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Informe, desde la firma de los acuerdos de paz sigue la barbarie Van 971 líderes sociales asesinados

Informe, desde la firma de los acuerdos de paz sigue la barbarie Van 971 líderes sociales asesinados - lideres_sociales_11

El día de hoy el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz Indepaz y las organizaciones sociales Marcha patriótica y la Cumbre agraria campesina étnica y popular, presentaron el informe especial sobre el asesinato de líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El periodo de análisis se abordó desde noviembre del 2016 hasta Julio de 2020.

Este informe hace un seguimiento de las diferentes personas asesinadas, que desarrollando actividades de liderazgo comunitario en el movimiento cívico, el activismo Lgtbi, ambientalistas, líderes afros e indígenas, familiares y excombatientes de FARC, han sido asesinados durante este periodo. El trabajo realizado hasta el día 14 de julio del año 2020, establece que 970 personas líderes y defensores de los derechos humanos, han sido asesinados en este período. El dirigente de Marcha patriótica Cristian Delgado, Indicó que este informe desarrolla una metodología donde el trabajo de campo, que recoge la información de los territorios, está articulado a la dinámica de presencia de las organizaciones sociales y que por lo tanto logra establecer un criterio metodológico para establecer esta cifra a partir del reconocimiento a las personas consideradas como líderes sociales, ciudadanos que están desplegando un trabajo en clave de la defensa de derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales, y que no sólo se trata de personas articuladas alguna organización en particular o activistas sociales, sino individuos que están impulsando diferentes actividades de trabajo de visibilización de los problemas de sus comunidades, persona que han sido víctimas de esta dinámica criminal del homicidio.

El ex ministro y defensor de los derechos humanos, Camilo González de Indepaz, presentó los hallazgos de este informe, donde destaca la presencia en todo el territorio nacional de hombres y mujeres de la Cumbre nacional agraria. Este aspecto garantiza consolidar unas cifras que se diferencian a los indicadores que han establecido organismos e instituciones como la fiscalía, o la misma las Naciones Unidas, ya que son registros parciales y no logran ubicar la gravedad de la situación en los territorios.

Este trabajo establece patrones criminales, dijo González, donde se puede ubicar un fenómeno de sistematicidad en los crímenes que se desarrollan contra los liderazgos sociales en las regiones, diferenciando de esa idea de que son situaciones parciales, o situaciones de banalización sobre la realidad y la gravedad del tema de los asesinatos de líderes sociales. El propósito de este informe, insistió el exministro y defensor de los DDHH, es precisamente detener esta situación y todas las agresiones contra las comunidades, que además se articulan con amenazas, desplazamientos forzados y que por lo tanto no se puede invisibilizar el fenómeno en tanto es una realidad permanente en las regiones, donde los objetos de la agresión son población campesina, indígena afro, que denota también un componente donde se establece que la tercera parte estos asesinatos, son líderes de la Cumbre agraria y hay un porcentaje elevado de miembros de la Marcha patriótica, y por supuesto un tema que preocupa profundamente, indico, es la alarmante cifra de 220 excombatientes firmantes de La Paz asesinados en este periodo, lo cual evidencia que no es un tema local sino que se está presentando en todo el país y se constituye en un accionar dirigido para golpear el acuerdo de paz.

El informe indicó que a pesar de que ha habido una disminución evidente de las acciones de violaciones a los derechos humanos y el DIH después de los acuerdos de paz, hay un desarrollo preocupante en tanto el desplazamiento forzado, donde ya hay unas lógicas que demuestran una dinámica de violencia política, donde hay un común denominador donde se ataca comunidades que defienden el territorio, en un accionar contra el empoderamiento social que se desató después de los acuerdos de paz, por supuesto también existen expresiones de fuerzas asociadas con los con las economías ilícitas que aspiran a tener un control territorial, y por lo tanto ven como un enemigo estratégico el papel de las organizaciones sociales en el territorio, esto permite ubicar intereses que a partir de la violencia, puedan construir condiciones para imponer megaproyectos en diferentes regiones, poniendo en riesgo la vida comunitaria y el medio ambiente. Según Camilo González, el gobierno sigue considerando que la guerra tiene mismo patrón que existía antes de los acuerdos, y se mantiene una lógica de implementación de la confrontación a partir de un modelo contrainsurgente, qué es una estrategia donde se pretende copar los territorios con la militarización, situación que pone en elevado riesgo la vida de las comunidades, y por supuesto de sus referentes y liderazgos, sin entender que hay que garantizar mecanismos para una transición hacia la paz completa en las diferentes regiones, donde esa doctrina nueva, de las zonas integrales de intervención o zonas futuro, es una metodología de guerra que deteriora los tejidos sociales y que tiene impactos irreversibles en la vida de las comunidades.

Las llamadas zonas futuro se implementan en regiones donde esta estrategia de guerra ha generado mayores problemas, es allí donde hay más líderes y lideresas asesinados, permanentes fenómenos de desplazamiento y violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. El informe contribuye para entender que lo que se requiere es una acción de autoprotección de las comunidades, inversión por parte del Estado, en contravía de las lógicas de copamiento militar de los territorios como único mecanismo para garantizar la defensa y la vida de los líderes y lideresas.

Cristian Delgado de Marcha patriótica, hizo referencia a que en la última etapa se vive un recrudecimiento y agudización de la presencia paramilitar, y establece también un escenario muy preocupante en tanto el asesinato de siete campesinos en el marco de operaciones de erradicación forzada, dónde narró la manera como las fuerzas militares agreden de forma violenta al campesinado que defiende su única alternativa económica en la región, mientras el estado no ha garantizado el cumplimiento de los acuerdos, como el Programa nacional integral de sustitución de cultivos Pnis, y esto se constituye, recalcó, en un tema muy complejo en diferentes regiones, que está íntimamente articulado a toda la dimensión de agresión contra líderes y lideresas. Fabián Laverde del Congreso de los pueblos, planteó la importancia de desarrollar acciones integrales de autoprotección y autocuidado, frente a estas agresiones sistemáticas donde se debe establecer como un espacio clave, la incidencia y denuncia a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en los territorios, buscando garantizar un nivel de presión al gobierno nacional en clave de garantizar el respeto a la vida y los derechos de los hombres y mujeres en las regiones. Fabián establece como una preocupación, el tema de la nueva lógica de judicialización y persecución a dirigentes sociales, precisamente en las regiones donde había una arremetida contra el movimiento social, implementando procesos penales, donde la fiscalía juega un papel determinante y contradictorio, ya que no hay ninguna celeridad en la investigación sobre los asesinatos de líderes y lideresas sociales, y sí en los procesos dirigidos a la judicialización de dirigentes sociales en diferentes regiones, por eso hiciste en el papel de la comunidad internacional y las organizaciones del mundo solidarias con la situación en Colombia, para lograr visibilizar la situación que se está viviendo en el país y establecer mecanismos de presión para impedir la agresión contra líderes sociales.

En el presentación del informe se insistió en que la mesa social de garantías, asuma su papel de seguimiento y de actuación frente a la situación que se está presentando en las regiones, no puede ser solamente un espacio de reuniones donde se actúe casi de forma notarial para registrar el fenómeno, y donde no hayan decisiones precisas para garantizar la seguridad de las comunidades. Debe haber una audiencia internacional donde participe entre otros, la bancada demócrata de los Estados Unidos, y dónde haya presencia de organismos multilaterales, esto en clave de las últimas declaraciones del Congreso norteamericano, que es el corazón de donde se están definiendo partidas de inmensos recursos de partidas dirigidas a las fuerzas militares, y se ha planteado que ésta inversión debe estar articulada a a la defensa de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. De igual manera la presencia del Consejo seguridad las Naciones Unidas es fundamental en el seguimiento de esta situación, Camilo González reafirma que los acuerdos de paz son la herramienta y el pacto político que la misma comunidad internacional reconoce, ya que garantizan el desescalamiento de la violencia y la protección de las comunidades, también considera que el nombramiento de la senadora Sandra Ramírez como segunda vicepresidenta del senado, evidencia que la paz sigue siendo un eje central de la acción política en Colombia, y que debe reflejarse en mecanismos efectivos para proteger la vida y la integridad de las comunidades, donde se debe entender que los excombatientes no son la continuidad de la guerra, y que por lo tanto se debe respetar su vida. Hizo un llamado para que el congreso asuma la bandera firmar un pacto nacional, donde se supere los discursos de odio, y que sea un pacto que tenga una fuerza real que convoque a la sociedad colombiana a la sensibilidad contra los asesinatos, la estigmatización y el reconocimiento los liderazgos de las organizaciones sociales. Es evidente una matanza continuada contra los líderes sociales, tal cual lo señaló el arzobispo de Cali, una venganza genocida, cuando más de la tercera parte de los asesinatos son dirigidos contra organizaciones como la Marcha patriótica y la Cumbre agraria, en la presentación del informe se hizo mención el llamamiento de las Naciones Unidas, en tanto la importancia de garantizar un cese al fuego para posibilitar el cese de hostilidades, que no es una exigencia de abrir mesas de negociación, si no un tema de solidaridad humana y de respeto humanitario, en una etapa tan compleja como la que está viviendo el mundo en tiempos de pandemia, la exigencia de parar cualquier tipo hostilidad tanto por parte del Estado como de los grupos armados es fundamental, es el momento de la solidaridad ,insistieron en esta rueda de prensa las diferentes organizaciones sociales que participaron en la elaboración del contundente informe.

Son escalofriantes las cifras que registra este trabajo, de hecho después del cierre de la investigación sigue subiendo el número de asesinados, pero a pesar de evidenciar un drama humano, es un esfuerzo que busca darle voz a los territorios y sus comunidades, para que ojala la sociedad colombiana, el mundo y ante todo el Estado, no sean indiferentes a este drama que padecen las regiones castigadas inmisericordemente con la guerra, pero que luchan día a día contra la barbarie y el olvido.

 

Ver informe completo aquí

 

Fuente: Agencia Prensa Rural
www.radiomacondo.fm

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