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Empresarios beneficiarios del paramilitarismo perpetúan el despojo de las comunidades afro y campesinas

Empresarios beneficiarios del paramilitarismo perpetúan el despojo de las comunidades afro y campesinas - desplazados

Imagen de archivo

En Apartadocito, territorio colectivo de Curvaradó, Gerardo Osorio Echeverry, quien ocupó de manera irregular la finca “LaOlla”, ordenó quitar las vallas que anunciaban que el 24 de noviembre debía desalojar  dicha propiedad, las vallas se instalaron por orden del Inspector Policial como un mecanismo de disuasión y de cumplimiento de la ley para devolver la tierra a las comunidades afro de la región.

De igual manera ocurrió con las áreas de titulación colectiva ocupadas de mala fe por el empresario ganadero, William Ramírez.

Por su parte el ocupante de mala fe, Darío Montoya, quien además es protegido por la Brigada 17 y  que mantiene  una estrecha cercanía según fuentes cercanas con el senador Alvaro Uribe Vélez, habría ordenado quitar las vallas supuestamente “por que ya todo se había arreglado en Bogotá, por lo demás yo respondo”, señalo Montoya.

El empresario Darío Montoya habría interpuesto recursos ante la Procuraduría General con la presentación de títulos a su nombre de 2002, curiosamente dos años después del reconocimiento del título colectivo y en plena fase de consolidación del desplazamiento.

Según algunas fuentes gubernamentales, el desalojo de los predios ocupados de mala fe por el empresario Darío Montoya, se suspendió en espera del pronunciamiento del Incoder ante las acciones interpuestas por los ocupantes de mala fe.

Estas acciones de los directos beneficiarios del paramilitarismo que desplazó a las comunidades de la zona, re victimizan a los campesinos que sufrieron la embestida paramilitar, que en una supuesta acción contra insurgente terminaron saqueando las tierras campesinas en Belén de Bajirá, Piscingos, Brisas y Despensa Baja, todos ellos predios comunitarios despojados a punta de fusil.

En esta zona del país se mantienen las Operaciones armadas e ilegales por parte de las estructuras paramilitares, frente a estas acciones ni la policía de Urabá ni la Brigada 17 del ejercito  intervienen.

 

 

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