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Catatumbo: Campesinos rechazan temeraria versión del ejercito

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Los militares señalan de manera irresponsable al joven campesino Salvador Duran, presuntamente asesinado por unidades de la fuerza de tarea vulcano, como guerrillero del ELN.

El pasado 27 de junio de junio se perpetró el homicidio del joven Salvador Jaimes Durán, en el sector conocido como caño totumo de la vereda Filo guamo, del municipio de Teorama, Norte de Santander, hecho que fue perpetrado presuntamente por miembros del Ejército Nacional que hacen presencia en la zona según versiones dadas por la comunidad. Aduciendo así ser este hecho una presunta ejecución extrajudicial, razón por la cual la Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, miembros de las juntas de acción comunal del sector, diferentes sectores sociales y la institucionalidad, acompañamos a la familia y comunidad de la víctima posteriormente a la ocurrencia de los hechos, solicitando la presencia de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público, quienes atendieron el llamado.

Una vez se realizaron las diligencias judiciales a cargo del ente acusador, el ejército nacional se pronunció, tras circular en las redes sociales una fotografía de un miembro del ELN tomada en el mes de junio del año en curso, indicando que “… al parecer es la persona que murió en la vereda Filo Guamo del municipio de Teorama…”; una vez conocido este pronunciamiento, la ASCAMCAT se permite expresar a la opinión pública frente al mencionado comunicado que:

1. Confiamos en la versión de la comunidad sobre la procedencia de Salvador Jaime Durán como un joven de la comunidad, trabajador, miembro de la junta de acción comunal, sin vínculos con grupos armados y quien además trabajaba por el bienestar de su familia.

2. En cuanto a las imágenes, es claro que es una filtración manipulada por la inteligencia militar con el fin de evadir la responsabilidades judiciales ante la presunta autoría de los hechos, por lo tanto, es la Fiscalía general de la nación como ente investigador y acusador, quien debe identificar plenamente a la víctima, realizando un cotejo morfológico facial, pues corresponde a un procedimiento obligatorio en el proceso penal que se debe adelantar con las debidas garantías a los familiares de la víctima, quien no fue reportado por parte del ejército nacional en el momento de la ocurrencia de los hechos.

3. El ejército nacional realiza una acusación infundada sobre la “alteración” de la escena de los hechos, situación que de plano es una forma de calumnia directa a las comunidades al no tener una certeza sobre lo dicho y ser esta una conducta típica en la legislación penal, así mismo, indica una “irregularidad” de la que fueron objetos los seis militares, desconociendo que el artículo 32 de la Constitución Política así lo establece y en concordancia los artículos 301 # 2 y 302 de la ley 906/04 establecen la facultad de aprehender materialmente a cualquier presunto autor de una conducta punible, flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia inferida, tesis que es reforzada en jurisprudencia de la Corte Constitucional como lo dispone la sentencia C – 303/19, por mencionar solo una de ellas.

4. Teniendo en cuenta esta situación surgen una serie de preguntas frente a los hechos como las siguientes: ¿ Por qué el ejército nacional abandono el cuerpo una vez ocurridos los hechos y no procedieron en acordonar el área?, ¿ Por qué el sargento a cargo de unidad militar negó que los 6 uniformados eran del ejército nacional?, ¿Por qué horas después sí admitió que estaban bajo su cargo?, ¿Por qué intentó encubrirlos?, ¿Por qué ahora sostienen la teoría de un presunto enfrentamiento cuando inicialmente negaron todo?, ¿ Por qué a última hora se divulgan imágenes de las que no tienen certeza alguna?.

5. Como organización social y campesina, defensora de los Derechos Humanos, presentamos preocupación a la comunidad nacional e internacional, por cuanto los hechos que han ocurrido en la Subregión del Catatumbo, en los que se encuentran inmersos miembros de las fuerzas militares y que finalmente afectan al campesinado. A través de diferentes formas se ha buscado tergiversar la información a la opinión pública, justificando las agresiones en contra del campesinado catatumbero, como ejemplo lo acontecido en el caso de Dimar Torres, donde la versión inicial fue un presunto forcejeo y hoy día ya existe una condena judicial, el “confuso hecho” en que fue ejecutado Alejandro Carvajal, presentando la versión de un presunto accidente, y la ejecución de Digno Emérito Buendía, donde se argumentó un intercambio de disparos entre el ejército nacional y el hoy fallecido con “palos y machetes”.

Finalmente exigimos que estos hechos se investiguen a profundidad, se determinen los responsables y no se estigmatice a las comunidades afectadas con este tipo de hechos.

 

 

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