Ejército empadrona y graba ilegalmente a los campesinos en Puerto Vega Teteye-Putumayo

Pobladores del Corredor Puerto Vega Teteye denuncian que desde hace ya un mes en la Base Militar del Ejército Nacional, ubicada en el pozo petrolero Quillacinga, se reactivaron acciones de empadronamiento con las que obligan a hombres y mujeres a registrarse en un libro mientras los fotografían y los gravan.

Como caso concreto se tiene el empadronamiento al dirigente político Octavio Cataño, vocero de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, Directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo (Sintcacfromayo), miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, filial de Fensuagro, a quien por tercera ocasión le aplicaron este tipo de acción ilegal.

La persona mencionada, por su experiencia como defensor de derechos humanos, manifestó su inconformidad ante el Cabo Surina y el Sargento Sanguino por la ilegalidad de estas acciones, los oficiales en repetidas ocasiones manifestado que esto hacía parte de los procedimientos que ellos como Fuerza Pública pueden hacer. Las fechas en las que se presentaron estos hechos con Octavio Cataño son:

1. 13 de enero de 2016 a las 10:45 a.m.
2. 23 de enero de 2016 a las 04:40 p.m. Cabe mencionar que ese día Octavio participó activamente en un evento político con el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón en el municipio Valle del Guamuez.
3. 26 de enero 2016 a las 11:00 a.m.

Se denuncia este hecho como un acto de violación sistemática contra los derechos de los pobladores del corredor Puerto Vega-Teteyé, quienes en años anteriores han denunciado y demostrado que constitucionalmente no está permitido. No se acata ni respeta lo emanado por las entidades nacionales e internacionales ante los decretos y leyes que prohíben estas prácticas por ser una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Por todo lo anterior se exige al Gobierno Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, al Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, a la Defensoría del Pueblo Nacional y regional, a Guillermo Rivera Flores representante de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, a la Gobernación de Putumayo en cabeza de Sorrel Aroca Parissa, a la Secretaría de Gobierno Departamental en cabeza de David Ureña, a la administración municipal en cabeza de Omar Guevara y a la Personería que atienda de manera urgente esta denuncia y que se tomen cartas en el asunto como corresponde, teniendo en cuenta que ya existen antecedentes en años anteriores que se resolvieron llegando a acuerdos de ofrecer garantías de no repetición y en la práctica estos acuerdos no se han materializado por parte de la Fuerza Pública en contra de la Constitución.

Cabe mencionar que en la situación actual de Colombia, en la construcción de paz, lo que debe primar es el respeto por los derechos de las personas, entre ellos el derecho a la libre tránsito y a la intimidad, y no pueden prevalecer estas acciones porque afectan la estabilidad emocional y psicológica de los pobladores que históricamente han vivido las consecuencias del empadronamiento.