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Movimiento de víctimas se pronuncia frente a represión de la movilización social: Ni miedo, ni criminalización

Movimiento de víctimas se pronuncia frente a represión de la movilización social: Ni miedo, ni criminalización - caipaila

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice repudia la brutalidad policial de la que han sido objeto cientos de manifestantes que han ejercido su derecho a la protesta social entre el 9, 10 y 11 de septiembre, como respuesta al asesinato de Javier Ordoñez por parte de agentes de la policía en Bogotá, quienes ante los gritos y suplicas de la víctima le propiciaron continuas desacargas eléctricas y golpes en el Comando de Acción Inmediata (CAI) de Villa Luz hasta acabar con su vida.

La Policía Nacional incurrió en graves faltas e irregularidades, infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política, el Código de Policía Nacional y los reglamentos de la Policía Nacional, a partir de prácticas sistemáticas como el uso excesivo de la fuerza, el ocultamiento de la identidad y emblemas que permitan identificar a los agentes de la policía que incurren en conductas delictivas y el uso de armamento letal y potencialmente letal contra civiles en el marco de la protesta social.

Este accionar de la fuerza pública dio como resultado 13 personas asesinadas y 248 heridas, 66 de ellas por armas de fuego accionadas por integrantes de la policía. Además, según datos de la Campaña Defender la Libertad: un asunto de todxs, el 10 de septiembre de 2020 se reportaron 138 personas detenidas en la ciudad de Bogotá, entre ellas varios niños, niñas y adolescentes.

Se reitera el mismo patrón: el abuso de autoridad y el control excesivo al derecho a la protesta que culmina con la masacre de 13 personas en Bogotá y Soacha, en manifestaciones que intentaban expresar la indignación por los hechos que fueron conocidos a través de las redes sociales de un evidente acto de tortura.

Sabemos que estos no son hechos aislados ni cometidos por decisión autónoma de algunos agentes de la Policía, pues durante los últimos días han circulado en redes sociales videos grabados por ciudadanos/as que muestran conductas similares en el accionar de esta institución en distintos puntos de la ciudad de Bogotá y otros municipios del país.

En este sentido, nos preguntamos ¿Por qué si en la Constitución Nacional Colombiana la protesta social está consagrada como derecho fundamental existe una fuerza policial para reprimir las manifestaciones? ¿No es acaso legítimo y legal que la ciudadanía exprese su disconformidad frente a decisiones y actuaciones injustas del Estado? ¿A quién beneficia el reprimir sistemáticamente la protesta social? y sobretodo, ¿Quién dio la orden a la Policía Nacional de disparar indiscriminadamente contra civiles?

El uso desmedido de la fuerza por parte de la policía es un mecanismo de control social basado en generar terror y miedo generalizados. La policía cuenta con fuerzas especiales entrenadas para contener violentamente cualquier tipo de descontento e inconformidad social, siempre justificada en la premisa de “mantener el orden”. Las tácticas, las armas y los procedimientos desplegados por la fuerza policial especializada del ESMAD son una muestra clara de que la protesta social no es un derecho en Colombia.

Por lo anterior, como víctimas de agentes estatales proponemos que se conforme una Comisión de Alto Nivel que diseñe y consolide una reforma a la doctrina de la Fuerza Pública. Esta Comisión estaría conformada por un grupo nacional e internacional y deberá elaborar un informe independiente para el esclarecimiento de los hechos y propuestas de Garantías No Repetición que involucre acciones para una Fuerza Pública para la Paz, una reforma profunda de la Policía Nacional y el desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, planteado en 1999 como transitorio.

Nos sumamos a las solicitudes de las plataformas y organizaciones de derechos humanos que exigen la suspensión inmediata de sus cargos del Ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, el Comandante de la Policía de Bogotá, Brigadier General Oscar Gómez, el Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, Comandante Encargado (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Teniente Coronel Edgar Correa, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha, como medida de prevención y respeto irrestricto de los derechos humanos.

Nos oponemos al miedo generalizado y a la criminalización de la protesta como prácticas de silenciamiento y control social, conductas propias de un gobierno fascista, genocida y antidemocrático.

Exigimos un país en el que los/as jóvenes, estudiantes, campesinos, trabajadores, líderes, lideresas y defensores de derechos humanos puedan exigir sus derechos y manifestarse libremente sin que las respuestas sean la tortura, la muerte y el terror.

 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
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