Informe paralelo sobre los mecanismos de participación ciudadana en Colombia

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Introducción

Las comunidades de Colombia están convocando, acudiendo y utilizando las Consultas Populares, como mecanismos de participación directa y como herramienta para defender sus derechos económicos, sociales y culturales.

De igual manera los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y ROM, utilizan la Consulta Previa, Libre e Informada -establecida en el convenio 169 de la OIT- cuando proyectos de inversión se desarrollan en sus territorios.

El Estado colombiano se niega de manera sistemática a reconocer la voluntad expresada por las comunidades y los resultados obtenidos en estas consultas, cuando estos se oponen a la realización de proyectos dentro de sus territorios; estas consultas se realizan de manera democrática y están ajustados a la normatividad constitucional y legal colombiana.

Solicitamos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, prestar atención a esta particular situación que puede afectar la democracia, violar el marco legal y Constitucional, como también incrementar y profundizar los conflictos sociales y ambientales en
Colombia.

Quienes somos

Este informe paralelo es presentado por comunidades y organizaciones locales de Colombia que a través de Comités Ambientales municipales han logrado la realización de consultas populares para decidir si se realizan o no proyectos de inversión minero – energéticos en sus territorios.

También el informe es acompañado por organizaciones internacionales de derechos humanos que promueven la democracia, la participación ciudadana y la defensa y protección de los derechos humanos.

Antecedentes

En 2016 el profesor de la Universidad del Valle en Colombia, Mario Alejandro Pérez-Rincón, miembro del Instituto CINARA, escribió un informe titulado “Caracterizando las injusticias ambientales en Colombia: Estudio para 115 casos de conflictos socio-ambientales”.

En este informe se registran una serie de conflictos sociales en la implementación de proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos, generados por la falta de consulta con las comunidades. Estos conflictos han terminado en desplazamientos individuales y masivos de poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas; amenazas de muerte y asesinatos de dirigentes que se oponen a estos proyectos; persecución y
judicialización de dirigentes ambientales y sociales, etc.