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En Catatumbo el Ejército usa civiles encapuchados y hace pintas de “ELN” y “EPL”: Denuncia comunidad de Convención

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Comunidad señala al Ejército como responsable del asesinato del exmiliciano de las FARC Dimar Torres.

Informe Segunda Misión de Verificación Humanitaria del Catatumbo.

Comunidades denuncian aparición y aumento de llamadas extorsivas a comerciantes del casco urbano. El temor de la población es generalizado por la aparición de panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el asesinato de comerciantes amenazados en dicho panfletos y las amenazas que llegan a quienes se atreven a denunciar. Según las autoridades, se trata de delincuencia común.

Durante la misión, y a pesar de la militarización del casco urbano y las restricciones de movilidad que se han impuesto por parte de la fuerza pública, se presentó un nuevo homicidio a un transportador informal. Preocupa la poca capacidad de respuesta de la fuerza pública para evitar y reducir estas situaciones.

La comunidad percibe un retroceso en materia de derechos humanos. Denuncian que después de los enfrentamientos entre las insurgencias del ELN y EPL varias veredas quedaron minadas y afectan la libre movilidad por la zona. Afirman ser objeto de estigmatización y señalamientos permanentes por parte de la fuerza pública, quienes ocupan terrenos de propiedad privada y colectiva afectando las bocatomas de los acueductos y centros de salud. Se denuncian capturas de líderes comunales a partir de señalamientos de terceros.

Solo en el corregimiento de Cartagenita han sido asesinadas 41 personas entre 2017 y 2019. De estas, el Estado ha reconocido el asesinato de Wilmer Jácome, Luis Teresa Rodríguez y Dimar Torres. Así mismo, denuncian el asesinato de seis personas por grupos paramilitares y el miedo que sienten de ir al casco urbano de Convención por las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

La población civil está en permanente riesgo como consecuencia de la ubicación de tropas del Ejército cerca a centros poblados y en casas de campesinos, acción contraria al DIH. Por esta causa las comunidades se han visto afectadas por bombardeos por parte del Ejército Nacional en veredas como Carrizal, El Loro, El Cobre y Chapinero. Comunidades aseguran que en medio de hostigamientos de la guerrilla hacia el Ejército, este responde disparando hacia la población civil que se encuentra en los caseríos. Se han presentado acciones donde militares hacen disparos, suenan bombas y bengalas en las noches incluso cuando no se registran enfrentamientos con otros actores armados, acciones que pueden establecerse como posibles falsos combates. Estas actuaciones han provocando zozobra permanente y desplazamiento de varias familias. La mayoría continúan sin retornar a sus lugares de origen por falta de garantías de seguridad.

También se denuncian sobrevuelos constantes de drones con los que la fuerza pública monitorea a la población y se registran cortes injustificados del servicio de luz eléctrica con lo que la comunidad se siente intimidada. En vías interveredales el Ejército Nacional realiza retenes a los campesinos y hace presencia cerca a Escuelas, en algunas persiste presencia de campos minados poniendo en riesgo la vida de los niños y las niñas. Soldados han abordado, retenido y amenazado con sus armas a jóvenes de la comunidad acusándoles de estar instalando minas y/o hacer parte de las insurgencias. Gracias a la acción de líderes se han rescatado a quienes, según la comunidad, pudieron ser víctimas de montajes y/o desapariciones. En algunos casos, al confirmar que los jóvenes son campesinos, militares les han ofrecido dinero por guardar silencio sobre las retenciones de las que son víctimas.

Se denuncian quemas de casas de campesinos, robos de semovientes, enseres y alimentos en casas y tiendas por parte de tropas del Ejército, a quienes también señalan de encerrar y amenazar a mujeres y niños. Se denuncia aumento en casos de judicialización a líderes sociales y miembros de las JAC, sin órdenes judiciales ni material probatorio, especialmente en las veredas Bella Unión, Guaciles y Maicitos. Por esta razón, comunidades se han visto en la obligación de mediar con miembros de Ejército y moverse de manera colectiva de un lado a otro para buscar a pobladores que reportan afectaciones. Manifiesta la comunidad que han recibido mensajes vía Facebook y/o WhatsApp, de actores que se identifican como funcionarios de inteligencia militar y de la fiscalía, por medio de los cuales les ofrecen dinero, les piden que se desmovilicen y trabajen con ellos.

En todo el municipio hay retenes donde se realizan empadronamientos, en algunos puntos se presentan controles de mercados y medicamentos. En estos retenes militares fotografían y amenazan constantemente a todo residente y transeúnte de la zona a quienes les preguntan por nombres y ubicaciones de líderes de las Juntas de Acción Comunal -JAC-. En varias veredas opera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la población que “nadie puede transitar por donde ellos están en horarios de la noche por su seguridad, que porque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean”. En clara afectación al derecho a la libre movilidad y al derecho de distinción estigmatizando y poniendo en riesgo a la población civil. Se denuncia además que en varias ocasiones el Ejército Nacional impide reuniones de las Juntas de Acción Comunal – JAC- argumentando que “una reunión con más de cinco personas, ya se asume como un encuentro de la insurgencia”.

En este municipio se presentó una denuncia de tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte de miembros del Ejército Nacional a dos campesinos que se encontraban trabajando en una finca, señalandolos de ser parte de la insurgencia. En palabras de la comunidad “los torturaron, les pusieron una bolsa de tela oscura en la cabeza y les echaron un líquido que les generó ardor en los ojos. Los colgaron de los pies en un árbol, los amenazaron con degollarlos y quitarles las uñas. Los dejaron amarrados a un árbol cerca a sus fincas, de las cuales robaron varios millones de pesos que tenían los campesinos como ahorros. Ese mismo día, tres miembros del Ejército Nacional llegaron hasta la finca de una mujer, madre de tres hijos menores de edad, le rompieron las camas, los colchones, los muebles y grabaron el hecho para mostrarlo como amenaza a la comunidad días después.”

De las denuncias hechas en este corregimiento, llama la atención que el Ejército Nacional esté usando civiles encapuchados en operaciones militares y que la comunidad asegure que los han visto escribir en algunas paredes pintas alusivas al “ELN” o cosas como “EPL Hp”, lo cual genera dudas sobre el rol que han desempeñado durante el enfrentamiento entre estas dos insurgencias y provoca confusión en la comunidad.

Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo
www.radiomacondo.fm

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