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Finalmente la silla dejo de estar vacía

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Tras más de medio siglo de conflicto y a un costo oficial de más de 200 mil muertos y 6 millones de desplazados, en medio de una nube de reporteros los viejos enemigos se encontraron en la Habana, en esta ocasión usaban la cara de Juan Manuel Santos y la de Rodrigo Londoño Echeverri, tras los actos protocolarios se anunció la Jurisdicción especial para la paz la cual estará conformada por jueces colombianos y extranjeros y  tendrá salas que se ocuparán de investigar y administrar justicia.

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Juan Manuel Santos, Raúl Castro Ruz, Timoleón Jimenez

Amnistía e indulto

Con respecto al otorgamiento de amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos, permitido por la Constitución y establecido por el Derecho Internacional Humanitario, el presidente santos señaló que “eso lo vamos a hacer en los términos que establezca una ley de amnistía que precise los criterios de conexidad”.

También manifestó que “hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional, ni sobre todo nuestra propia conciencia, nos permiten amnistiar o indultar”. Esos delitos son “los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores los cuales serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción”.

Paz sin impunidad

En este sentido el Presidente Santos dijo que para los colombianos es muy importante que los responsables de los delitos graves y representativos “reconozcan sus delitos y cuenten la verdad” e indicó que para estas personas “habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia”.

Enfatizó que tales sanciones “tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas”. Además agregó que para quienes “no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves y sean hallados culpables habrá penas de hasta 20 años”.

Los participantes en el conflicto

El Presidente señaló que “todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y en particular los miembros de la fuerza pública”. También dijo que no “habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. ¡Así de claro! Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley”.

“Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves”, puntualizó Santos.

Delitos de lesa humanidad

En la jurisdicción especial para la paz se decidió que los denominados delitos de lesa humanidad (desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, la toma de rehenes, entre otros), no estarán dentro de la amnistía. Por lo tanto, dichos delitos serán sancionados por un tribunal especial que será conformado por jueces nacionales con la participación de jueces internacionales.

Participación de las Farc en el sistema

De acuerdo con el comunicado, la participación de los miembros de las Farc aun no se ha tocado, puesto que es un punto subordinado a la dejación previa de las armas por parte de los guerrilleros, que como indicó el documento, empezará a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final, en marzo de 2016.

El modelo de está justicia transicional ofrecerá mas años de prisión en algunos casos que el ultimo marco especial de justicia implementado en el 2005 por el gobierno de Álvaro Uribe en la fallida desmovilización del paramilitarismo, el cual al sol de hoy sigue operando en diferentes regiones del país.

Las ondas de choque del acuerdo sobre el modelo de justicia no se hicieron esperar inmediatamente la Fiscalía General ordenó la suspensión de todas las imputaciones contra la cúpula de las Farc.

El jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre Lynett, aseguró que el modelo firmado de justicia transicional es muy diferente al sistema penal acusatorio, lo que obliga a la Fiscalía a impartir el modelo de investigación y juzgamiento para la cúpula de las Farc por violaciones a los derechos humanos. “Pese a que la Fiscalía sigue siendo el eje central de las investigaciones, se abre la posibilidad de una nueva jurisdicción, como acudir a otras fuentes de investigación en la violación de los derechos humanos”.

Ahora la Fiscalía tendrá que presentar informes ante la jurisdicción y el tribunal que se creará para la aplicación de esta nueva metodología de investigación. Igualmente se presentará un documento de contexto frente a las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las Farc durante el conflicto armado.

Cuestionamientos de la Oposición

Después de conocerse el acuerdo sobre el modelo de justicia, el expresidente y senador Álvaro Uribe dijo que el Gobierno ha aceptado que “delincuentes responsables de atrocidades” no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales.

“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición”, aseguró Uribe.

El expresidente arremetió contra lo que calificó de la “igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo”, al advertir que con este acuerdo todos los soldados y policías “quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel”.

“El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”, agregó el senador quien con estas afirmaciones desconoce la participación del ejercito en las masacres que perpetraron en confabulación con el paramilitarismo y niega de alguna forma su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública.

 

Un proceso con encuentros y desencuentros y una silla vacía

La última ocasión en la que estos adversarios se encontraron, usaban el rostro de Andrés Pastrana y el de Manuel Marulanda Vélez en el proceso de San Vicente del Caguán (1999-2002).

Recientemente Víctor G. Ricardo, el comisionado de Paz del gobierno de Andrés Pastrana, reveló que tanto él como el entonces presidente Andrés Pastrana sabían que Manuel Marulanda, jefe máximo de las Farc, no se iba a presentar ese día.

“Yo y, desde luego, Andrés Pastrana sabíamos que Marulanda no iba a asistir. Desde luego eso hizo daño al proceso, pero no podíamos como gobierno salir a justificar esa ausencia, por eso nunca se dijo y yo he sido muy parco, cuidadoso y reservado, hasta ahora que lo estoy contando”, señaló el excomisionado de paz quien además contó que ocho días antes de la cita, entraron a la zona de distensión tres paramilitares que tenían el objetivo de matarlo a él o a Marulanda. “Era para que la opinión pública y la comunidad internacional pensara que había sido la misma guerrilla la ejecutora del crimen”.

El excomisionado reveló que la guerrilla capturó a uno de los hombres, “quien confesó el plan y dijo que lo que querían era que el asesinato rompiera los diálogos de paz”.

“Con esa información, Marulanda me llamó y me dijo que no iba a ir porque él no era el negociador, que la guerrilla había nombrado a unos hombres para negociar y allí estarían, pero que el riesgo de un posible asesinato no lo iba a correr”, contó Víctor G. Ricardo comisionado de paz de Pastrana.

 

Estadísticas del conflicto armado en Colombia

Pastrana y Uribe los gobiernos con mas víctimas en el conflicto armado

Un informe publicado por  la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de finalizar el conflicto armado en Colombia. El informe también señala que los gobiernos con mayor numero de victimas son los que implementaron una política guerrerista como los de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

El informe del Codhes reveló que en el departamento del Valle del Cauca hay 32.892 víctimas, casi dos mil más que las relacionadas en el estudio de la Unidad de Víctimas según el cual,  la costa pacifica es la zona con mas desplazados en Colombia y que Buenaventura es el municipio que presenta el mayor numero de desplazados, sólo durante el 2013 se presentaron 24.978 casos. El informe  identificó que sólo en 34 ciudades del país se concentran el 61,1 % de los desplazados, mientras en 811 municipios se distribuye el restante 38,9%.

El informe señala sobre las políticas de guerra que, “los períodos con mayor número de víctimas de desplazamiento corresponden a los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Cada uno de los cuales reportaba más de 1 millón de desplazados en los estimados de Codhes y más de 1 millón 200 mil asumiendo los datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esto significa que las decisiones político militares de los actores involucrados llevaron al despojo, la expulsión, la negación de la vivienda, el trabajo, el acceso a la salud y la educación, la identidad, la posibilidad de asociación y múltiples derechos más, de, por lo menos, 342.050 hogares en cada cuatrienio”.

Finalmente será el pueblo, quien refrendará en las urnas el acuerdo de paz. Lo que no se puede repetir es la política armada de las guerrillas de izquierda y la extrema derecha en la construcción del Estado. La paz de estos adversarios debe generar las condiciones que transformen a uno de los países más desiguales del mundo, en un país más equitativo.

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