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Colombia un país de desplazados y desalojados

Colombia un país de desplazados y desalojados - desalojos

Mientras Germán Vargas Lleras coronado con un casco hace campaña desde ya para las presidenciales del 2018 entregando obras y casas, los constantes desalojos de familias humildes, arrinconadas por la miseria en los asentamientos de todo el país, evidencian el fracaso de las políticas públicas de vivienda del gobierno Santos.

El Estado Colombiano prácticamente no cuenta con una normatividad y jurisprudencia específica que le permita formular y ejecutar planes de reasentamiento de una manera efectiva, pero cuenta con los recursos normativos suficientes para defender los derechos de los desplazados y desalojados forzosamente, sin embargo a pesar de contar con esta normatividad se siguen violando sistemáticamente los derechos de las victimas.

Los desalojos mayoritariamente tienen que ver con las actividades relacionadas con programas de desarrollo que contemplan expropiación de tierras. La mayoría de los proyectos hidroeléctricos, extractivos, urbanos, industriales y de transporte, solo son realizables mediante el desplazamiento de las comunidades, lo que representa la pérdida de viviendas y fuentes de ingresos, como tierras agrícolas, bosques, potreros, almacenes y otros recursos de producción.

En Colombia los desalojos por  una u otra razón son pan de cada día, su numero contrasta con el poco cubrimiento que sobre el tema hace la prensa hegemónica del país.

Los más recientes desalojos se dieron en Cali y Medellín

El pasado 12 de Noviembre un nuevo episodio de violencia en contra de la población vulnerable se registró en Cali, en el barrio Las Orquídeas de la comuna 14 en el Distrito de Agua Blanca, de donde fueron desalojadas violentamente por el ESMAD 75 familias que hicieron de este lugar su hogar durante los últimos 5 años.

La respuesta de la administración de Rodrigo Guerrero para esta comunidad, fue realizar una reunión en la secretaria de Vivienda Social la cual ofreció como única solución un auxilio de arrendamiento por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS  que les debe alcanzar para seis meses, 10 familias aceptaron este acuerdo ante las amenazas de que si no firmaban, los niños serian trasladados al Instituto de Bienestar Familiar.

Previamente esta comunidad había sido víctima de reiterados engaños por parte del Inspector de policía de la Estación “Los Mangos” ÁNGEL MARIA NAVIA QUINTERO, y funcionarios de la Secretaria de vivienda y la  Secretaria de Gobierno, quienes realizaban reuniones con el pretexto de entregarles viviendas y para tal fin les hacían firmar listados donde según ellos aceptaban la reubicación; pese a que diferentes organizaciones sociales y la comunidad han solicitado acceder a estos listados de manera verbal y por escrito, las solicitudes han sido negadas.

A pesar de las acciones emprendidas por la comunidad mediante acciones de tutela y derechos de petición para que se les garantice sus derechos, la administración prosiguió con los operativos. El martes 17 de Noviembre una vez más los miembros de la Policía Nacional, el ESMAD y personal contratista de la secretaria de infraestructura y Valorización del Municipio se dispusieron a desarrollar la última fase del desalojo.

La Asociación Nomadesc y el MOVICE Capitulo Valle del Cauca, quienes acompañaron a la comunidad para velar por sus derechos, solicitaron de manera respetuosa al inspector de policía ÁNGEL MARIA NAVIA QUINTERO, que les presentara una copia de la orden judicial de desalojo, esta copia nunca fue entregada, y aunque el uniformado mostró un dossier de documentos de solicitudes de la comunidad, la orden judicial de desalojo no fue presentada.

Las familias luego del salvaje ataque de la fuerza pública salieron re victimizadas nuevamente y sin tener a donde ir, mientras que sus pocas pertenencias fueron quemadas y dañadas por las retro excavadoras de la administración municipal.

Voluntarios de Cali Clown y de Payasos sin Fronteras de Estados Unidos en medio de una gira humanitaria, llegaron a brindar un espectáculo para los niños de las zonas vulnerables de la ciudad y se dieron cuenta del operativo que se realizaba en ‘Las Orquídeas’. Los Clown pasaron toda la mañana con los niños y adultos dándoles un mensaje de paz y alegría en medio de la desesperanza.

  Desalojo en el sector Oasis de Moravia en Medellín

El miércoles 18 de noviembre, 500 integrantes del ESMAD desalojaron por la fuerza a 38 familias en el sector Oasis de Moravia en Medellín. Esta comunidad ya había padecido un intento de desalojo en el mes de mayo, diligencia que fue suspendida por el fallo de un juez de primera instancia en el que quedaba claro que estas familias no podían ser desalojadas hasta tanto no se garantizará su derecho a una vivienda digna. Líderes sociales que trabajan con población vulnerable denunciaron en el mismo mes, el desalojo forzado de  1500 personas del asentamiento Villa Café, en donde un fallo de tutela contrario a la reclamación de la comunidad asentada en el sector, terminó por frustrar la esperanza de centenares de familias que pretendían evitar el desalojo del predio, que según decisión de un juez pertenece a la ladrillera Santa Rita.

La administración de Aníbal Gaviria en Medellín, no ha brindado soluciones habitacionales dignas a las 38 familias que fueron desalojadas en el Oasis, la solución de la administración hasta el momento consiste en brindar un albergue temporal y algunos subsidios de vivienda a las personas que puedan demostrar que son víctimas del conflicto armado y a adultos mayores, con lo que se vulneran los derechos de las demás familias que no califican para recibir las ayudas.
El común denominador de los desalojos es la violencia, tanto en Cali como en Medellín niños mujeres y ancianos fueron golpeados en medio de los operativos del ESMAD, situación que se replica en todo el país.

La cantidad de desalojos realizados en Colombia representan una crisis humanitaria que difícilmente se podrá superar sin acciones que ayuden a combatir la miseria y la falta de oportunidades, sus causas pasan por el conflicto armado que ha desplazado a más de 4 millones de personas, la falta de políticas públicas que protejan a la población, el paternalismo del estado con el capital transnacional representado en las operaciones de las multinacionales y la banca.

Factores como la pobreza y la marginalidad en la que viven las comunidades vecinas a las zonas mineras, demuestra la falta de una normatividad que proteja y beneficie a sus habitantes. La poca y casi que inexistente legislación nacional y la ausencia de programas de regularización de los derechos de los desalojados, sumado a factores como los pocos avances en la titulación colectiva de territorios de las comunidades, la falta de consultas a las comunidades, la falta de medidas para hacer efectiva la función social de la propiedad, crean las condiciones de vulnerabilidad de las familias que finalmente terminan desalojadas e incluso desplazadas de sus territorios ancestrales.

En el ámbito urbano y rural, se repiten permanentemente desalojos forzados y en la mayoría de casos estos procesos se realizan sin consultar a las personas afectadas, quienes generalmente no poseen los medios adecuados para su defensa judicial. Habitualmente los desalojos son precedidos por hostigamiento y amenazas que terminan generando violencia y represión.

A continuación un par de ejemplos sobre los desalojos provocados por las multinacionales y la banca.

Desalojos por las Multinacionales

Otro generador de desalojos masivos lo constituyen los megaproyectos de las multinacionales que operan en el país, los más representativos son los del Quimbo y los del Cerrejón.

En febrero de 2012 se publicó un video en el que se hacía un recuento de las acciones violentas de la Fuerza Pública en los operativos de desalojo para la construcción de la represa de El Quimbo, en el departamento del Huila. La grabación fue presentada como  “El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos”, las imágenes revelaron la gravedad de los enfrentamientos y dejaron al descubierto la brutalidad de la fuerza pública en contra de los habitantes de la ribera del río Magdalena.

El video que dejó al descubierto la crisis humanitaria en el Quimbo forzó una respuesta del presidente Juan Manuel Santos quien dijo sobre el respecto, “que quede claro que el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo”.

El Cerrejón   constituye otro caso emblemático de desalojos por cuenta de los intereses económicos de las multinacionales, se calcula que el proyecto de explotación carbonífera en El Cerrejón ha forzado el desplazamiento de más de 12 mil personas en tres décadas, muchas de ellas escapando al impacto ambiental que la actividad minera ha generado en la región, secando las escasa fuentes hídricas y dejando sin agua a las comunidades.

Uno de los casos más representativos  es el del corregimiento de Tabaco, en el municipio de Hatonuevo en la  Guajira.  En 2001, 21 predios fueron desalojados por la fuerza y a pesar de los compromisos para reubicar a las familias desplazadas hasta el momento la empresa minera, las autoridades y la comunidad, no han logrado un acuerdo definitivo para restituir las viviendas que fueron destruidas.

La multinacional Intercor hoy Cerrejón Ltd‖, instauró, por motivos de utilidad pública, una expropiación para obtener la propiedad de terrenos ubicados en el corregimiento, la empresa de forma violenta propició un ataque armado a la comunidad, con el apoyo de policías y civiles, cumpliendo de esta manera con el desalojo y destrucción de las viviendas y demás propiedades muebles e inmuebles.

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Desalojos Bancarios

En 1972 durante el mandato de Misael Pastrana se introdujo en Colombia la Unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), un sistema de financiación hipotecaria a largo plazo que era usado para calcular el costo de los créditos de vivienda y con el cual se obligaba a las corporaciones de Ahorro y Vivienda a llevar en unidades UPAC sus cuentas de ahorro y préstamo.

Aunque se estableció en Mayo del 72,  en realidad empezó a operar en julio del mismo año con el valor unitario de $100 moneda corriente. Con el UPAC se buscaba básicamente dos cosas, captar ahorros, y otorgar créditos hipotecarios para vivienda. En un principio la unidad estaba relacionada con el comportamiento de la inflación pero posteriormente su cálculo se realizó tomando el promedio de la tasa DTF de las últimas cuatro semanas con lo que se dispararon las tasas de interés.

Esta medición es utilizada especialmente por las corporaciones de ahorro y vivienda para expresar sus captaciones, así como sus colocaciones destinadas a la financiación de edificaciones. Su valor es calculado por el Banco de la República para cada uno de los días del año.

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Con esta decisión los créditos hipotecarios se convirtieron en créditos impagables debido a las altas tasas de interés que  cobraban  hasta 7 veces el valor del crédito. Esta situación llevo al cese de los pagos por parte de los ahorradores y a la expropiación de los bienes por parte de la banca, lo que provocó la ruina, desintegración y desplazamiento familiar  de miles de familias colombianas que tenían créditos de vivienda.

La norma llevó al suicidio de miles de personas, solo en Bogotá se calcula que unas dos mil personas prefirieron quitarse la vida ante la pérdida de su patrimonio.

La asociación  ciudadana para la defensa del derecho al crédito adecuado, protección judicial de la vivienda y la familia y Negociación Bancaria, ANUPAC. Realizó un estudio titulado “10 años después de la caída del Upac”, con el que se pudo establecer que el saldo de víctimas del sector financiero fue de 3.000 suicidios, 85 muertes y 125.000 hogares destruidos por cuenta de los Bancos.

El informe además  reveló que a pesar de las decisiones de la Corte Constitucional que establecían que se debía efectuar la reliquidación de todos los créditos sin Upac, ni DTF, los bancos hicieron caso omiso y presentaron la liquidación de sus créditos hasta el 31 diciembre de 1999 en Upac y dicho resultado lo convirtieron en Unidad de valor real (UVR),  creando un mecanismo que indudablemente, generaba un saldo a favor del banco y en contra del deudor, lo que permitió que la crisis del Upac siguiera vigente.

La unidad de valor real (UVR) es certificada por el Banco de la República y refleja el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del período de cálculo. La UVR es una unidad de cuenta usada para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado.

Antes del 31 de diciembre de 1999, se otorgaron 840.000 créditos, se demandaron 122.000 usuarios, se hicieron 11.133 arreglos, se reliquidaron en UVR 300.000 créditos.  Después del 31 de diciembre de ese año y hasta el 2009, ANUPAC registró 385.000 créditos otorgados, 225.300 usuarios demandados, 32.896 procesos ejecutivos vigentes, 37.602 demandas contra bancos, 77.856 donaciones de pago, 300 desalojos diarios en Bogotá,  375.000 familias que perdieron su casa y más de 500.000 órdenes de desalojo.

Se calcula que el sistema financiero colombiano ha desalojado a más de un millón 400 mil familias, lo que lo convierte en uno de los principales desalojadores en un  país de desplazados y desalojados.

 

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