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Reposición Petición Irregularidades Dagma

Reposición Petición Irregularidades Dagma - dagma

 

Cali, 3 de enero de 2017.

 

Odontólogo

Luis Alfonso Rodríguez Devia

Director del DAGMA

dagma@cali.gov.co

Despacho

 

Distinguido Señor Director;

 

Acuso recibo de su oficio con el radicado 2016413300139872, recibido el 22 de diciembre en mi correo electrónico; por tanto, estando dentro del término legal de ejecutoria de su negativa decisión, me permito interponer contra dicho acto administrativo en forma subsidiaria los siguientes:

 

Recursos de Reposición y Apelación:

1º Indagación Preliminar en Proceso Sancionatorio: En relación con este punto de mi reclamación sobre las irregularidades administrativas que se vienen cometiendo en los Procesos Sancionatorios Ambientales por parte del Director del DAGMA, supongamos en gracia de discusión que “cuando el informe técnico es lo suficientemente fehaciente respecto del impacto ambiental causado o de la violación a la norma ambiental y no da lugar a duda alguna es pertinente dar inicio al proceso Sancionatorio Ambiental” como lo manifiesta textualmente su despacho; el requerimiento que formulé está orientado a reclamar que en otras ocasiones esta misma autoridad ambiental ha agotado previamente dicha indagatoria, es decir que de ser garantista se pasa a ser restrictivo en detrimento de la presunción constitucional de inocencia, pues no puede tornarse un servidor público en un agente arbitrario, sino que debe brindar todas las garantías a los ciudadanos cuya masa conforma el poder público soberano de donde emanan las entidades estatales (Constitución Política, artículo 3º).

No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales” Corte Constitucional, Sentencia C-595 de 2010 (subrayo).

Huelga precisar, que no puede ser de recibo concluir que un informe técnico, esto es, la Caracterización de Vertimientos, es suficiencia irrefutable del impacto ambiental causado, pues esto solo indica el nivel de los parámetros establecidos normativamente, esto per se no comprueba que se esté generando un impacto ambiental a los recursos naturales renovables, basta con consultar la literatura académica para evidenciar este yerro conceptual.

2º Formulación de Cargos: Un aspecto que se pasa de largo en la adversa determinación tomada por el Director del DAGMA, tiene que ver con su silencio frente a las etapas del Proceso Sancionatorio Ambiental por medio de un galimatías, cuando afirma:

“Frente a este argumento es preciso señalarle al peticionario que efectivamente dicha sentencia contempla que según la ley 1333 de 2009 se determinan una serie de etapas dentro del proceso sancionatorio ambiental, lo que no se establece en dicho pronunciamiento jurisprudencial, es que la aplicación de dichas etapas se haga de manera rigurosa u obligatoria, pues cada una de ellas tiene su propia complejidad de acuerdo al caso particular que se contemple, ya que cuando los hechos son tan evidentes y claros como lo es el incumplimiento a la norma de vertimientos que no da lugar a duda alguna, no hay necesidad de que la Autoridad Ambiental se detenga en la etapa de indagación preliminar y es por ello que la Entidad ha procedido a iniciar el proceso sancionatorio sin ir a la indagación preliminar, pues el informe técnico es claro respecto de la existencia de un incumplimiento a la norma de vertimientos, lo cual constituye la prueba reina dentro del respectivo proceso”.

Para evidenciar el abultado error de derecho que se apareja en el citado párrafo, basta con leer con atención, las siguientes citas de la Corte Constitucional:

“De igual modo, esta Corte ha afirmado que las presunciones no son realmente un medio de prueba sino más bien un razonamiento orientado a eximir de la prueba. Ha dicho la Corte que “en el caso de las presunciones iuris tantum, lo que se deduce a partir del hecho indicador del hecho presumido no necesita ser mostrado. Se puede, sin embargo, desvirtuar el hecho indicador. Se admite, por tanto, la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configura la presunción. Deben existir elementos lógicos, fácticos y valorativos suficientes que permitan hacer compatible la configuración de presunciones con la justicia, con el debido proceso y con la eficacia”, Sentencia c-595 de 2010.

De igual manera, le reitero las citas jurisprudenciales que hice en mi petición inicial, la que salta a la vista no leyó su despacho o sencillamente omitió:

“Los parágrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333). Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333)”, Sentencia C-595 de 2010.

Dejemos temporalmente a un lado la etapa de la indagación preliminar, en gracia de discusión como ya lo manifesté; pero juntar la iniciación del procedimiento sancionatorio con la formulación de cargos, constituiría un abuso de autoridad, pues ninguno de los artículos 18 a 24 de la Ley 1333 de 2009, facultan al Director del DAGMA para hacer uso de una evidente economía procesal ni lo facultan para omitir la aplicación de las etapas procesales establecidas en los artículos 19 a 23, lo cual configura una ostensible arbitrariedad, toda vez que niega al indiciado o investigado -verbi gracia- solicitar la cesación del procedimiento, la que no puede presumir el encargado de la autoridad ambiental municipal no puede invocarse ante los resultados de la Caracterización de Vertimientos, pues estaría además presumiendo la responsabilidad del infractor en contravía de lo justipreciado por la Corte Constitucional.

3º Ausencia de Educación Ambiental: Se sustrae en su decisión administrativa el Director del DAGMA, referirse a la exigencia que le formulé, en el sentido de acometer una amplia labor de educación ambiental que comprenda la transferencia de tecnología resultante de las entidades científicas y de apoyo técnico que conforman el Sistema Nacional Ambiental, prestando asistencia técnica a entidades privadas y particulares acerca del adecuado manejo de los recursos naturales y preservación del medio ambiente, es decir, educar antes de sancionar, de lo contrario todo los comerciantes y pequeños industriales de Cali serán víctimas de una entidad que no estaría promoviendo una cultura para el desarrollo sostenible sino el culto a vigilar y castigar. Me refiero al cumplimiento del numeral 24 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 por parte de su despacho.

“Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente”.

Ni somos testigos ni hemos sido citados a estas jornadas, ni conocemos de convocatorias para todo el sector productivo y de servicios, antes del empuje que el Director del DAGMA le viene haciendo a la ingente cantidad de Procesos Sancionatorios Ambientales. A cambio de ello, en detrimento de mi propia dignidad y con la mayor descortesía me hace usted las siguientes imputaciones deshonrosas (artículos 220 y 222 del Código Penal):

“Endilgaciones (sic) respecto de las cuales no nos pronunciaremos ya que además de resultar necias y por demás falsas, constituyen un culto a la ignorancia de la ley la cual en el caso particular de la normatividad que regula los vertimientos líquidos no sirve de excusa dentro del proceso sancionatorio ambiental que adelanta nuestra Entidad por el incumplimiento a los diferentes parámetros y concentraciones por parte de las Empresas Privadas y Públicas que deben cumplir con dicha regulación”.

De lo anterior se concluye, que se ha tergiversado el punto central de la responsabilidad institucional preventiva que reclamo, enmascarándola con un sofisma de distracción o una falacia lógica, de las que se usan comúnmente para justificar argumentos o posturas que no son justificables utilizando la razón, pero que suelen encubrir engaños. Es el efecto dañino de los galimatías, como lo concluyó el IV Congreso Internacional de Argumentación Jurídica (2014), promovido por la Corte Suprema de Justicia de México que indica:

“Se debe intentar obtener una información precisa, concisa y maciza, en lugar de profusa, obtusa, confusa y difusa”.

Mi petición está enmarcada dentro de una situación que viene generando la aplicación de la Resolución 0631 de 2015, toda vez que al modificar los parámetros para la caracterización de vertimientos líquidos establecidos en el Decreto 1594 de 1984, estos indicadores se han tornado mucho más exigentes después de un rezago de 30 años, sin que se hubiere realizado una transición y menos una labor de educación ambiental para contar con la tecnología que permita alcanzar esos niveles de las aguas residuales.

4º Notificación Electrónica: Su despacho insiste en un error protuberante la manifestar que la entidad pública que usted dirige, es libre de elegir el medio por medio del cual se realiza el proceso de notificación, basta con que con observe con detenimiento las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a continuación le transcribo:

Sobre los principios orientadores de la administración, el artículo 1º en su numeral 9º:

“En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código”

Sobre los derechos que nos asisten a los ciudadanos ante las autoridades, el artículo 5º en sus numerales:

“5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana”.

“7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas”.

Sobre los deberes de las autoridades en la atención al público, el artículo 7º en sus numerales:

“6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código”.

“8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos”.

 

Sobre las prohibiciones de las autoridades, el artículo 9º:

“15. Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad”.

Sobre las actuaciones administrativas mediante correo electrónico, los artículos:

“54. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin. Si así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente”, subrayo.

“56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación”.

“60. Sede electrónica. Toda autoridad deberá tener al menos una dirección electrónica”.

“67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse. 1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera”.

Estas normas permiten en forma indiscutible, insistir en que su respuesta podría constituir un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones, siendo evidente que no puede negarse a ningún profesional del derecho que se le reconozca la representación que ejerce y se le notifique por correo electrónico las decisiones de los procesos sancionatorios ambientales, cuando ello ha sido solicitado expresamente; en sentido contrario, desconocer dicha representación y solicitud enviando directamente correos postales a los representados, constituye una odiosa discriminación proscrita en el artículo 13 de la Constitución Política.

5º Decisión de fondo: Se manifiesta en su decisión administrativa, que la autoridad ambiental ya tomó una decisión de fondo dentro del proceso que actualmente se adelanta, sin que además se precise a que trámite en particular se refiere, lo cual no corresponde al contexto propio, toda vez que mi petición es de interés general para todos los asuntos pendientes de decidir y los que en adelante se inicien, sobre la cual reitero mi solicitud. Agradezco se sirva remitirme la respuesta a estos recurso, a mi correo electrónico periodicolaciudad@gmail.com en el plazo legal establecido.

 

Atentamente,

Armando Palau Aldana

  1. de C. 16.269.672 de Palmira

T.P. 195.032  del C.S.J.

 

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