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Prevenir complot y montajes, deber del Estado en caso 12 Apóstoles

Prevenir complot y montajes, deber del Estado en caso 12 Apóstoles - santiago-uribe

Un Juez 1ro Especializado de Antioquia, ante una segunda solicitud de la defensa del empresario Santiago Uribe Vélez, le concedió la libertad del batallón militar Juan del Corral de Rionegro (Antioquia), donde se encontraba privado de su libertad desde febrero de 2016, al tiempo ordenó una caución de 30 salarios mínimos.

La alegación en derecho de una reclusión más del tiempo permitido por la ley, sin que se haya resuelto aún la responsabilidad penal del hermano del senador Álvaro Uribe Vélez, era esperable.

La decisión del juez  no se refiere al fondo del asunto, la responsabilidad del reconocido ganadero en el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera, en una estructura de tipo paramilitar llamada los “12 Apóstoles”, de la que Santiago Uribe Vélez y otros ganaderos eran parte determinante con las fuerzas policiales y militares en Yarumal, Campamento y Santa Rosa de Osos, Antioquia, entre 1992 y 1994.

En las víctimas sobrevivientes preocupa la ausencia de condiciones, más allá de las pecuniarias, que prevengan el desarrollo de mecanismos de impunidad por parte del empresario.

El país conoce que el hoy candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, denunció en 2012 a Santiago Uribe por dirigir una suerte de complot contra él con una serie de falsos testigos, algunos de ellos pagos, para sostener que el reconocido político tenía vínculos con los paramilitares de “Martín Llanos”.

En un episodio sin esclarecer, a Santiago Uribe se le indicó como partícipe de complot contra el exMagistrado Iván Velásquez cuando este desarrollaba la investigación conocida como la parapolítica.

Preocupa que las pruebas existentes y los testigos puedan convertirse en blanco de una estrategia de desprestigio y de montajes para desviar la investigación y la decisión que en derecho pueda tomar el aparato de justicia ante un acervo probatorio sólido y construido en debido proceso.

Es deber del Estado colombiano garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, a la justicia y la reparación actuando en derecho ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por esta estructura paramilitar que se orientó a exterminar supuestos auxiliadores de la guerrilla, trabajadoras sexuales y delincuentes comunes.

Bogotá, D.C. 15 de marzo de 2018

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

 

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