 de la OIT, teniendo en cuenta, su estilo de vida propio, sus condiciones económicas, culturales, organización social, así como sus tradiciones, y sí se distinguen del grupo social mayoritario.

El primer criterio se puede determinar con base al numeral 1 del artículo 1, literal A, el cual se refiere a:

“La aplicación del convenio para aquellos pueblos tribales en países independientes, que tengan ciertas condiciones sociales, culturales y económicas que les distingan de otros sectores, así mismo establece que estén regidos en su totalidad o en parte, ya sea por una legislación especial, o por sus propias costumbres y tradiciones.” (Organizacion Internacional del Trabajo, 1991)

Para el caso del campesinado y respecto del criterio anterior, sus condiciones sociales, culturales y económicas, son evidentemente distintas a los demás sectores de la población. Si se analizan los aspectos tanto históricos, como los que definen su naturaleza jurídica se puede constatar que socialmente estos se han constituido desde sus inicios en movimientos y organizaciones orientadas a promover la creación de leyes y políticas públicas para el reconocimiento de su identidad campesina y de sus derechos como colectividad, toda vez, que han sido segregados socialmente a raíz del conflicto armado interno del país, que ha dejado como consecuencia la mala distribución de las tierras productivas, pobreza y la falta de oportunidades para la comunidad campesina.

En sentencia T-763/ 2012 la Corte establece la importancia del reconocimiento de la cultura campesina del país, teniendo en cuenta su forma de vida culturalmente diferenciada, dándole a la comunidad campesina un sustento jurídico donde se evidencia que su cultura se distingue de los demás grupos de la población. El campesino en el aspecto cultural ha estado en busca del reconocimiento de su identidad campesina más allá de ser vistos solo como trabajadores agrarios que impulsan el desarrollo económico del país, teniendo en cuenta sus tradiciones y costumbres, música, artesanías, creencias, la relación intrínseca con la tierra, la flora y fauna silvestre, sus métodos herbolarios para la curación, y la manera de vivir que los diferencian de los demás sectores. (Corte Constitucional, 2012)

Y por último tenemos el criterio económico, donde resalta la relación que existe entre el campesino y la naturaleza, quien no solo se centra en la explotación agrícola del suelo sino que mediante la realización de su trabajo emplea la conservación y manejo de la biodiversidad, para la producción de alimentos de consumo propio y comercialización, así mismo el campesino se desempeña como recolector, cultivador, pescador, criador de animales y cazador.

Ahora bien, en el artículo 1 en su numeral 2, expone la existencia de un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se le aplica el presente Convenio, siendo este criterio “la conciencia de su identidad indígena o tribal”. (Organizacion Internacional del Trabajo, 1991)

Según el criterio fundamental (artículo 1 en su numeral 2) dado por el Convenio, la comunidad campesina es consciente de su identidad, y ésta no solo debe verse reflejada en sus tradiciones y costumbres distintas, sino en la voluntad de preservar su colectividad y la búsqueda de su reconocimiento por parte del Estado a través de una normatividad especial que los cobije. A pesar que la comunidad campesina tiene una conciencia de su identidad, ésta no es considerada por ellos ni indígena ni tribal. Sin embargo, para que los afrocolombianos pudieran ser sujetos de aplicación de la consulta previa según el Convenio 169 de la OIT, fue preciso que ingresaran mediante el término tribal que según la Corte Constitucional en sentencia C-169 de 2001 no puede entenderse en el sentido restringido de una “tribu”, siendo apropiado darle una interpretación en sentido amplio y lo define como “grupos sociales que comparten una identidad cultural distinta a la de la sociedad dominante” bajo este concepto y con base a esa cultura diferenciada del campesinado, también cumplirían con este criterio.

En Colombia la consulta previa al campesinado no es una figura existente dentro del ordenamiento jurídico, no obstante, existen providencias donde la Corte Constitucional ha reconocido y protegido el derecho a la participación a comunidades no étnicas teniendo en cuenta las decisiones a implementarse que les afectan, en conjunto con la consulta previa a comunidades étnicamente diferenciadas.

Dentro de las sentencias más relevantes, se encuentra la SU133/17 que decide amparar el derecho fundamental de los habitantes del municipio de Marmato y el de los mineros tradicionales a participar en el proceso mediante el cual se identificarían los impactos y acordaría la adopción de las medidas encaminadas a salvaguardar su derecho a ejecutar labores de exploración y explotación minera el cual les fue concedido históricamente, teniendo en cuenta la dependencia económica de los pobladores a esta actividad y así mismo el impacto ambiental, social, cultural y demás, que supondría un proyecto minero de gran escala a cielo abierto, por la compañía Gran Colombia Gold dueña de los títulos mineros para explotar la parte alta del cerro, así mismo ampara el derecho fundamental de la comunidad indígena Cartama y de las comunidades negras asentadas en Marmato a ser consultadas, de manera previa, libre e informada sobre el mismo asunto. (Corte Constitucional, 2017)

La Corte Constitucional, plantea el derecho de comunidades, sin una identidad étnica diversa, a ser sujetos de participación en la definición de proyectos mineros de los cuales puedan verse afectados o menoscabados precisando que, en ese “escenario particularísimo”, contra la Agencia Nacional de Minería y contra la compañía Minerales Andinos de Occidente, “la autorización de las cesiones cuestionadas en el caso concreto debió someterse a espacios de participación y consulta previa con los habitantes de Marmato, con sus mineros tradicionales y con las comunidades étnicamente diferenciadas que habitan el municipio.” (Prospectiva en Justicia y Desarrollo, 2017)

La Corte entre otras cosas ha reiterado la necesidad de garantizar espacios de participación que permitan que los ciudadanos aunque no reivindiquen una titularidad étnicamente diversa y las comunidades étnicamente diferenciadas (estas últimas, por vía de la consulta previa) accedan a información sobre las repercusiones ambientales, sociales y culturales de los proyectos y así mismo puedan pronunciarse sobre estas.

Las sentencia SU133/17, anteriormente referenciada no solo inicia la discusión sobre la posibilidad de que comunidades que no sean étnicamente diferenciadas tengan derecho a la consulta previa, si no que genera un precedente donde puede verse claramente ampliado el campo de aplicación y participación a comunidades como la campesina que puedan verse impactadas ante la puesta en marcha de proyectos, obras y demás actividades que les afecten en colectividad.

No obstante, para dar respuesta al interrogante que planteamos al inicio ¿Es posible proteger, por medio de la Consulta previa los derechos a comunidades campesinas en Colombia? la respuesta es NO, no es posible de manera formal ya que no se ha desarrollado un compendio normativo que abarque o mencione a las comunidades campesinas como sujetos de aplicación de la consulta previa, sin embargo, materialmente es posible debido a los pronunciamientos dados por la corte constitucional, donde a través del derecho constitucional a la participación, comunidades no étnicas han sido consultadas previamente ante medidas que pueden afectarles y en concreto se hace mención a la sentencia SU- 133 de 2017 donde se manifiesta que “los grupos que no son culturalmente diferenciados (campesinos-mineros) no tienen acceso vinculante a procesos formales de Consulta Previa ya que los titulares de la misma son los pueblos indígenas y tribales”.

Sin embargo, los grupos considerados no culturalmente diferenciados en razón al derecho constitucional de participación, tienen derecho a ser informados sobre los efectos que puede ocasionar un proyecto o una iniciativa, lo que los hace beneficiarios de la consulta previa de forma material a través de su derecho a la participación activa y eficaz en la decisión de medidas que puedan afectarles.

Es preciso que el Estado Colombiano tenga en cuenta las características del campesinado, los pronunciamientos dados por la Corte en materia de consulta previa y como fundamento principal los criterios establecidos por el Convenio 169 de la OIT para establecer que esta comunidad es sujeto de aplicación de la consulta, y de ser necesario adopte las medidas legislativas que permitan su implementación.

En Colombia no se contempla al campesinado como una comunidad, indígena, tribal o étnica, que le permita acceder como sujeto de aplicación de la consulta previa; y por ello el campesinado solo podría ingresar una vez se adopte y se desarrolle ampliamente una legislación que los defina, y ampare constitucional y legalmente, que permita el reconocimiento del campesinado como colectividad estableciendo el compendio de derechos de los cuales deben ser beneficiarios en razón de su importancia y vulneración histórica.

La aplicación de la consulta previa para el campesinado en Colombia, sería una herramienta jurídica de gran importancia para la creación de espacios de concertación entre el Estado y las comunidades campesinas, en pro a la transparencia de los proyectos y obras destinados a implementarse en sus territorios, garantizando su participación y su derecho a intervenir activamente en las decisiones que se tomen sin que tengan que tramitar por otras vías sus peticiones, permitiendo que sus ideas y opiniones sean escuchadas, valoradas y principalmente buscando salvaguardar su integridad cultural, económica y social, como colectividad que reviste de gran valor histórico en nuestro país.

 

Por Kely Delgado Trillos, Lizzye Vergara Llanos
Fuente Prensa Rural
www.radiomacondo.fm

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