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Derechos humanos Sectores sociales piden garantías en el Norte de Santander

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Movilización estudiantil del 10 de octubre de 2019 en Cúcuta. Foto: Colombia Informa

Las organizaciones sociales del departamento suspenden su participación en la formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Labor de la Defensa de los Derechos Humanos

Cúcuta, noviembre 7 de 2019

Las organizaciones que suscribimos, asistentes al encuentro convocado por el Ministerio del Interior para la construcción de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Cúcuta, suspendemos la participación en este espacio de concertación con el Gobierno nacional y expresamos nuestra preocupación y rechazo por el escalamiento de las acciones violentas contra los y las lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, organizaciones comunales, de víctimas, campesinas, estudiantiles, mujeres, población migrante y pueblos indígenas en el territorio nacional, particularmente en la región del Cauca durante el pasado fin de semana.

Así mismo, expresamos nuestro rechazo a la negligente respuesta del Estado colombiano, en cabeza de su Presidente y ministros de Interior y Defensa, que refleja la actitud de este gobierno frente a la crisis de derechos humanos que vivimos en nuestro país y nuestra región. Nos sumamos a los pronunciamientos adelantados por las compañeras y compañeros del Cauca, Cesar y Guajira, así como al comunicado publicado el 6 de noviembre de 2019 por el Espacio de Confluencia conformado por las plataformas nacionales de derechos humanos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

Norte de Santander ha sido objeto de múltiples violaciones a los derechos humanos. El creciente conflicto armado en la región del Catatumbo entre el ELN y el EPL -incentivado por el incumplimiento al Acuerdo de Paz y el abandono estatal- constituye una amenaza contra la vida, seguridad e integridad de las comunidades de la región, quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado, minas antipersona, desaparición forzada y homicidios entre otros hechos, sin que a la fecha exista una respuesta por parte del Gobierno diferente a la militarización del territorio.

Estos hechos han traído estigmatización, señalamientos, redadas y montajes judiciales contra las comunidades, llevando entre otras cosas al asesinato del firmante de la paz y en proceso de reincorporación Dimar Torres a manos de la Segunda División del Ejército mediante un plan organizado, situación que genera zozobra entre la comunidad frente a la doctrina militar en el territorio. Sumado a esto, el incumplimiento por parte del gobierno a las órdenes judiciales que protegen los derechos territoriales y colectivos del pueblo indígena motilón barí ha generado serios riesgos para sus comunidades y violaciones a sus derechos por parte de los actores armados, frente a la implementación de proyectos de minería y palma a gran escala en sus territorios.

El área metropolitana de Cúcuta vive una delicada situación humanitaria, reflejada por las violencias contra las mujeres migrantes víctimas de trata de personas, esclavitud sexual y matrimonio servil. La política regional de control policivo refuerza y propicia estas formas de violencia por parte del crimen organizado, a lo que se suma la violencia contra las mujeres de Tibú y la provincia de Pamplona.

La situación de líderes y lideresas comunales, sindicales, de víctimas, reclamantes de tierras, comunidad LGBTI, defensores de derechos humanos y de organizaciones sociales se ha agravado por las crecientes amenazas contra su vida, así como por el desmonte progresivo de las medidas de seguridad y protección. Por otra parte, las organizaciones reclamantes de tierras han sido objeto de hostigamientos y atentados, tal es el caso de la Precooperativa Agroindustrial Semilleros de Paz Colombia del municipio de Tibú, hacienda La Esmeralda, cuyos líderes y familias integrantes han sido amenazadas en las ultimas semanas.

La ausencia de respuesta por parte de la Fiscalía en materia de investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos, así como en las garantías de seguridad por parte del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, ha posibilitado el incremento en las amenazas, desplazamientos forzados, extorsión, reclutamiento de menores, desaparición forzada, trata de personas y violaciones a los derechos humanos con total impunidad. En el Área Metropolitana de Cúcuta y la frontera existen seis grupos sucesores del paramilitarismo que disputan el control de las rentas ilegales, el narcotráfico y el contrabando, lo que ha incrementado la tasa de homicidios, en la que se registra también un alto número de población migrante venezolana.

El desconocimiento al derecho a la protesta social, expresado en la represión adelantada contra el movimiento estudiantil que reclama su derechos, ha traído abusos y ha generado el tratamiento militar de la protesta social por parte de la Fuerza Pública, violación a la autonomía universitaria, infiltraciones de agentes del Estado y militarización de los cascos urbanos, como es el caso de la Universidad de Pamplona, donde se han adelantado además procesos judiciales sin garantías procesales contra los estudiantes, así como procesos administrativos y disciplinarios, lo que constituye un precedente negativo de cara a los procesos de movilización en el Norte de Santander. No contamos con garantías para ejercer nuestro derecho a la protesta.

Ante la creciente impunidad, la ausencia de garantías para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, la negación de la existencia del conflicto social y armado en nuestra región, el equivocado esquema de intervención gubernamental frente a la crisis humanitaria y migratoria de la región, el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la ausencia de una política que garantice la vida y el ejercicio de defensa de los derechos humanos, expresamos:

—Nuestra adhesión al comunicado publicado el miércoles 6 de noviembre por el Espacio de Confluencia conformado por las plataformas nacionales de derechos humanos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

—Nuestro llamado y participación en el paro nacional convocado para el 21 de noviembre en todo el territorio nacional, incorporando las exigencias del movimiento de derechos humanos a esta movilización.

—Nuestro llamado y participación en la marcha por el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, convocada en la ciudad de Cúcuta para el 25 de noviembre.

Así mismo, expresamos nuestra disposición de retomar el espacio de concertación para la formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos al darse cumplimiento a los siguientes requerimientos:

—La renuncia de la ministra del Interior.

—La destitución del comandante de la Segunda División del Ejército Nacional.

—El nombramiento de un ministro de la Defensa con tradición civilista y compromiso con el respeto y garantías de los derechos humanos.

—La implementación del Protocolo para la Protesta Social en el Norte de Santander.

—La implementación del decreto 660 para la protección colectiva de las comunidades en la región del Catatumbo.

—La realización de una Mesa de Garantías Ampliada, con la presencia del presidente de la República y su gabinete ministerial, con el fin de abordar las causas de la crisis humanitaria de la región del Catatumbo, el Área Metropolitana de Cúcuta, la provincia de Pamplona y la frontera nortesantandereana, relacionados con cumplimiento del Acuerdo de Paz; el reconocimiento del conflicto armado entre el ELN, el EPL y el gobierno colombiano; la política migratoria con enfoque de género; las garantías de seguridad y protección con enfoque preventivo para el ejercicio de defensa de derechos humanos y líderes sociales, comunitarios, sindicales, LGTB, mujeres, estudiantes, víctimas, reclamantes de tierras despojadas y pueblos indígenas; la investigación, juzgamiento y sanción de violaciones a los derechos humanos; y las garantías para el ejercicio de la protesta social.

Suscriben:
1. Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Ñatubaiyibarí
2. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU
3. Asociación de Víctimas Rosarienses, Asoviro
4. Asociación Colombiana de Estudiantes de Secundaria, Andes
5. Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat
6. Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual – Asmovip
7. Asociación de Víctimas del Municipio de Los Patios
8. Asociación de Víctimas de San Fernando del Rodeo Comuna Ocho
9. Asonal Judicial S.I Cúcuta
10. Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Subdirectiva Norte de Santander
11. Colectivo Académico Psicología y Resistencia
12. Colectivo Nuevas Masculinidades
13. Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación
14. Comité de Integración del Catatumbo – Cisca
15. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, Capítulo Norte de Santander
16. Corporación Mujer Denuncia y Muévete
17. Federación de Juntas de Acción Comunal del Área Metropolitana
18. Federación de Trabajadores Libres de Norte de Santander – Fetralnorte
19. Fundación Progresar
20. Fundación Víctimas de Estado, Desaparición Forzada, Derechos Humanos
21. Fundación MC y Gempaz
22. Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP
23. Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta
24. Mesa Municipal de Víctimas de Villa del Rosario
25. Mesa Departamental de Víctimas de Norte de Santander
26. Movimiento por la Constituyente Popular
27. Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander
28. Organización de Cierre de Frontera – Odefrom
29. Organizaciones Sociales de la Mesa Territorial de Garantías de Norte de Santander
30. Precooperativa Agroindustrial Semilleros de Paz Colombia
31. Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo
32. Rostros Diversos lgbti+h
33. Ser Negro es más Sabroso
34. Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, Norte de Santander
35. Veeduría Ciudadana Derechos Humanos Operación Libertad
36. Visibles LGBTIH

Exigimos garantías para la defensa de los derechos humanos en el Norte de Santander

www.radiomacondo.fm

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