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Antioquia: Otro campesino asesinado por el Ejército en medio de operativos de erradicación violenta

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                                                                            Campesino Ariolfo Sánchez Ruiz

Diferentes organizaciones sociales y campesinas del departamento de Antioquia, elevaron ayer la denuncia pública frente al homicidio perpetrado el miércoles 20 de mayo, por miembros del Ejército Nacional contra el campesino Ariolfo Sánchez Ruiz, en zona rural del municipio antioqueño de Anorí.

La Asociación Campesina de Norte de Antioquia, la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, de Anorí, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, y el Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, Indicaron que desde el día 8 de mayo se habían solicitado todas las garantías para proteger el derecho a la protesta social ejercida por las comunidades de la región, qué se encontraban movilizadas en rechazo al incumplimiento permanente de la implementación del programa Nacional de sustitución voluntaria cultivos de uso ilícito, componente del punto 4 del acuerdo final de paz, firmado por el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, incorporados en la constitución y normados por el decreto ley número 896 del 29 de mayo de 2017.

Las organizaciones campesinas y de protección de derechos humanos, constatan que las comunidades buscaron siempre el diálogo permanente con los representantes del Estado, en esa ruta propusieron un encuentro para el día 15 de mayo con las autoridades civiles y militares para buscar salidas a la problemática de erradicación forzada en la zona, pero el día 18 de mayo las comunidades campesinas, con profunda preocupación denunciaron la presencia de unidades militares encapuchadas movilizándose las veredas Tacamocho y Tenche Salino, en jurisdicción del municipio de Anorí.

Esta irregular situación antecedió los acontecimientos presentados el día 20 de mayo, cuando sobre las sobre las 10 de la mañana en el marco de un operativo de erradicación forzada desarrollado en la vereda Tenche Bajo, las comunidades denuncian que fueron ametralladas desde helicópteros que sobrevolaban la zona, cuando se oponían a la erradicación, los campesinos lograron resguardarse ilesos y al llegar la tarde varios campesinos se desplazaron hacia el sitio conocido como Palo Gordo, ubicado entre las veredas Trenche limón y Tacamocho, dónde son detenidos arbitrariamente por los soldados, el campesinado denuncia que, en medio de esa situación, los militares “asesinaron cobardemente” a su compañero Ariolfo Sánchez.

Este crimen, que las organizaciones campesinas no dudan de catalogar como crimen de estado, se suma a otras graves violaciones de derechos humanos que se han presentado en el país este año, agudizadas en el marco de la emergencia sanitaria. En la región del norte de Antioquia, el antecedente más cercano fue la desaparición forzada de Didian Arley Agudelo, campesino de 38 años, en hechos acontecidos en la zona rural del municipio de Campamento, quién fue desaparecido y posteriormente asesinado, presuntamente a manos del Ejército Nacional, como denuncian sus familiares y la comunidad.

En el transcurso de esta semana en el marco de operaciones de erradicación forzada y violenta, también fue asesinado el labriego Digno Emérito Buendía Martínez, en zona rural del municipio de Cúcuta, estos hechos evidencian que el estado ha priorizado el tratamiento militar y de guerra contra las comunidades que exigen sus derechos y la implementación de los acuerdos, acuerdos frente a la sustitución voluntaria de cultivos que el gobierno ha dejado incumplido recurrentemente.

Las organizaciones campesinas y sociales del departamento exigen que el Estado cumpla sus obligaciones constitucionales de garantías de no repetición y que no se reediten los crímenes de estado, la comunidad campesina acompañada por las organizaciones sociales del departamento de Antioquia emplaza al Gobierno Nacional a que detenga las acciones de erradicación forzada, máxime cuando cobran la vida de campesinos y ponen el elevado riesgo de contagio por COVID-19 a las comunidades.

Que se cumpla a cabalidad con el Programa Nacional Integral Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, PNIS y con la implementación del acuerdo de paz, que además, se investigue y judicialice a los miembros de la fuerza pública responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos y que cese toda forma de violencia y empleo de armas contra la población civil en la ruralidad por parte de la fuerza pública.

Las organizaciones culminan su comunicación solicitando una veeduría internacional que, en medio de la dificultad de hacer presencia en el territorio, acopie toda la documentación para constatar los hechos denunciados por las comunidades campesinas en Anorí y las zonas del país donde los excesos de la actuación de la fuerza pública han dejado civiles asesinados y heridos.

La paz no puede seguir costándole la vida a las comunidades de la ruralidad, que han sido las victimas seculares del conflicto, el gobierno debe honrar los acuerdos, cumplirle a los campesinos, no seguir mancillando sus derechos.

 

Agencia Prensa Rural
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