Desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad y confinamiento en Bajo San Juan, Buenaventura
Desde el 24 de septiembre cerca de 900 personas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas en zona rural de Buenaventura se desplazaron, sufren confinamiento y restricciones a la movilidad por enfrentamientos entre miembros de la Infantería de Marina y un grupo armado no estatal, además de amenazas contra la población. Al menos 40 familias (157 personas) indígenas wounaan nonam de la vereda Chachajo, en el Bajo San Juan -jurisdicción de Buenaventura- (Valle del Cauca), se desplazaron hacia el casco urbano de este municipio.
Por los mismos hechos en el Bajo San Juan, 132 familias (519 personas) indígenas de Puerto Pizario y 34 familias (219 personas) afrodescendientes de la vereda Cabecera se desplazaron al interior de sus comunidades, albergándose en lugares comunitarios y decidieron quedarse en su territorio como medida de autoprotección. Ambas comunidades sufren restricciones para realizar sus actividades cotidianas y acceder a servicios básicos. En jurisdicción del municipio Litoral de San Juan (Chocó) comunidades de Puerto Guadualito y Unión de San Juan, integrantes del resguardo de Puerto Pizario, también han decidido quedarse en su territorio.
Las familias indígenas de la vereda Chachajo se albergan en casas de amigos y familiares en la zona urbana de Buenaventura. La Alcaldía les entregó ayuda alimentaria y realiza la solicitud de recursos de subsidiaridad a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).
La comunidad de Cabecera se aloja en la escuela de la vereda, y se reportaron casos de varicela, enfermedades respiratorias y dermatitis.
La comunidad indígena de Puerto Pizario permanece en un cambuche improvisado dentro de la escuela de la misma vereda, hecho que causó la suspensión de la jornada escolar para 304 menores de edad. Las acciones bélicas causaron también la suspensión de actividades de nueve instituciones de la zona afectando a 899 estudiantes del Litoral.
El 26 de septiembre, la Alcaldía de Buenaventura realizó una misión de verificación a Cabeceras y Puerto Pizario, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la UARIV. Tras la misión se reporta la urgencia de la toma de declaraciones, atención alimentaria, kits de albergue y jornadas de salud para los habitantes.
El 30 de septiembre se realizó un Comité Distrital de Justicia Transicional para la atención de las emergencias, en el que la Alcaldía se comprometió a realizar una jornada interinstitucional a las zonas rurales con entrega de ayudas entre el 2 y 3 de octubre, y realizar la toma de declaraciones para solicitar asistencia alimentaria y no alimentaria a la UARIV. Hasta el momento la UARIV manifiesta que la Alcaldía no ha realizado la solicitud con los respectivos censos.
Ninguna de las comunidades rurales ha recibido asistencia hasta el momento. Miembros y observadores del Equipo Humanitario Local – Valle del Cauca y el Comité Interinstitucional Humanitario de Buenaventura monitorean la situación. De ser necesario se apoyará la entrega de ayuda, complementaria a las acciones institucionales.
Fuente: www.salahumanitaria.co