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Fiscales especializados pretender realizar montaje judicial contra defensores de derechos humanos

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La estigmatización contra abogados defensores de derechos humanos y presos políticos adscritos al Equipo Jurídico Pueblos sigue su curso al interior de la Fiscalía General de la Nación. Fuentes de alta credibilidad de la entidad, han informado a integrantes de la organización defensora de los derechos de los pueblos; que se están fraguando montajes judiciales en su contra. “Tengan cuidado porque no hace falta sino que aparezca información contra ustedes en memorias USB incautadas en operativos contra comandantes guerrilleros” queriendo decir que se pretende implantar la misma “para relacionarlos por ese lado con el ELN”, manifestó una de estas personas, quien agregó que “los están buscando para advertirles que le bajen a las denuncias” sentenciando: “deben tener especial cuidado con dos fiscales” a quienes calificó de misóginos y tramposos.

Una información similar se filtró a través de otro funcionario de la misma entidad, quien manifestó que se está pretendiendo vincular a la abogada del Caso Andino, Gloria Silva (integrante del Equipo Jurídico Pueblos) con la insurgencia del ELN. La defensora y esta organización han denunciado que en el último año se han incrementado acciones de seguimientos ilegales en su contra, así como la interceptación de sus comunicaciones. Recientemente, su computador portátil fue hurtado cuando intervenía como moderadora en un panel sobre la arbitrariedad policial en Soacha, por parte de hombres que se presentaron de forma engañosa para ingresar al lugar sin generar prevenciones. De la misma manera, otros integrantes del Equipo Jurídico Pueblos han sido objeto de hostigamientos y señalamientos directos en distintos escenarios y la oficina principal de la organización con sede en Bucaramanga, mantiene vigilancia regular, a veces a través de sujetos que se hacen pasar por habitantes de calle.

Según expertos consultados sobre la real posibilidad de implantar evidencias en dispositivos electrónicos sin dejar rastros; éstos indican que sí es viable y que difícilmente pueden ser detectadas tales alteraciones; situación que incrementa la inquietud ante la información obtenida a través de las referidas fuentes de alta confiabilidad.

De otro lado, no se descarta el uso de supuestos desertores, cuyas versiones suelen usarse al acomodo de la acusación y bajo estímulos económicos y jurídicos e incluso, algunas de ellas, bajo presión. En denuncia anterior, informamos sobre la visita que realizó el 24 de abril de 2018 un desmovilizado a nuestra oficina en la que narró la forma como estaba siendo intimidado para que declarara falsamente contra integrantes del movimiento social, so pena de ser involucrado en punibles castigados con altas penas.

La Fiscalía General de la Nación, en particular, la Dirección Nacional de investigación contra el crimen organizado (DECOC) -antigua Unidad nacional contra el terrorismo-, en asocio con la Policía y el Ejército, ha sido especialmente responsable de los procesos de criminalización y judicialización del Movimiento social y el pensamiento crítico. La defensa de derechos humanos y de presxs políticxs en Colombia, siguen siendo sin duda una profesión de alto riesgo, que se torna más peligrosa en contextos de ultraderechización como el que se vive a nivel nacional, regional y mundial.

Advertimos entonces, que fiscales especializados están acudiendo a montajes judiciales, ya no solo ofreciendo dinero a supuestos reinsertados sino que ahora se adiciona la alteración de medios tecnológicos; lo que implica una mayor sofisticación en la política represiva del Estado colombiano.

Equipo Jurídico Pueblos
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