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Comunidad de Barú reclama sus tierras

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El Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú interpuso el 27 de enero una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, demandando a La Nación y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a continuar con el debido proceso de titulación colectiva – frenado arbitrariamente en abril de 2019-, y a restituirle a la comunidad su derecho fundamental al territorio.

Aunque a la comunidad barulera le pertenecen dos mil cuatrocientas setenta y seis hectáreas (2.476 ha) de la isla, debidamente formalizadas por escritura pública en 1851, y, ratificadas en 1957 mediante acto notarial en Cartagena. En abril de 2019, la ANT frenó arbitrariamente el proceso de titulación colectiva, solicitado por el Consejo Comunitario en junio de 2017, y cuyo trámite había sido formalmente iniciado por la entidad en agosto del mismo año.

Con esta acción de tutela, el Consejo Comunitario busca que la ANT garantice a las y los baruleros el derecho al debido proceso, resuelva de fondo y sin más dilaciones la solicitud de titulación colectiva y suspenda cualquier acto jurídico de disposición sobre las tierras, ocupadas tradicionalmente por la comunidad negra de la Isla de Barú, hasta que el caso sea resuelto.

“Han pasado casi dos años y medio, y la solicitud que realizó el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú, en junio de 2017, continúa sin resolverse, debido principalmente a que la ANT determinó poner freno al proceso de titulación colectiva, en curso, bajo argumentos inconsistentes” expone Leonard Vallecillas, Representante Legal del Consejo Comunitario de Barú.

Si bien en agosto de 2017, la entidad informó al Consejo que atendería su solicitud durante el año 2018, y, efectivamente, entre mayo y diciembre, adelantó varias diligencias administrativas: desde establecer la procedencia de dar o no inicio al procedimiento sobre el predio, empezar los trámites para la titulación en calidad de tierras negras del predio descrito en la solicitud, hasta realizar la etapa publicitaria del proceso administrativo. En abril de 2019, a través del Auto 383, la ANT resolvió anular los actos de trámite y preparatorios surtidos hasta la fecha y ordenó no iniciar el trámite de titulación colectiva de la Comunidad Negra de Barú, por considerarlo improcedente.

Oscar Chávez de la Rosa, Abogado que lleva adelante el caso del Consejo Comunitario de Barú, señala que las razones que dio la ANT para negar el proceso fueron: “que en la solicitud no se expresó que los predios no tenían el carácter de baldíos, sino que eran un bien privado, y que no se ampararon en una resolución que definió que la Isla Marital Barú era un predio privado. Esto es impreciso, porque, en primer lugar, en virtud del decreto 1745, los miembros de la comunidad de Barú pueden ceder sus títulos individuales o familiares para titulación colectiva, y segundo, la comunidad de Barú no está titulando un bien baldío, sino que está solicitando la reivindicación de un título Ancestral que data de 1851 y del cual tienen registro.”

El abogado también indicó que, además, el pronunciamiento de la ANT es controvertible, pues “ya se han otorgado títulos colectivos en la región insular y de bajamar, como lo son; Orika, en Isla Grande; Caño del Oro, en Tierra Bomba), y La Boquilla, en la zona norte de Cartagena), lo cual demuestra que el territorio de Barú sí se puede titular, y que ya hay un camino andado en vía de restablecerle a la comunidad barulera un derecho adquirido desde 1851”.

Las repercusiones sobre la comunidad

La comunidad ancestral, conformada por aproximadamente 3000 habitantes, ha estado asentada durante más de 300 años en la isla. Pero fue hasta 1851, cuando la esclavitud fue abolida, que cinco familias esclavizadas reunieron 1200 pesos para comprarle a su patrón, Manuel Vicente González Brieva, siete caballerías , como consta en la Escritura #19 del mes de mayo de 1851.

No obstante, “la vulneración del derecho de la comunidad al territorio colectivo, ha puesto en riesgo de extinción su identidad étnica y cultural, así como su existencia como grupo étnico y ancestral; en un contexto donde las presiones del desarrollo turístico, portuario e industrial, han desencadenado dinámicas de apropiación irregular de tierras y usos contraproducentes de la misma, con repercusiones a nivel social, ambiental y económico, que agudizan la vulnerabilidad de la comunidad.”, explica Omaira Bolaños, Directora de la Coalición Internacional Rights and Resource Initiative.

Entre las repercusiones, se puede evidenciar que distintas áreas inadjudicables, dado su carácter de bien público, e igualmente, inalienables e imprescriptibles, por tratarse de un territorio comunal étnico, tales como manglares, playas, bajamar y caminos, han ido siendo cercadas por foráneos, marginando a la comunidad ancestral de los espacios que tradicionalmente han constituido su fuente de sustento y trabajo, como la pesca, la agricultura y las artesanías.

Con el agravante que, a las nuevas propiedades, en su mayoría establecimientos turísticos, llegaron servicios públicos – como agua y luz-, que aún siguen siendo postergados para la población históricamente asentada en la isla.

Vallecillas señala que “se prevé la realización de ambiciosos megaproyectos con una visión acotada exclusivamente a la explotación económica y que son sumamente excluyentes para la comunidad que históricamente ha habitado la isla”, tal como lo evidencia la construcción de la vía transversal de Barú, sobre la que avanza un cobro coactivo de valorización a pesar de que la comunidad no tiene la capacidad económica para asumir tal impuesto y aún no se hayan protocolizado los acuerdos de una Consulta Previa que se realizó en 2010.

Al Abogado Chávez recuerda que, frente a la alerta de extinción y las vulneraciones a distintos derechos de la comunidad barulera: “procede tomar el mandato de la Corte Constitucional que determina, mediante la sentencia T-359 de 2006, que: el operador jurídico tendrá en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo al que se encuentra sometido (el tutelante) y la posibilidad de que los medios judiciales ordinarios resulten útiles para poner fin a la amenaza.”

Del mismo modo, el representante del Consejo Comunitario, hace énfasis en que “ frente a la alerta de riesgo de desaparición de la comunidad ancestral como consecuencia de la vulneración de sus derechos, a través de múltiples fenómenos, como la des-territorialización, el despojo o desplazamiento forzado, la discriminación y la no garantía de la consulta previa, las y los baruleros hacen un llamado a la ANT a tomar medidas urgentes para retomar y resolver de fondo y con celeridad el proceso de titulación colectiva iniciado en agosto de 2018”.

Para adelantar esta acción de tutela, el Consejo Comunitario de Barú ha contado con el acompañamiento y asesoría de la Coalición Internacional Rights and Resource Initiative, la Procuraduría General de la Nacional y la Defensoría del Pueblo.

El Consejo Comunitario de Barú, desde sus inicios como organización comunitaria ha liderado diversos proyectos para la garantía, protección y respeto de los derechos fundamentales de la comunidad. En el 2006 se constituyó formalmente como Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú – B20 y fue reconocido e inscrito por medio de la Resolución 1513 de 2014, del Distrito Turístico y cultural de Cartagena de Indias.

 

Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú
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