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Los obstáculos para hallar a las personas desaparecidas

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La recolección de información es un proceso fundamental en toda experiencia de indagación. Acceder a testimonios y archivos, entre otras fuentes, posibilita la identificación de datos relevantes para comprender cómo, cuándo y dónde ocurrió un hecho. Y, en el caso de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, este proceso permite juntar las pistas para esclarecer lo que les sucedió y dar con su paradero.

Precisamente así lo entendieron las organizaciones sociales que trabajan para aportar información que permita hallar a desaparecidos en razón y contexto del conflicto armado, tanto de manera independiente en los territorios como con el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), institución creada a partir de los Acuerdos de Paz de 2016.

En ese sentido, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Organización Indígena de Antioquia, a través de un convenio con la UBPD, recolectaron y sistematizaron información en las subregiones antioqueñas del Suroeste, Urabá, Occidente y Norte, obtenida a través de la observación directa y la revisión de archivos de ciertas instituciones locales.

Sin embargo, estas organizaciones afrontaron retos que han dificultado la búsqueda de las personas ausentes de sus hogares; la mayoría de ellas, desaparecidas en circunstancias de desaparición forzada y reclutamiento (legal e ilegal), y otros casos en los que no fueron liberadas tras ser secuestradas o que murieron durante hostigamientos entre grupos armados.

Sobre esto Nely Osorno, representante legal de la unión temporal entre las organizaciones IPC y OIA, aseguró que el principal reto que confrontó al equipo de profesionales fue el acceso a la información que reposa en los archivos de instituciones locales, como las secretarías de Gobierno, las inspecciones de Policía, las sedes de la Registraduría y los hospitales municipales.

Búsqueda en cementerios, un ejemplo de restricción

Una de las experiencias que desarrollaron conjuntamente las organizaciones IPC y OIA fue la elaboración de un diagnóstico de cementerios para localizar a las personas sepultadas como NN en diez municipios: Betulia, Ciudad Bolívar y Venecia, en la subregión del Suroeste; Buriticá, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga y Santa Fe de Antioquia, en Occidente; y Toledo, en el Norte.

Yeison García, investigador de la unión temporal, explicó que para la construcción del diagnóstico fue necesario visitar los cementerios y registrar los cuerpos sepultados como NN en bóvedas, osarios y fosas comunes. Posteriormente, los hallazgos fueron comparados con archivos que reposan en los municipios, aunque no en todos los casos fue posible por la respuesta negativa de algunas instituciones.

El investigador comentó que algunas secretarías de Gobierno e inspecciones de Policía, que custodian las licencias de inhumación y las actas de levantamiento de cadáveres de personas NN, respectivamente, argumentaron que debían direccionar la solicitud de acceso de información a la Fiscalía, proceso que no tuvo respuesta favorable en los casos en que hubo inconvenientes.

Algo similar les ocurrió con algunos hospitales municipales y las sedes locales de la Registraduría. A los primeros, les solicitaron acceso a los protocolos de necropsia de NN, pero respondieron que para ello tenían que obtener autorización de Medicina Legal; mientras que las segundas les dijeron que para entregarles los registros civiles de defunción de NN antes debían tener permiso del nivel departamental, donde la solicitud fue rechazada.

Según explicó, el propósito del acceso a los archivos era cruzar información para construir perfiles mínimos de quiénes podrían ser las personas que permanecen sepultadas en los cementerios como NN. Si embargo, la negativa de algunas de esas instituciones les impidió construir las descripciones de los cuerpos localizados, para cotejarlas con las solicitudes de búsqueda de los familiares buscadores.

Ante esto, Nely Osorno resaltó la importancia de que las instituciones cooperen con la búsqueda, a través de la apertura para que los investigadores accedan a las fuentes de información que deben triangular con las versiones de los familiares buscadores, para generar hipótesis sobre las circunstancias en que desaparecieron y proponer acciones de intervención en función del esclarecimiento de lo ocurrido.

En ese sentido, añadió que las limitaciones de acceso a información terminan entorpeciendo no solo el trabajo de las organizaciones sociales sino, en últimas, de la UBPD como institución transicional que tiene el mandato de elaborar un registro nacional de fosas, cementerios y sepulturas, para consolidar los datos del universo de personas dadas por desaparecidas en el país.

Por Yeison Camilo García
San Carlos, Antioquia, 1992. Durante los últimos seis años, he trabajado como periodista redactor para los periódicos Habitante 7, El Mundo y El Colectivo; así mismo, para el Museo Casa de la Memoria (Medellín), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Instituto Popular de Capacitación.

Fuente:  Agencia de prensa IPC
www.radiomacondo.fm

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