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Comunicado: El regreso de los falsos positivos y el embrujo autoritario

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La guerra se seguirá midiendo en litros de sangre.

Como en los tiempos de Rito Alejo del Río, nuevamente el totalitarismo gubernamental busca cerrar filas en torno a la reedición del escenario del embrujo y la política criminal del Estado; no en vano los recientes acontecimientos que buscan devolvernos a la masificación de las ejecuciones extrajudiciales, el intento de obstaculizar las decisiones de las altas cortes y las iniciativas por implantar una justicia a la medida del partido oficialista, se alinea a la escuela neo-totalitarista o al embrujo autoritario de los años 2002-2010.

En el fondo, esta macabra política es la representación dogmática de las ejecuciones extrajudiciales y la firme intención de darle la espalda a las garantías de no repetición, favorecer la impunidad, hacer completamente trizas los acuerdos, entorpecer la función de las altas cortes y establecer una gobernanza a fin de los sectores económicos y políticos que representa el statu quo.

Los recientes ascensos así lo demuestran: el General Nicasio Martínez investigado por el pago de recompensas en casos de civiles –no combatientes- presentados como guerrilleros asesinados en combate, Luis Fernando Navarro, Ramsés Rueda, con casos en investigaciones por ejecuciones extrajudiciales y por lo menos otros 6 miembros de la Fuerza Pública con el mismo perfil dantesco, crímenes que permanecen en completa impunidad.

Hace 90 años el 8 de junio de 1929, el Gobierno de Miguel Abadía Méndez ordenó al ejército disparar contra manifestantes que se movilizaban en la ciudad de Bogotá, el 8 de junio de 1954 bajo órdenes del General Rojas Pinilla fue asesinado el estudiante Gonzalo Bravo por el ejército, en las mismas circunstancias, el 9 de junio de 1954 una gigantesca movilización universitaria fue reprimida a bala por la fuerza pública, siendo asesinados en esta ocasión 9 estudiantes y más de 20 gravemente heridos. Ese es el mismo lenguaje que se apoderó de las fuerzas miliares: dar de baja, de ser “efectivos” en operaciones militares, del pago a recompensas por positivos, permisos por bajas y otros, la misma estrategia utilizada durante la política de la seguridad democrática que sirvió para realizar a lo largo del país todas las formas de crímenes de Estado y de lesa humanidad contra población civil inerme.

El hecho más reciente ocurrido el pasado 22 de abril en Norte de Santander contra el reincorporado Dilmar Torres, ejecutado vilmente por el cabo segundo Daniel E.Gómez R. del Ejército Nacional demuestra una visión que se teje desde el interior de la Fuerza Pública.

La respuesta del ministro de defensa y del oficialismo en su conjunto fue siempre la misma: negar, banalizar, distraer la atención y hacer juicios de que los que denunciamos somos enemigos del Estado y la Fuerza Pública, de la misma forma ocurrió cuando revelamos cómo los generales Rito Alejo del Río, General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Mauricio Santoyo, Flavio Buitrago, Montoya, y muchos otros Altos Mandos convertían en al Estado en una empresa criminal, tardía y vagamente la justicia logra determinar sus responsabilidades y condenas.

Por otro lado, los ejercicios de adiestramiento utilizados al interior del ejército demuestran una sola cosa, que entrenan para matar, torturar y generar daño, no hay otra lectura. Nada justifica que al interior del Estado se tengan laboratorios de entrenamiento para “torturas físicas y psicológicas” con la excusa de “que el entrenamiento sea tan duro, que la guerra parezca un descanso”.

No deja de preocuparnos todo el entramado descubierto en el artículo periodístico del New York Times -Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles [1] que destapa la posibilidad de alianza estatal con sucesores del paramilitarismo para -obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar- todo esto con el afán exclusivo de por mostrar resultados sin importar afectaciones de civiles.

Sea este el momento de recordar a Simón Bolívar “Maldito sea el soldado que apunta su arma contra su pueblo” y para dejar constancia de la posible repetición de las maniobras criminales del Estado colombiano que a lo largo de la historia del conflicto han dejado cerca de 10.000 casos de ejecuciones en persona protegida, todas ellas cometidas por la Fuerza Pública.

Apoyamos la Moción de Censura al Ministro de Defensa Lorenzo Guillermo Botero y denunciamos el ascenso de miembros cuestionados de la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas, el Estado y la Democracia no pueden permitirse delegar la dirección en cargos púbicos tan importantes a personas tan cuestionadas, a menos que lo que se desee sea gobernar para los enemigos de la paz.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a las agencias de derechos humanos, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a los demócratas del país para que estemos alertas y atentos ante hechos contra la población.

 

Marcha Patriótica Antioquia
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