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Declaración Encuentro Organizaciones Sociales del Suroccidente Colombiano

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¡No más violencia social, económica, política, ambiental, cultural, racial y laboral en el Suroccidente colombiano y en el país!

En el derecho autónomo, y ante circunstancias que cada día deterioran la vida de los ciudadanos de esta región, nos encontramos durante los días 20 y 21 de marzo en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, delegados de 15 organizaciones sociales, defensoras y defensores de Derechos Humanos, ambientalistas, Pastoral Social de Buenaventura, Diálogo Intereclesial por la Paz, sindicalistas del sector de corteros de caña de Tuluá,
organizaciones de Cali, Buenaventura, Bogotá, Eje cafetero, Cauca, indígenas, campesinos, afrodescendientes, académicos, juristas, entre otros; para compartir y debatir la grave crisis social generada por la violencia estructural en esta región.

Este espacio permitió socializar la dramática situación de violencia y crisis humanitaria que se vive en el Suroccidente colombiano y en particular, en el puerto de Buenaventura, donde el asesinato continuo de líderes comunitarios y el control violento de los territorios por parte de las estructuras herederas del paramilitarismo que operan en la ciudad coincide con la expansión de megaproyectos empresariales e inmobiliarios. Lo anterior,
viene arrojando la escandalosa cifra de cinco asesinatos por día y un desplazamiento forzado continuo que en lo que va corrido del año supera la cifra de por lo menos 8.000 personas. Algo similar viene ocurriendo en todo el Suroccidente. La propagación de megaproyectos expulsa a las comunidades étnicas y campesinas de sus territorios desconociendo sus derechos y destruyendo la biodiversidad. Puede decirse que estas comunidades son víctimas del desarrollo.

Las condiciones de extrema pobreza en la que viven los habitantes de Buenaventura, a pesar de ser el principal puerto comercial del país, son el resultado de un modelo económico de enclave y racista en el que el grueso de la riqueza queda en manos de los grandes grupos económicos dueños del negocio portuario, sin que la población, mayoritariamente afrodescendiente, reciba algún tipo de beneficio. A ello se suma la forma injusta de asignación de los recursos presupuestales que el Estado central le impone a Buenaventura. Mientras que el puerto le entrega a la nación un monto considerable de recursos por pago de impuestos, Buenaventura solamente recibe a cambio el 3% de estos.

Esto explica el por qué la gran mayoría de sus habitantes carece de servicios básicos como acueducto alcantarillado, salud y educación. Tampoco existen fuentes de empleo, por lo que una gran cantidad de jóvenes está saliendo de la ciudad en medio de la desesperanza. El incumplimiento de los acuerdos conseguidos durante el paro cívico del 2017 viene provocando reacciones de descontento en la población que pueden terminar en movilizaciones similares en poco tiempo, las que consideramos legítimas.

El asesinato y las amenazas recurrentes de líderes y lideresas sociales, ambientalistas, defensoras de Derechos Humanos, de exguerrilleros firmantes de la Paz en el Suroccidente y en otras regiones del país, fue un aspecto importante en el análisis del contexto regional por parte de los asistentes quienes también dejaron constancia sobre la ausencia de respuestas y acciones concretas, tanto en el plano local como en el nacional para frenar esta ola de criminalidad.

Quedó en claro entre los asistentes que en el Suroccidente colombiano, así como en otras regiones, una vez firmado el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno anterior, las posibilidades de que en las zonas de conflicto mejorara la situación social de las poblaciones mediante inversiones públicas y la implementación de programas de sustitución voluntaria de cultivos, son nulas y las medidas requeridas vienen siendo desconocidas por el gobierno de Iván Duque, lo que ha precipitado el recrudecimiento del conflicto armado entre guerrillas, disidencias y neo-paramilitares, provocando éxodos masivos y confinamientos de las comunidades rurales.

El caso de Argelia, en el Cauca, en donde cerca de dos mil personas han sido desplazadas en los últimos días a causa de estos enfrentamientos confirma esta situación tan dramática. El aumento de la presencia del ejército y la policía no ha sido la solución a estos problemas. La presencia estatal no puede reducirse a operaciones militares. El anuncio gubernamental de iniciar aspersiones aéreas en reemplazo de la sustitución voluntaria de cultivos que aumentaría los desplazamientos fue rechazado, saludando de paso los pronunciamientos de organizaciones sociales nacionales e internacionales que se oponen a las mismas, dados los daños irreparables que producen a la salud humana confirmados en lugares en dónde se han realizado.

Por todo ello, quienes asistimos a este evento nos sumamos a la petición de implementar con carácter de urgencia un acuerdo humanitario global entre los distintos actores armados y el gobierno colombiano; petición incluida en cartas enviadas por más de 120 organizaciones y propuestas comunitarias con el propósito de mermar la afectación a las comunidades rurales y étnicas invocando el derecho constitucional a la Paz.

La crisis económica que actualmente estamos presenciando fue otro de los temas en discusión. La parálisis económica causada por la pandemia de la Covid-19 aumentó la informalidad, el desempleo y la pobreza en el país, sin que el gobierno haya entregado las ayudas necesarias para impedirlo; por el contrario, se opuso a la entrega de una renta básica de urgencia, lo que ha tenido graves consecuencias. La mayoría de las muertes ocurridas en la pandemia corresponden a los estratos 1, 2 y 3 de la población, los estratos más pobres, según las propias estadísticas oficiales. Más grave aún, una parte importante de los subsidios estatales fueron a parar a las arcas de los grupos económicos, mientras miles de microempresas desaparecieron incrementando aún más el desempleo.

Esta política del gobierno Duque contrasta con su énfasis militarista. Ha iniciado trámites para adquirir aviones de combate F-16 por un valor de $16 billones. Como si fuera poco, anuncia una nueva reforma tributaria regresiva que de llegar a aprobarse afectaría aún más a las capas medias y a los pobres por cuanto aumentaría el IVA a los productos de la canasta familiar básica mientras deja a salvo a los dueños de las grandes fortunas.

Esta reforma tributaria ha sido exigida por los banqueros y los grupos financieros que convirtieron el endeudamiento público en uno de sus negocios más lucrativos. Por ello, quienes asistimos al encuentro expresamos un consenso unánime sobre la necesidad de oponernos a esta reforma regresiva y de acompañar las resistencias que surjan tanto en el plano nacional como en el suroccidente contra la misma, exigiendo, al mismo tiempo, una tributación justa en la que los más ricos, los dueños de las fortunas más grandes paguen impuestos proporcionales a su riqueza conforme con un criterio mínimo de justicia social.

Igualmente acordamos acompañar la campaña que viene realizando la “Plataforma Colombiana por la Auditoría de la Deuda Pública y la Recuperación de los Bienes Comunes” que se inició en el país desde hace varios meses con la presencia de representantes de la iglesia católica, de las iglesias protestantes, de la academia y de organizaciones sociales y populares.

El Encuentro de Organizaciones Sociales del Suroccidente Colombiano:

Destacó el papel de las diócesis del Pacífico colombiano que, liderados por Monseñor Darío Monsalve, han asumido un papel protagónico en defensa de los derechos de los habitantes de sus jurisdicciones diocesanas, realizando pronunciamientos públicos de rechazo a los delicados hechos que se vienen presentando y haciendo presencia solidaria en las regiones más afectadas.

Rechazó los señalamientos y amenazas de muerte dirigidos contra el Obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, por denunciar la tragedia humanitaria que padece Buenaventura y el litoral Pacífico.

Saludó la iniciativa del “Pacto social por la vida y la Paz” en el Pacífico colombiano motivada por las diócesis regionales y a la que confluyen distintos procesos del movimiento social y procesos comunitarios.

Saludó los recorridos humanitarios que se desarrollan en el departamento del Chocó liderados por Monseñor Juan Carlos Barreto y decidió colocarse a disposición en los próximos recorridos humanitarios que se programen.

Reconoció la importancia de las iniciativas programadas por organizaciones sociales, de comunidades étnicas, eclesiales, ecuménicas y ambientalistas que en defensa de la vida y por el derecho a la paz, existen en el Suroccidente del país para tejer y construir procesos de unidad que posibiliten recuperar la esperanza frente a la tragedia humanitaria que estamos presenciando.

Destacó el papel de las diócesis del Pacífico colombiano que, liderados por Monseñor Darío Monsalve, han asumido un papel protagónico en defensa de los derechos de los habitantes de sus jurisdicciones diocesanas, realizando pronunciamientos públicos de rechazo a los delicados hechos que se vienen presentando y haciendo presencia solidaria en las regiones más afectadas.

Resaltó la importancia de las prácticas juveniles de agroecología que posibilitan intercambios con comunidades rurales y muestran una ruta en la solución de la crisis alimentaria a la que la pandemia ha condenado a franjas enteras de la población. Son iniciativas demostrativas que educan en las posibilidades de un futuro diferente
basado en la soberanía alimentaria.

Nos hemos encontrado esta vez en Tuluá, en el Valle del Cauca, nos encontraremos muy pronto en otros lugares convocando y construyendo, y acompañando procesos de unidad popular para defender la vida, y los derechos de las comunidades tanto urbanas como rurales, ahora, en el Suroccidente del país y esperando que algún este tipo de convocatoria amplia y democrática en sus decisiones pueda llegar a todos los rincones de la geografía nacional. Solo así los pobres y oprimidos que actualmente padecen tantos vejámenes iniciarán el camino de una transformación esperanzadora que anuncie la construcción de un nuevo país con inclusión y justicia social.

Firmantes:

Dialogo Intereclesial por la Paz
Fundación Sabeae
Pastoral Social de Buenaventura
Corporación Organizando, Haciendo y Pensando el Pacifico “CORHAPEP”
Buenaventura
Espacio Humanitario Puente Nayero Buenaventura
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Red Alternativa del Proceso de Unidad del Suroccidente
Movimiento Ecosocialista de Colombia.
“Proceso de liberación de la Madre Tierra.”
“Surcos Comunitarios” (Quindío y Risaralda)
Canal YouTube DCerca Periodismo Independiente/ Buga y centro del ValleEquipo Jurídico N-21.

www.radiomacondo.fm

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