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Gobierno catalán: Proceso soberanista no se parará con querellas

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El consejero de Presidencia del Gobierno regional catalán, Francesc Homs, compareció el martes ante la prensa tras una reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalidad en que se estudiaron las opciones ante las querellas contra su presidente, Artur Mas, y dos altos consejeros, por tomar parte en la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre.

“No hay ningún antecedente de ello en los países de nuestro entorno; en ningún país democrático se interpone una querella por poner urnas”, aseguró el consejero presidencial Francesc Homs, que tachó las querellas de “reacción desesperada del Gobierno” ante el independentismo catalán.

El Consejo Ejecutivo decidió en su reunión, informó Homs, coordinar la defensa letrada de Mas, de la vicepresidente y consejera de Gobernación, Joana Ortega, y de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ante las denuncias por participar en la organización del ‘proceso de participación ciudadana’ que había sido prohibido previamente por el Tribunal Constitucional (TC).

Homs afirmó que la decisión de procesar a Artur Mas genera “estupefacción” fuera de España, asegurando haber recibido opiniones privadas, en ese sentido, de embajadores y representantes extranjeros. Estimó, también, que la denuncia “demuestra la cultura democrática del Gobierno español” y que “no tiene consistencia jurídica”.

A pesar de todo, el consejero catalán sostuvo que el proceso judicial contra los funcionarios de la Generalidad no variará la situación política en Cataluña: “Se equivocan totalmente quienes creen que pararán el proceso abierto en Cataluña presentando querellas”, afirmó, tachando de “miopía” tal creencia.

Otra decisión adoptada en la reunión fue reforzar las delegaciones diplomáticas catalanas en el extranjero con la creación de dos nuevas embajadas en Italia y Austria, que se sumarán a las ya existentes en Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, además de enviar un representante permanente ante la Unión Europea (UE).

El 9 de noviembre, instituciones y asociaciones catalanas organizaron una consulta informal sobre la eventual creación de un Estado catalán independiente, en la que participaron 2,3 millones de personas, algo más de un tercio de la población convocada (6.100.000 personas). De ese tercio aproximado, más del 80 % se pronunció a favor de la independencia catalana.

La consulta había sido anunciada dos años antes y había sido objeto de prohibición por el Tribunal Supremo (TS) español, replanteamiento en términos algo diferentes, prohibición de nuevo, hasta que finalmente se llevó a cabo sin que se produjeran alteraciones del orden público de importancia.

El martes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió a trámite, unificándolas, 7 querellas y 25 denuncias de particulares, de partidos políticos y de la Fiscalía catalana contra Mas, Ortega y Rigau, por delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos.

 

 

Fuente: Agencias

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