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Alerta por violaciones masivas a derechos humanos cometidas por agentes estatales en el marco del Paro Nacional en Colombia

Alerta por violaciones masivas a derechos humanos cometidas por agentes estatales en el marco del Paro Nacional en Colombia - 2-750x330-1

Presidenta María Antonia Urrejola
Primera Vicepresidenta Julissa Mantilla Falcón 
Segunda Vicepresidenta Flavia Piovesán
Comisionada Margarette May Macauly
Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño
Comisionado Joel Hernández García
Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana
Relator Especial para la libertad de expresión Pedro Vaca Villareal
Secretaria Ejecutiva Interina María Claudia Pulido
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Ref. Alerta por violaciones masivas a derechos humanos cometidas por agentes estatales en el marco del Paro Nacional en Colombia

Señores y señoras Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Las plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y de derechos humanos y personas abajo firmantes, nos dirigimos a Ustedes, con el fin de remitir información sobre las violaciones a derechos humanos que han tenido lugar desde el 28 de abril de 2021 en el territorio nacional en el contexto de protestas sociales en Colombia. Acudimos a Ustedes con el propósito de que se dirijan de manera urgente al Estado colombiano para que adopte medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por hechos de estigmatización, violencia policial, detenciones, atentados y judicializaciones arbitrarias cometidas por autoridades del poder Ejecutivo, fuerza pública y poder judicial.

En este sentido, es importante destacar que, mediante Resolución 001/20, la CIDH identificó que, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID19, “prevalece por parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza”. Resolución en donde además se realizaron recomendaciones a los Estados respecto de la proporcionalidad y necesidad de las restricciones realizadas a los derechos humanos. Similar postura fue adoptada por la Corte Interamericana en su Declaración 1/20, donde expresó que en dentro del marco de la protesta social “[d]ebe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de

contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana” [1]. Estas recomendaciones no han sido cumplidas por el Estado, razón por la que requerimos su urgente intervención.

I. ELEMENTOS DE CONTEXTO

A raíz del anuncio gubernamental de un nuevo proyecto de reforma tributaria regresiva, organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos y la ciudadanía en general convocaron a una jornada de paro nacional a desarrollarse a partir del 28 de abril del presente año. Dicha convocatoria se produjo en un contexto de insatisfacción general por el mal manejo gubernamental de la pandemia COVID-19, el incremento de la pobreza, el desempleo y en general, el deterioro de las condiciones sanitarias y de vida de la población.

Desde el mismo momento de la convocatoria, autoridades gubernamentales intentaron disuadir a la ciudadanía a través de discursos estigmatizantes para no realizar las manifestaciones convocadas. Adicionalmente, para las organizaciones firmantes, resulta muy preocupante que personalidades públicas utilicen las redes sociales para promover la estigmatización, criminalización y más grave aún, la justificación de la violencia armada en contra de las personas manifestantes. Esta situación se evidenció con un tweet publicado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que señalaba:

“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”[2]

Las graves violaciones a derechos humanos que a continuación se enuncian han sido repetitivas y constantes al punto que en septiembre de 2020, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, reconoció a través de una decisión de tutela que la violencia policial era sistemática y ordenó una serie de medidas entre ellas, la orden al Ministro de Defensa de excusarse públicamente, la orden a las autoridades de guardar neutralidad discursiva frente a las protestas, la adopción concertada de un Protocolo de limitación del uso de la fuerza policial [3].

Como informamos en su momento a la H. Comisión y posteriormente ampliamos en audiencia sobre situación de derechos humanos adelantada en diciembre de 2020, entre el 9 y 10 de septiembre pasado, 10 jóvenes (entre 17 y 25 años) fueron asesinados por la Policía Nacional en Bogotá, la capital del país, y 3 más en el municipio de Soacha. En los mismos dos días 300 personas fueron heridas, 77 de ellas con arma de fuego [4]. Como se señaló en su momento, las investigaciones judiciales no han sido efectivas y varios hechos son de conocimiento de la jurisdicción penal militar.

Entre las constantes se advierte: i) la estigmatización de la protesta; ii) el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza policial en contra de manifestantes; iii) el abuso de figuras policiales como “traslado por protección” en contra de la ciudadanía; iv) allanamientos ilegales y arbitrarios; v) judicializaciones arbitrarias e vi) intervención del Ejército Nacional en escenarios de protesta.

II. VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS DURANTE LAS JORNADAS DE PROTESTA

Según cifras de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”, la cual agrupa diferentes organizaciones de derechos humanos en procura de hacer seguimiento y velar por los derechos humanos en las protestas sociales, entre el 28 y el 30 de abril de 2021, se registraron, al menos, los siguientes hechos violatorios [5].

  1. La Policía Nacional de Colombia hirió a 105 personas, de estas, 6 sufrieron lesiones oculares y 4 fueron impactadas por armas de fuego.
  1. Entre el 28 y el 30 de abril, dentro del marco de protestas sociales, se registró la muerte de 4 personas; 3 en Cali y 1 en Neiva. Cifra que aumentó considerablemente al finalizar el 30 de abril. Las organizaciones de derechos humanos, en sus reportes, han denunciado que solo en Cali, se investigan 14 homicidios. De estos 7 han sido verificados y otros 7 se encuentran en proceso de verificación.
  2. El 28 de abril, se registraron 286 personas detenidas en las ciudades de Bogotá, Cali, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. Solo en Medellín, se registraron 159 detenciones arbitrarias, encontrando que, el traslado por “protección” fue un mecanismo instrumentalizado para llevar a cabo detenciones masivas y arbitrarias. Según reportes de organizaciones sociales de Antioquia, al menos 92 personas fueron retenidas bajo esta figura legal.
  3. De igual manera, el 28 de abril de 2021, solo en Medellín, se presentaron 226 agresiones en contra de manifestantes, personas defensoras de los DDHH y colectivos de prensa. El 29 de abril la policía nacional agredió en la ciudad de Medellín a 6 personas defensoras de derechos humanos, las cuales fueron golpeadas con graves lesiones como resultado.
  4. En el marco de las manifestaciones del 28 de abril, la Fiscalía General de la Nación realizó 9 allanamientos y capturó a 14 jóvenes en Bogotá, Cali e Ibagué, en estas diligencias, se demostró que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial incurrieron en varias irregularidades a los derechos fundamentales de los capturados y las partes, por lo que tanto, las capturas y los allanamientos fueron declarados ilegales por la juez de control de garantías [6]. La Fiscalía General de la Nación mediante comunicados públicos y ruedas de prensa, a través de Francisco Barbosa y la oficina de prensa de la fiscalía, señalaron a las personas capturadas como miembros de movimientos clandestinos [7] y los responsabilizó de actos vandálicos ocurridos en septiembre de 2020 [8], vulnerando el principio de inocencia, dichas afirmaciones calumniantes han sido replicadas por medios de comunicación de cobertura nacional, quienes han señalado a los jóvenes de ser terroristas, poniendo así en grave riesgo su integridad.
  5. El 30 de abril, en el caso de los 14 jóvenes y los 9 allanamientos, se ha evidenciado persecuciones y seguimientos por parte de miembros de la policía nacional a algunos jóvenes, aunque el fiscal asignado a su caso ha manifestado que no existen órdenes de captura o de seguimiento vigentes contra ninguno de los 14 jóvenes.
  6. Durante las protestas, se reportaron al menos 32 agresiones físicas a personas defensoras de derechos humanos por parte de la Policía Nacional.
  7. A la privación de la libertad se suma la perpetración de torturas en contra de quienes participaban de las manifestaciones o transitaban en sus inmediaciones Golpizas, amenazas, choques eléctricos fueron propinados por los policiales de manera indiscriminada y brutal, produciendo heridas abiertas y graves contusiones a las víctimas, así como nuevamente se presentan agresiones en contra de las mujeres por su sexualidad y condición de género.
  8. El 30 de abril, en inmediaciones del parque Santiago, en la ciudad de Pasto Nariño, fueron retenidos de forma arbitraria los defensores de DDHH Nahomi Bravo del Comité de DDHH de la Universidad de Nariño, Diana Martínez, Martha Ceballos de la Fundación MURÚ, Dilcia Benítez de Mujeres Nariñenses por la Paz y Javier Dorado del CPDH-NARIÑO, siendo trasladados en un camión de la policía al coliseo del barrio Obrero, donde posteriormente luego de las denuncias y presión de organizaciones de Derechos Humanos fueron dejados en libertad, en dicho coliseo se registró también la retención ilegal de por lo menos 150 personas, entre los que se encontraban varios menores de edad.
  9. Los/as periodistas que han hecho cubrimiento de las protestas también han sido blanco de la agresión policial y de la obstrucción de los agentes a su labor, el hurto y la destrucción de medios para el registro de los hechos como celulares y cámaras fotográficas, intentos de privación de la libertad y amenazas contra su integridad.
  10. De igual forma, en redes sociales se han denunciado dos hechos de violencia sexual, uno en el municipio de Soacha (Cundinamarca) contra una joven afrodescendiente, ocurrido el 28 de abril y otro cometido el 30 de abril en Cali, Valle, contra una manifestante. Ambos habrían sido cometidos por integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. En la ciudad de Medellín una joven que fue remitida para valoración de Medicina legal por las agresiones sufridas, fue objeto de agresión sexual por parte del médico legista.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos hemos denunciado insistentemente que en las detenciones no se cumplieron los procedimientos establecidos en las leyes colombianas, por lo cual las detenciones fueron mayoritariamente ilegales, incluso más de 10 intentos de judicialización fueron declarados ilegales por jueces de control de garantías. Un ejemplo de ello fue el caso del ciudadano Edwin Daniel Zambrano, detenido arbitrariamente el 28 de abril de 2021 en Bogotá y atendido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), en el que una jueza ordenó investigar a los funcionarios de policía por cometer una detención arbitraria, omitir el deber de investigación e intentar engañar a jueces y fiscales con la emisión de informes sesgados.

De igual forma, durante las audiencias se advirtió que las detenciones se practicaron con base en estigmatizaciones, puesto que el debate dio cuenta de una redada a 14 jóvenes a las 6 de la mañana basados en un informante que solamente dio direcciones que fueron contrastadas con catastro y por el solo hecho que las direcciones coincidían con la información suministrada se hicieron las 14 operaciones de allanamiento. También se resalta que, durante los procesos de captura, se tuvieron en cuenta como elementos materiales probatorios tener una pañoleta de un cabildo indígena o una pancarta de Colombia Humana, lo cual es una clara estigmatización. En este mismo sentido, no existe una cadena de custodia de dichos elementos probatorios incautados durante la aprehensión.

En este contexto, también hacemos especial énfasis en las detenciones de Juan David Rodríguez Monroy y Daniel Alejandro Fraile Monroy, quienes fueron detenidos juntos el 28 de abril por la Policía Nacional en Bogotá y negado su paradero por más de 6 horas por los agentes de policía asignados a la URI de Puente Aranda, pese a que un abogado de la Comisión Colombiana de Juristas se desplazó hasta dicho lugar a entrevistarse con sus representados, sin embargo, le negaron entrevistarse con los jóvenes, ya que, según los funcionarios de la Policía, los chicos no se encontraban en ese sitio y señalaron que se encontraban en la unidad antiterrorismo, pues era la unidad encargada del operativo. Es importante hacer énfasis en que el abogado de la CCJ contaba con poder de representación otorgado por las madres de estos.

Los jóvenes Rodríguez y Fraile fueron incomunicados por más de 12 horas, impidiendo así su derecho a comunicarse con el defensor de confianza y sus familias, también, el 29 de abril sus abogados pudieron encontrarlos y comunicarse con los jóvenes, quienes habrían sido torturados y maltratados, ante la cantidad de irregularidades y vulneraciones a los derechos humanos, un juez de control de garantías decretó la ilegalidad de los procedimientos de captura. Manifestamos nuestra especial preocupación por la intervención del Ejército Nacional en escenarios de protesta. Así se ha advertido el uso de personal del Ejército Nacional armados con fusiles en los puntos de concentración de las manifestaciones como ocurrió en el oriente antioqueño, en el municipio de Bello (Antioquia) y en Cali, ciudad en la que el Ministerio de Defensa reconoció haber enviado 300 soldados[9].

En alocución radial, el Ministro del Interior presentó está participación del Ejército en la protesta como una necesidad [10], a pesar de que las funciones constitucionales del Ejército se circunscriben a la defensa de la soberanía nacional, en la misma intervención, anunció la posibilidad de militarización de varias ciudades.

Finalmente, sobre la situación acaecida quisiéramos referenciar algunos espacios virtuales que pueden ser consultadas para ampliar la información aquí plasmada:

 

 

III. VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CALI Y PASTO

 

Aunado a la situación anteriormente expuesta, las organizaciones aquí firmantes alertamos sobre lo que sucedió y está sucediendo en ciudades como Cali y Pasto, en donde se han identificado al menos lo siguiente:

 

  • El 28 de abril fueron asesinados dos menores de trece y dieciséis años de edad, quienes habrían recibido disparos por parte de patrulleros de la Policía Nacional.
  • El 29 de abril se registró la muerte del joven de 17 años, Marcelo Agredo, en un punto conocido como Puerto Rellena, en Cali.
  • Además, fueron retenidos de manera arbitraria al menos 26 defensores de derechos humanos en el marco de su ejercicio de defensa, a algunos de ellos les quitaron sus chalecos e identificaciones, uno de ellos reportó haber sido torturado al interior de una patrulla de la Policía Nacional [11].
  • En el Coliseo las Américas, ubicado en la Carrera 12 en la ciudad de Cali, llegó la patrulla móvil No. 27-1384, de la cual descendieron entre 15 a 20 chicos que estaban detenidos, minutos después arribó la Patrulla 27-3344, donde descienden otros 8 hombres detenidos. Igualmente, en el Parque Las Banderas, se produjo la detención de 3 personas, las cuales fueron trasladadas a la estación de Policía del Lido. Sin embargo, se acudió a dicha estación de policía e informaron que las personas detenidas no fueron trasladadas a dicha estación, sino al Coliseo Las Américas, una vez allí, la información recibida fue que tampoco se encontraban en dicho lugar [12]
  • El 30 de abril de 2021, se registraron al menos cuatro víctimas de homicidio, presuntamente por el accionar de la policía y siete muertes más, ocurridas en los barrios Calipso, el Diamante, Sindical y el paso del comercio, al oriente de la ciudad de Cali. Entre las personas asesinadas se encuentran: Einer Alexander Lazo, pensionado de la Policía Nacional, Jovita Osorio docente infantil, Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete y Rosemberg Duglas.
  • Se denuncia también la presencia de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad-GOES quienes presuntamente abrieron fuego contra la población civil.
  • El 30 de abril en horas de la noche fueron atacados con disparos de arma de fuego, los vehículos en el que se desplazaban defensores de derechos humanos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y de la Campaña defender la libertad: asunto de todas, organizaciones que han venido haciendo monitoreo, verificación, denuncia y asistencia jurídica a quienes ejercen sus derechos en el marco de la protesta social.
  • Este atentado contra la vida e integridad física sucedió luego de que coincidencialmente, fuese suspendido el servicio público de electricidad en la ciudad de Cali y luego de participar en una rueda de prensa en la que denunciaron las graves violaciones a los DDHH ocurridas en el departamento A la altura del colegio Santa Librada, el conductor del primer vehículo ocupado en el cual se desplazaban las y los defensores se vieron obligados a reducir la velocidad debido a que fueron apuntados con un láser verde al rostro, posteriormente les dispararon desde el puente que se encuentra ubicado unos metros más adelante. Según habitantes del lugar, justo después de que el servicio de luz fue suspendido, varios hombres armados y vestidos de negro, dispararon a manifestantes y habitantes de los sectores en que se desarrollaban protestas.

 

En caso de que se obtenga ampliación de la información aquí reportada, será comunicada más adelante. Igualmente, quedamos atentas si alguna de esta información requiere ser ampliada.

 

  1. SOLICITUDES

 

Solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que, en el marco de su función de promover y proteger los derechos humanos en el continente, se dirija al Estado colombiano para exigir de sus autoridades:

  1. El respeto irrestricto al derecho a la protesta social y las garantías para que este pueda desarrollarse libremente.
  2. La suspensión del uso del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD en las manifestaciones pacíficas.
  3. La erradicación de cualquier estrategia de militarización y de guerra para dar tratamiento a la protesta social.
  4. La abstención de discursos estigmatizantes y criminalizadores en contra de la protesta social y manifestantes.
  5. La investigación en la jurisdicción ordinaria, con estándares de debida diligencia e imparcialidad, de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas.

 

Igualmente solicitamos activar la Sala de Coordinación y Respuesta oportuna e Integrada (SACROI) para Colombia y se convoque a una reunión urgente con organizaciones y redes de la sociedad civil colombiana que suscriben la presente comunicación

Con sentimientos de consideración y estima,

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines

  1. Asociación Colombia Soy Yo – ASY
  2. Asociación de Víctimas por la Paz y el Desarrollo, Asvipad
  3. Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, Asovisna
  4. Asociación Democracia Hoy
  5. Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC
  6. Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA 7. Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas
  7. Caribe Afirmativo
  8. Casa de la Mujer
  9. Central Unitaria de Trabajadores – CUT
  10. Ciudad en Movimiento
  11. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
  12. Colectivo de Exiliados/ Refugiados Colombianos en Ecuador CERCE
  13. Colectivo Jurídico Popular
  14. Colectivo Jurídico Popular
  15. Colectivo Migrantes y Exiliadxs Colombianxs por la Paz MECoPa
  16. Colectivo Tejiendo Memorias
  17. Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
  18. Comisión de Garantías y Derechos Humanos Coordinación Social y política Marcha Patriótica
  19. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  20. Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA NARIÑO
  21. Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP
  22. Comité Permanente para la Defensa de los derechos Humanos – CPDH
  23. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia Héctor Abad Gómez
  24. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca
  25. Corporación Regional para la defensa de los DDHH de Barrancabermeja CREDHOS
  26. Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC
  27. Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC, Seccional Bucaramanga
  28. Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano-CONPA
  29. Consultiva Distrital Mujeres de Buenaventura
  30. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
  31. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CEEEU
  32. Coordinación Regional del Pacífico
  33. Corporación Acción Humanitaria Por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA
  34. Corporación ÁGORA Club
  35. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
  36. Corporación Colombiana de Teatro
  37. Corporación Conciudadanía
  38. Corporación Humanas-Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género
  39. Corporación Jurídica Libertad-CJL
  40. Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
  41. Corporación organizando haciendo y pensando el Pacifico CORHAPEP
  42. Corporación Reiniciar
  43. Corporación Sembrar
  44. 44.Corporación Sisma Mujer
  45. Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC
  46. Corporación Viva la Ciudadanía
  47. Corporación Yurupari
  48. Crudo Transparente
  49. Enda Colombia
  50. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE
  51. Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de las Artes gráficas, Papeleros y Afines – Fenalgrap
  52. Fundación BAKIA Defensores de la Dignidad de los pueblos. DD.HH
  53. Fundación de Derechos Humanos Pasos
  54. Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano FUNDESUMA
  55. Fundación Desarrollo y Paz-FUNDEPAZ
  56. Fundación Guagua
  57. Fundación Lazos de Dignidad
  58. Fundación Nydia Erika Bautista
  59. Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano – Garifuna
  60. Fundación Social para la productividad
  61. Fundación Visión Pacifico “VP
  62. Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad
  63. Humanidad Vigente Corporación Jurídica – HVCJ
  64. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
  65. International Lawyers Assisting Workers Network – ILAW
  66. 66.Justicia R Colectivo Justicia Racial
  67. Mesa de derechos humanos y atención humanitaria del Oriente antioqueño
  68. Mesa Territorial de Garantias del Choco
  69. MOVICE Capítulo Madrid
  70. Movimiento estudiantil xuacha MEXU
  71. Movimiento Nacional de Crímenes de Estado – MOVICE
  72. Observatorio para la paz Valle del Cauca
  73. Organización de Colombianos Refugiados en Chile-OCORCH
  74. 74.Periferia
  75. Planeta Paz
  76. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Democracia y Desarrollo – PCDHDD
  77. Race and Equiality
  78. Rakas Bikepolo DDHH
  79. Red ConPaz #Somos Génesis
  80. Red Contra el Abuso de Autoridad
  81. Red de Derechos Humanos del Suroccidente colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”
  82. Red de Victimas Colombianas por la Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ-LAC
  83. Red Departamental de Mujeres Chocoanas
  84. Red Juridica Feminista
  85. Red Rojo y Violeta
  86. Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos
  87. Redepaz
  88. Resguardo Humanitario y Biodiverso comunidad Indígena Unión Agua Clara, Rio Bajo San Juan – Buenaventura – Valle del Cauca .
  89. Resguardos humanitaria y Biodiverso Santa Rosa de Guayacán
  90. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario – Sinaltrainal
  91. Sintrabrinks
  92. Sintraincolbest
  93. Taller Abierto
  94. Temblores ONG
  95. 95.UNI- Américas
  96. Unión de Ciudadanas de Colombia Seccional Cali
  97. Veeduria Ambiental y social Maipore

Y las siguientes personas:

Gloria Flórez Schneider (defensora de ddhh), Daniel García Peña, Cesar López (músico), Laura Gil, Fredy Socarras, José Noé Ríos, Arlene Tickner, Carlos Satizabal, Hugo Buitrago, integrantes del Movimiento Defendamos la Paz;

Santiago TresPalacios (abogado); Edith Carrillo Amaya; Luz Adriana Peláez González, Juan José Zapata Valencia; Mauricio E. Giraldo Mejía; Andrés Jiménez, Zoraida Hernández (abogada y defensora de DDHH)

 

Bogotá D.C. y Medellín, 1 de mayo de 2021

 

[1] Corte IDH. Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20. COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales. 29 de abril de 2020, p. 2.

[2] Este trino fue eliminado de la plataforma twitter por “glorificación de actos violentos” e incitación a la violencia. El Tiempo Twitter elimina trino del expresidente Uribe sobre uso de amas 01 de mayo de 2021.

[3] En su decisión, la Corte Suprema de Justicia señaló: “hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”. Corte Suprema de Justicia, STC7641-2020, 22 de septiembre de 2020.

[4] El Tiempo. Casos de exceso policial en Bogotá en protestas, 14 de septiembre de 2020. Consultado en: https://bit.ly/3nD3ngo. Tomado de: Campaña Defender la Libertad, Audiencia ante la CIDH, diciembre de 2020.

[5] Boletín Informativo 4: Paro Nacional. Campaña Defender la Libertad. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-4-paronacional/

[6] https://www.elespectador.com/noticias/bogota/jueza-dejo-libre-a-14-senalados-de-terrorismo-enmarchas del 28 de abril/

[7] Fiscalía General de la Nación. Caen presuntos integrantes de movimientos clandestinos que estarían involucrados en actos vandálicos en Bogotá y otras regiones. 14 capturados. 4 de ellos habrían viajado a Cali, al parecer, a coordinar elaboración de artefactos explosivos para usar en movilizaciones. Tweet del 30 de abril de 2021.

[8]  El Espectador. “Lo que han hecho es un crimen contra la vida”. fiscal Barbosa sobre Paro Nacional 28A”. 28 de abril de 2021.

[9] Ministerio de Defensa, cuenta twitter @mindefensa, 29 de abril de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3ugdfzK

[10] RCN Radio. Entrevista a Ministro del Interior, Daniel Palacios 29 de abril de 2021

[11]Comunicado público (Acción urgente nacional). Congreso de la República de Colombia. (Anexo 1)

[12] Comunicado Cali en manos de la fuerza pública, Paro Nacional 29A” (Anexo 2)

 

 

 

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