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Frente a la creciente violencia en el Norte de Santander Proponen alianza por la paz y la vida

Frente a la creciente violencia en el Norte de Santander Proponen alianza por la paz y la vida - norte_2

El manejo que Iván Duque ha dado a la pandemia del Covid-19 ha sido nefasto, su incapacidad de brindar una atención oportuna a los más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas, proteger la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, y las masacres que se han perpetrado, las cuales han dejado varias decenas de muertos, han sido constantes en su administración.

El aumento de la violencia tiene varios factores de los cuales en el que el principal es la poca voluntad política del gobierno de Iván Duque para la implementación del Acuerdo de Paz, y su constante incumplimiento con los municipios priorizados, en donde sus comunidades sufren el aumento de la confrontación bélica por la disputa territorial de los grupos armados ilegales y legales por las zonas que eran controladas por las antiguas FARC-EP.

La violencia va en aumento

Según las cifras oficiales, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el 28 de enero de 2021: han sido asesinados trescientos tres (303) líderes y lideresas sociales y doscientos cincuenta (250) firmantes del Acuerdo de Paz; de estas, ciento ochenta y siete (187) y doscientos cincuenta (250) respectivamente en el gobierno Duque. Además de lo anterior, desde el 1 de enero de 2020 hasta 28 de enero de 2021 se han registrado noventa seis (96) masacres, en las cuales han perdido la vida trescientas cincuenta y cuatro
(354) personas.

Política de seguridad militarista

La perspectiva integral de seguridad trazada en el Acuerdo que buscaba alternativas para el desmantelamiento de estructuras criminales desde un enfoque territorial y comunitario; esta fue reemplazada por una visión militarista de la seguridad (que ya se había experimentado durante los gobiernos de Álvaro Uribe con la seguridad democrática), caracterizada, entre otras, por el despliegue de Fuerzas Militares en las zonas de mayor conflictividad del país sin acompañamiento integral de las instituciones del Estado.
Desde el inicio del mandato del Duque, las Fuerzas Militares han sido cuestionadas por reiterados abusos en contra de las comunidades, como lo demuestra las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario

comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, General Diego Villegas, en donde afirmaba: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con Los Pelusos, nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”.

A esto se suman, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, como es el caso de los miembros de la Fuerza de Tarea del Ejército que opera en la subregión del Catatumbo que en abril de 2019 en la vereda Campo Alegre del municipio de Convención desaparecieron, torturaron y asesinaron al firmante de Paz Dimar Torres, caso conocido públicamente por la comunidad quienes grabaron el momento en que soldados pretendían enterrar el cuerpo en una fosa común. Los asesinatos de Alejandro Carvajal el 26 de marzo de 2020 en la vereda Santa Teresita del municipio de Sardinata, y Emérito Buendía el día 18 de mayo de 2020 en la vereda Tutumito de San José de Cúcuta, en un proceso de erradicación manual, donde las comunidades denunciaron que el Ejército Nacional los amenazó en varias oportunidades con abrir fuego a las personas que se oponen a las erradicaciones forzadas.

También, fue denunciada la violación sexual de una menor de edad indígena Emberá por parte de un grupo de soldados del Ejército Nacional que develó una práctica reiterativa de algunos miembros de la institución en distintos territorios del país. La presión mediática sobre esta grave situación obligó al nuevo comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, informar ante la opinión pública que están en investigación ciento dieciocho (118) casos de presunto abuso sexual por parte de miembros del Ejército Nacional.

Debilitamiento de la institucionalidad

El Estado debe garantizar la vida, por lo cual debe investigar, esclarecer, prevenir y desmantelar las estructuras criminales que atentan con la vida y la integridad de los lideres y lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, Duque anunció la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales a cargo de la Fiscalía General, maniobra que busca disminuir y no afrontar las responsabilidades del Estado de Derecho, y al mismo tiempo debilitar las funciones de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, e ignorando la labor de monitorio y denuncia que hacemos las organizaciones no gubernamentales territoriales; un claro ejemplo de captación de los órganos de control por parte del gobierno.

Por lo anterior, invitamos a las organizaciones sociales, campesinas, mujeres, étnicas, víctimas, estudiantes, LGTBIQ, no gubernamentales, y demás personas que trabajan día a día que trabajan en Norte de Santander a construir una alianza por la Paz y la Vida, que permita seguir fortaleciendo la vida e integridad de los lideres y lideresas de nuestro departamento.

CPDH Capítulo Norte de Santander
Comité permanente por los derechos humanos
www.radiomacondo.fm

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