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En zona rural de Cucúta Campesinado se declara en resistencia frente a errradicación violenta

En zona rural de Cucúta Campesinado se declara en resistencia frente a errradicación violenta - erradi_

El campesinado del Catatumbo decidió declararse en asentamientos campesinos, cómo medida de rechazo a la llegada desde el viernes 22 de octubre de erradicadores junto a miembros del ejército nacional con el fin de desarrollar operativos de erradicación manual forzada y violenta, lo cual desconoce el punto 4 del acuerdo final de paz, diseñado, estructurado y articulado al bloque de constitucionalidad para superar el problema de las drogas ilícitas.

El acuerdo final de paz estableció el programa nacional integral de sustitución de cultivos, PNIS, frente al cual las comunidades de la región han manifestado su intención de participar para sustituir de manera gradual y concertada los cultivos de coca, y poder así establecer economías campesinas sostenibles para garantizar el mínimo vital del cual tienen derecho como población rural en condición de exclusión y de crisis económica. Por eso la asociación campesina del Catatumbo y ASCAMCAT, además de la Coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana COCCAM, dio a conocer que las comunidades campesinas de la vereda vigilancia en la zona rural de Cúcuta, se han declarado en asentamientos campesinos como mecanismo de autoprotección del territorio y de la economía campesina.

En esta iniciativa de resistencia comunitaria ha planteando un llamado urgente al gobierno nacional para que se respeten los derechos de las comunidades, teniendo como referente la situación de violencia presentada en el año 2020 donde fueron asesinados dos campesinos en el marco estos operativos realizados por la fuerza pública, también las organizaciones campesinas y sociales de la región y el campesinado que participan de esta forma civilista de resistencia reiteraron la exigencia al gobierno nacional para que se cumpla de manera integral el acuerdo final de paz y dar así solución a los cultivos de uso ilícito por medio de la sustitución voluntaria gradual y concertada; en ese sentido solicitan el cese de las acciones de erradicación manual forzada y violenta, entendiendo que la salida debe ser el reconocimiento de las comunidades y los acuerdos construidos en el marco del PNIS y no la metodología de violencia cómo mecanismo para superar el problema de las drogas ilícitas.

La intervención violenta y no concertada con la comunidad solo deja destrucción de las economías campesinas, violación de los Derechos Humanos y reproducción de la lógica de confrontación y conflicto en la región.

 

Fuente: Agencia Prensa Rural
www.radiomacondo.fm

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