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Campesinado del Bajo Cauca antioqueño exige cumplimiento del gobierno en la sustitución de cultivos

Campesinado del Bajo Cauca antioqueño exige cumplimiento del gobierno en la sustitución de cultivos - coca_5_3

El gobierno no honra los acuerdos, permitiendo así el despliegue grupos que se disputan el control territorial

Los campesinos del Bajo Cauca antioqueño, se pronunciaron frente a la situación en presentada en su región el marco de los reiterados incumplimientos por parte del gobierno, frente a la implementación del Programa nacional integral de sustitución de cultivos, PNIS.

Las organizaciones además expresaron su profunda preocupación, ante los limitados avances de la implementación del acuerdo de paz, que según el informe del Instituto Kroc, de la norteamericana Universidad de Notre Dame, llega solo al 25% del estado actual de su implementación. El campesinado considera, que esta es una fase clave donde se empiezan a estructurar las medidas de mediano y largo plazo, e impacto en los territorios, del acuerdo de paz, y además porque el programa de sustitución, articulado a la implementación del acuerdo, solamente tiene un avance del 6%. Éste panorama ha obligado que las organizaciones campesinas, insistan en el llamado directo al presidente Iván Duque, para que se dé pleno cumplimiento al decreto ley 896 de 2017, que creó el Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS, y que garantiza la implementación y desarrollo normativo del punto 4.1 del acuerdo final de paz, ya que a la fecha la mayoría de familias que celebraron acuerdos colectivos de sustitución en el Bajo Cauca se encuentran en un estado de zozobra al no ver cumplimiento de lo pactado por parte del estado.

El campesinado cultivador de coca, no han faltado a los compromisos firmados , y ha evidenciado constantemente su voluntad de transitar hacia formas productivas de vida no vinculadas a la dinámica de las drogas ilícitas, situación que se corrobora en el informe 21 de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC, sobre el PNIS, donde indica que el 98% de las familias en los municipios Cáceres y el 99% de las familias de Tarazá, han cumplido con la erradicación de sus cultivos, y están a la espera de que se garanticen las otras fases del programa. Por ello las comunidades campesinas, consideran injustificado la actual situación de suspensión del PNIS, y las modificaciones que se han hecho a la ruta metodológica, definidas unilateralmente por los funcionarios del gobierno a finales del año 2018 y comienzos del 2019, que han traído negativas consecuencias para todas las comunidades que suscribieron acuerdos en el territorio, y acabaron su dependencia económica de los cultivos de uso ilícito.

Esta situación rebela que frente al compromiso de las familias campesinas, el gobierno no ha mostrado correspondencia ni corresponsabilidad, por el contrario, no promueve el avance del PNIS, desconociéndolo como un compromiso de estado, que está diseñado a un plazo de 10 años. Desde el gobierno se ha diseñado una ruta metodológica que no ha cumplido con los imperativos del programa, su ejecución a corto mediano y largo plazo, al desconocer las diferentes instancias reglamentadas, al no convocarlas, ni garantizar la seguridad y bienestar económico de las familias, que han erradicado voluntariamente, este comportamiento l ha sembrado la desconfianza en los campesinos de la región, después de una situación crítica del programa, donde se han aplazado los pagos, no se realizan las reuniones de seguimiento y evaluación, y se han desplegado operativos violentos de erradicación forzosa los territorios, que han dejado campesinos muertos y heridos.

Producto de la presión del campesinado, el día viernes 12 de junio se realizó una reunión de la comisión municipal de planeación participativa del PNIS, que como concluye el movimiento campesino, no tuvo avances significativos, ya que como afirman, en el informe se presentaron los mismos datos e información de los avances del plan del año anterior, y se justifica la falta de avances en la implementación, como producto de la situación de emergencia de salud ocasionada por la pandemia del COVID- 19. Pero los campesinos resaltan que esta situación de incumplimientos reiterativos, se venía presentando antes del surgimiento de la pandemia, por tanto los labriegos proponen la urgente convocatoria del Consejo asesor territorial de Antioquia, qué es la instancia de seguimiento e impulso del PNIS, para que se le dé respuesta a una serie de interrogantes que plantea el movimiento campesino, como son: La situación de los recolectores que se acogieron al programa, si estos van a ser contratados por el programa, la situación de los proyectos productivos en Barro blanco y el doce, las fechas de inicio de los proyectos productivos de mayor inversión en los núcleos veredales de los municipios, y porque no habido respuestas a las solicitudes que han hecho las organizaciones y las comunidades respecto a las inconsistencias de la implementación del programa.

Las organizaciones han propuesto que se mantengan los espacios de reunión, donde se cumplan los protocolos de bioseguridad, para activar la dinámica de coordinación conjunta con respecto a la implementación , y rechazan los atropellos permanentes de la fuerza pública en medio de los operativos de erradicación forzosa, donde además están poniendo en potencial riesgo las comunidades, ya que estos operativos los militares y erradicadores no tienen ningún tipo de medida de bioseguridad para evitar la propagación y Contagio por COVID-19.

El campesinado hizo el llamado para que los esfuerzos institucionales dirigidos a la erradicación forzosa, sean orientados a la atención de la población rural, a la garantía de seguridad y protección de las comunidades organizaciones y los territorios, y a impedir una crisis socioeconómica de grandes proporciones, que agudizaría el conflicto social en la región.

El gobierno tiene la obligación de atender las solicitudes de las comunidades, que están comprometidas con la paz a pesar de la decidía oficial para cumplir con los acuerdos y la guerra entre grupos armados que ha cobrado la vida de líderes comunitarios, donde además se somete a sus familias a prácticas macabras para instalar el miedo en la región, como en el caso del asesinato del líder campesino de la junta de acción comunal de la vereda Urales en Taraza, miembro de la Asociación campesina del bajo cauca y de Marcha patriótica, Edier Adán Lopera, asesinado en la vereda Caracolí de este municipio y cuyo cuerpo permanece insepulto hace 9 días por orden de los grupos paramilitares responsables del crimen, sin que el gobierno realice operativo alguno por recuperar su cuerpo.

Este acto necrófago contra las comunidades de esta región, denota del desprecio a la vida de estos grupos que se disputan el control territorial y se oponen a la sustitución, el gobierno al no alentar los acuerdos construidos con las comunidades, por omisión, está permitiendo que estos escuadrones de la muerte actúen a sus anchas sembrando dolor y desolación. La guerra contra las drogas no es la ruta, el camino es la sustitución voluntaria y concertada, y el cumplimiento irrestricto de los acuerdos, la implementación del acuerdo de paz es la manera de ponerle coto a los señores de la guerra y de la muerte, el gobierno no puede seguir haciéndose el de la vista gorda con las comunidades del Bajo Cauca.

 

 

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