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Alerta por el hambre en Colombia

Alerta por el hambre en Colombia - Alerta-por-hambre-en-Colombia-Comunicado

Pronunciamiento sobre la situación de inseguridad alimentaria en Colombia
03 de febrero de 2022

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD) expresa su preocupación frente a la situación de inseguridad alimentaria en Colombia y su posible agravamiento durante los próximos meses.

El pasado 27 de enero de 2022 el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicaron el informe titulado “Focos de hambre”, el cual muestra algunas alertas tempranas y recomendaciones sobre variables sociales, climáticas y económicas particulares que podrían agudizar la inseguridad alimentaria en Colombia, Honduras, Etiopía, Nigeria y Yemen, entre otros 20 países a nivel mundial.

Para el caso colombiano el informe señala que, la inestabilidad política, el impacto de la pandemia de COVID-19, el desempleo, la crisis migratoria regional y el desplazamiento interno son factores que agravarían la situación de hambre en el país, de manera que 7,3 millones de colombianos llegarían a necesitar asistencia alimentaria este año.

El Gobierno Nacional expresó rápidamente su rechazo frente a este informe e instó a la FAO a retirar a Colombia del mapa de países en riesgo. Frente a esto, el representante de FAO en Colombia reconoce que hubo algunos errores en términos comunicativos por no socializar previamente el documento con el gobierno para recibir sus comentarios y porque el mapa usado en el informe ilustra de manera poco acertada la situación de Colombia al no diferenciarla de países con condiciones de inseguridad alimentaria agudas.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que en Colombia no se presente una situación preocupante respecto al hambre y sobre la que el gobierno debe actuar con celeridad. Factores como el desempleo, el aumento de la pobreza, la desnutrición infantil, la corrupción en planes de alimentación y la situación particular de algunas regiones resultan alarmantes para el cumplimiento y garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), especialmente, el derecho a la alimentación.

Según cifras reportadas por el DANE en 2021, la pobreza monetaria nacional subió 6,8 puntos y llegó al 42,5 %, lo que significa que 21 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza. Igualmente, la pobreza extrema aumentó en 5,5 puntos y llegó al 15,1 %. y el desempleo para 2021 tuvo una tasa del 13,7 % (2,2 puntos porcentuales menos de lo registrado en 2020, pero 3,2 % más que en 2019).

Por otro lado, según la encuesta Pulso Social del DANE, para 2021, 1,6 millones de familias redujeron su alimentación a solo dos comidas diarias; 179.174 viven con una comida y 23.701 a veces no alcanzan a recibir ni siquiera un plato de comida al día.

Sumado a ello, la desnutrición infantil sigue siendo un fenómeno latente. Para 2021, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que se afirma que, hasta agosto se notificaron 8.545 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, 38% más que en el año 2020. La Guajira continuó siendo la región más afectada con el 22,6% de los casos1, aun cuando para este departamento se declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional por la violación masiva de derechos humanos en contra de la niñez del pueblo Wayúu en lo que respecta a la alimentación, la salud y el agua.

Así mismo, y a pesar de la situación de desnutrición, no cesan los problemas de corrupción con el Programa de Alimentación Escolar -PAE (el sistema de asistencia alimentaria más antiguo de Colombia). Según la Contraloría General de la República, actualmente se adelantan 153 procesos de responsabilidad fiscal por más de $47 mil millones, por irregularidades en contratación, cobertura, calidad y logística2. Además, en lo corrido del año 2022, ya se han presentado 23 alertas sobre la calidad e inocuidad en la entrega de los alimentos del PAE en Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga3.

Por último, cabe señalar que en Colombia la agricultura tiene gran potencial e incluso, en 2016, la FAO señaló que Colombia es uno de los cinco países más importantes para ser despensa mundial de alimentos por su ubicación y disponibilidad de tierras. No obstante, paradójicamente, más del 65% del suelo potencial para la agricultura en el país no se aprovecha, la producción nacional de los y las agricultores familiares de comunidades indígenas, campesinas y étnicas no es apoyada con políticas públicas con presupuestos y responsabilidades institucionales concretas que apoyen la producción y distribución de alimentos destinada a los sistemas de abasto regionales y nacionales con mecanismos de comercialización justa. Además, el acceso a tierras para campesinos sigue siendo una dificultad

Desde la PCDHDD hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para reconocer la situación actual respecto a los diferentes factores que podrían agravar la inseguridad alimentaria en el país y a tomar prontas medidas para mitigarlos y garantizar el derecho a la alimentación de todos los habitantes.
Invitamos a la ciudadanía a continuar respaldando y exigiendo la implementación de medidas como la renta básica como un mecanismo para garantizar el goce de derechos humanos económicos y sociales y la construcción de la democracia, la implementación a cabalidad del Acuerdo de Paz y el apoyo a la producción alimentaria nacional.

Por: PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Pronunciamiento sobre la situación de inseguridad alimentaria en Colombia
03 de febrero de 2022

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD) expresa su preocupación frente a la situación de inseguridad alimentaria en Colombia y su posible agravamiento durante los próximos meses.

El pasado 27 de enero de 2022 el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicaron el informe titulado “Focos de hambre”, el cual muestra algunas alertas tempranas y recomendaciones sobre variables sociales, climáticas y económicas particulares que podrían agudizar la inseguridad alimentaria en Colombia, Honduras, Etiopía, Nigeria y Yemen, entre otros 20 países a nivel mundial.

Para el caso colombiano el informe señala que, la inestabilidad política, el impacto de la pandemia de COVID-19, el desempleo, la crisis migratoria regional y el desplazamiento interno son factores que agravarían la situación de hambre en el país, de manera que 7,3 millones de colombianos llegarían a necesitar asistencia alimentaria este año.

El Gobierno Nacional expresó rápidamente su rechazo frente a este informe e instó a la FAO a retirar a Colombia del mapa de países en riesgo. Frente a esto, el representante de FAO en Colombia reconoce que hubo algunos errores en términos comunicativos por no socializar previamente el documento con el gobierno para recibir sus comentarios y porque el mapa usado en el informe ilustra de manera poco acertada la situación de Colombia al no diferenciarla de países con condiciones de inseguridad alimentaria agudas.

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que en Colombia no se presente una situación preocupante respecto al hambre y sobre la que el gobierno debe actuar con celeridad. Factores como el desempleo, el aumento de la pobreza, la desnutrición infantil, la corrupción en planes de alimentación y la situación particular de algunas regiones resultan alarmantes para el cumplimiento y garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), especialmente, el derecho a la alimentación.

Según cifras reportadas por el DANE en 2021, la pobreza monetaria nacional subió 6,8 puntos y llegó al 42,5 %, lo que significa que 21 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza. Igualmente, la pobreza extrema aumentó en 5,5 puntos y llegó al 15,1 %. y el desempleo para 2021 tuvo una tasa del 13,7 % (2,2 puntos porcentuales menos de lo registrado en 2020, pero 3,2 % más que en 2019).

Por otro lado, según la encuesta Pulso Social del DANE, para 2021, 1,6 millones de familias redujeron su alimentación a solo dos comidas diarias; 179.174 viven con una comida y 23.701 a veces no alcanzan a recibir ni siquiera un plato de comida al día.

Sumado a ello, la desnutrición infantil sigue siendo un fenómeno latente. Para 2021, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que se afirma que, hasta agosto se notificaron 8.545 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, 38% más que en el año 2020. La Guajira continuó siendo la región más afectada con el 22,6% de los casos1, aun cuando para este departamento se declaró en 2017 un Estado de Cosas Inconstitucional por la violación masiva de derechos humanos en contra de la niñez del pueblo Wayúu en lo que respecta a la alimentación, la salud y el agua.

Así mismo, y a pesar de la situación de desnutrición, no cesan los problemas de corrupción con el Programa de Alimentación Escolar -PAE (el sistema de asistencia alimentaria más antiguo de Colombia). Según la Contraloría General de la República, actualmente se adelantan 153 procesos de responsabilidad fiscal por más de $47 mil millones, por irregularidades en contratación, cobertura, calidad y logística2. Además, en lo corrido del año 2022, ya se han presentado 23 alertas sobre la calidad e inocuidad en la entrega de los alimentos del PAE en Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga3.

Por último, cabe señalar que en Colombia la agricultura tiene gran potencial e incluso, en 2016, la FAO señaló que Colombia es uno de los cinco países más importantes para ser despensa mundial de alimentos por su ubicación y disponibilidad de tierras. No obstante, paradójicamente, más del 65% del suelo potencial para la agricultura en el país no se aprovecha, la producción nacional de los y las agricultores familiares de comunidades indígenas, campesinas y étnicas no es apoyada con políticas públicas con presupuestos y responsabilidades institucionales concretas que apoyen la producción y distribución de alimentos destinada a los sistemas de abasto regionales y nacionales con mecanismos de comercialización justa. Además, el acceso a tierras para campesinos sigue siendo una dificultad

Desde la PCDHDD hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para reconocer la situación actual respecto a los diferentes factores que podrían agravar la inseguridad alimentaria en el país y a tomar prontas medidas para mitigarlos y garantizar el derecho a la alimentación de todos los habitantes.
Invitamos a la ciudadanía a continuar respaldando y exigiendo la implementación de medidas como la renta básica como un mecanismo para garantizar el goce de derechos humanos económicos y sociales y la construcción de la democracia, la implementación a cabalidad del Acuerdo de Paz y el apoyo a la producción alimentaria nacional.

 

Por: PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO

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