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Opinión Una Ley de tierras a la medida de Fedegán

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Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, se pronuncia acerca del segundo brote de fiebre Aftosa.
Foto: Agencia Colprensa

La semana pasada, durante un foro virtual sobre los agro-negocios en Colombia, el Ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, informó que el gobierno del presidente Duque está preparando una nueva ley de tierras [1]. Justifica esta decisión al considerar que: la anterior, la ley 160 de 1994, quedó mal hecha. Los gremios del sector agrario, encabezados por Fedegán, lo han manifestado en múltiples oportunidades y consideran que la Ley 160 ha fomentado el enfrentamiento entre campesinos y empresarios por la propiedad de la tierra y debe ser derogada.

La Ley 160 se diseñó durante el gobierno de Samper y puso un punto aparte en la disputa entre pequeños propietarios y grandes latifundistas, reglamentando, entre otras cosas, la adjudicación de tierras consideradas baldíos de la nación. Los empresarios del campo, como gustan que los llamen, no quedaron contentos con esta ley, ya que no les permite que les adjudiquen predios mayores a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), impidiéndoles la concentración de predios. Los últimos tres gobiernos han tratado, sin éxito, promulgar una nueva ley que limite los alcances de la Ley 160.

La ley en sí misma no es una panacea y no ha resuelto el principal problema de la tierra en el país: la concentración. Sin embargo, tiene apartes importantes como la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Las ZRC han sido la piedra en el zapato para los intereses de los “prominentes empresarios”. Esta figura, en cierta medida, ha logrado detener el avance del latifundio en algunas regiones del país como el Magdalena Medio. Hoy existen siete Zonas declaradas y alrededor de 50 solicitudes de declaración, que pese a haber cumplido todos los tramites que exige la ley, no han querido ser sancionadas, y por lo visto, no lo serían durante este Gobierno. Menos aún lo será la Reforma Rural Integral pactada en La Habana que Fedegán ha considerado un rasponazo a la propiedad privada. [2]

Las políticas agrarias del país las han manejado los conservadores. Pareciera existir un pacto tácito entre los distintos gobiernos para entregarle siempre esta cartera a ellos. Las políticas agrarias, más allá de él ministro titular, han sido invariablemente las mismas: Durante la hegemonía conservadora, después de ganar la guerra de los 1000 días, expulsaron a sangre y fuego a los liberales de sus tierras por considerarlos una amenaza a sus intereses políticos y económicos. Después, reversaron por medio de “la violencia” las reformas de López Pumarejo con su “Revolución en marcha”, arrastrándonos de paso, al génesis del conflicto social y armado. La reforma agraria de Lleras fue sepultada con el pacto de Chicoral, que fortaleció la insurgencia y recrudeció la confrontación. La ley 160 fue neutralizada con masacres con motosierra y el “me vende o le compro a la viuda” de los grupos paramilitares. Detrás de todo siempre han estado los gremios del campo: azuzando, financiando y orientando las contrarreformas.

El resultado es un campo empobrecido por la guerra y la falta de oportunidades. Cientos de miles de familias han sido empujadas a los cultivos de uso ilícito, mientras las tierras mas fértiles han quedado en pocas manos. El índice Gini de concentración de la propiedad de la tierra para Colombia en el año 2015, se ubicaba en un escandaloso 0,90. La mayoría de las tierras cultivables en Colombia hoy, tienen muy pocos dueños. La mayoría de los predios están dedicados a monocultivos agroindustriales como la palma de aceite, la caña de azúcar, el algodón, el cacao, el caucho y la ganadería extensiva.

Conociendo este panorama, el ministro de marras, culpó a los pequeños propietarios de poner en riesgo la soberanía alimentaria del país [3]. La sola idea es de un nivel de estupidez supina y de miserableza descarada. Me inclino por la segunda. Desconocen deliberadamente que la situación ha sido generada principalmente por los tratados de libre comercio (TLC) firmados desde el gobierno Uribe hasta hoy. Tratados que están diseñados para que los países en vías de desarrollo se conviertan en productores de materias primas y los países industrializados en proveedores de bienes y servicios. De un plumazo lograron vendernos millones de toneladas de alimentos que antes producíamos nosotros mismos. Hoy es más probable que el maíz que compramos en la tienda de la esquina venga de un país industrializado que de nuestros campos. Para apretarnos más, incluyeron restricciones para el uso de semillas originarias, han obligando a nuestros productores a comprar los paquetes tecnológicos diseñados por las multinacionales de la agroindustria. Como quien dice: estamos amarrados de pies y manos, y entre un hueco.

La ley de tierras que planea este gobierno no pinta nada bien. Conociendo sus antecedentes podemos predecir que será una ley para favorecer a los cacaos de campo: subsidios a granel, legalización de los predios ilícitamente obtenidos y derogar figuras como las Zonas de Reserva Campesina. Solo nos basta con indagar quien es el ministro, para darnos cuenta de cuales son los intereses que lo guían: Rodolfo Zea, es cordobés y esta casado con la hermana de Nubia Estela Martínez, presidenta del Centro Democrático. Trabajó por muchos años en Findeter y Fiduagraria, para luego llegar al Ministerio de Agricultura. Con estos antecedentes es poco probable que la ley de tierras que preparan ayude en algo a los millones de campesinos empobrecidos y sin tierra del país. Lo que viene entonces, son políticas como Agro Ingreso Seguro para seguir fortaleciendo a los despojadores de tierras. En definitiva, en este gobierno el ministro ordena, pero quien manda es Fedegán.

 

Agencia Prensa Rural, Marcelo Molano
www.radiomacondo.fm

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