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Genocidio contra Unión Patriótica Entre el cinismo gubernamental y la persistencia de las víctimas

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Tras casi tres décadas de espera, las víctimas y sobrevivientes del genocidio contra el movimiento político Unión Patriótica (UP), surgido de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la entonces guerrilla de las FARC EP en 1985, han iniciado la presente semana un hecho que sin duda alguna debe calificarse como trascendente, e histórico en una larga batalla en el que las víctimas lideradas por la corporación REINICIAR y otras organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) emprendieron hace muchos años en búsqueda, de la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de este crimen de genocidio político, en el que el Estado colombiano tiene múltiples responsabilidades según lo han señalado múltiples informes de distintas organizaciones de DDHH, entre ellas la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe del caso en el año 2017 sobre el genocidio a la Unión Patriótica que en su parte conclusiva manifestó:

“La Comisión Interamericana concluye que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y la dignidad, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la protección especial de la niñez, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos políticos, a la igualdad y no discriminación, a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en….. la Convención Americana,….Las anteriores violaciones fueron Cometidas en perjuicio de las personas pertenecientes y militantes de la Unión Patriótica en los términos en que se Indicó a lo largo del presente informe…”(1)

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Y por esta razón es justo manifestar que cualquier negativa a reconocer la responsabilidad del estado colombiano en este crimen que afectó de manera directa a más de 6000 integrantes del movimiento político Unión Patriótica no es sino un acto de cinismo, o dicho de otra manera, una nueva manifestación de negacionismo que ha sido característico del gobierno de Iván Duque, que en múltiples ocasiones ha defendido la tesis de la inexistencia del conflicto armado en Colombia, al mismo tiempo que se niega a reconocer las víctimas causadas por este hecho.

La audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó la semana del 8 al 12 de febrero de 2021, también es un hecho que deja clara la persistencia de las víctimas de este genocidio, que han tenido que batallar, no solo con el dolor de los crímenes cometidos contra sus familiares y compañeros de lucha, sino también que soportar la estigmatización, persecución política, negativa institucional al derecho a la justicia, al debido proceso, al derecho a la verdad, mientras han tenido que ver cómo la impunidad crece día tras día, en este que sin duda alguna es el mayor genocidio político de la historia mundial moderna.

El caso del genocidio contra militantes de la UP que llega a instancias de la corte interamericana de DDHH a solicitud del gobierno colombiano, que fue incapaz durante 25 años de allanar la etapa de arreglo amistoso que se hubiese podido tramitar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual sólo demuestra no sólo la torpeza sino sobre todo el acto de desprecio con el que los gobiernos han asumido la responsabilidad frente a estos hechos, en los cuales existe participación directa de múltiples agentes estatales, como también complicidad con grupos particulares a los cuales los agentes estatales brindaron apoyo logístico, militar y político para que se perpetraran los crímenes.

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La pretensión de las víctimas y sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica es lograr que la corte interamericana de DDHH dicte una condena contra el Estado colombiano, tanto por la acción, omisión y complicidad en la perpetración de miles de crímenes que, de acuerdo a cifras presentadas por la Unión Patriótica, “son 6.532 víctimas entre las que se encuentran más de 4.000 asesinatos. La bandera de memoria de la UP es que el caso sea revisado como genocidio por razones políticas. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), durante el periodo comprendido entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, se pudieron documentar 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, 3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia” (2)

Lo cual sin duda es un hecho extraordinariamente inaceptable para una sociedad que como la colombiana se reclama democrática. Como se ha conocido recientemente, el genocidio contra este movimiento político hizo parte de un plan que con toda seguridad fue conocido, patrocinado y alentado por altos funcionarios del Estado colombiano en una larga lista que incluye nombres como el del expresidente Virgilio Barco, altos mandos militares, representantes de empresas nacionales y transnacionales, y políticos, entre otros funcionarios, como lo denunció recientemente una columna del reconocido periodista Alberto Donadio, que reveló como el expresidente había tenido nexos con un terrorista Israelí para realizar crímenes contra militantes del movimiento político Unión Patriótica.

Como lo manifestó en la audiencia la senadora Aida Avella, negar la sistematicidad de los crímenes cometidos es falsear la historia, pues existen múltiples pruebas de operaciones militares, masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y torturas perpetradas por unidades militares, y organismos de inteligencia del estado como el extinto DAS.

El propósito de estas acciones planeadas no era otro que castigar a los militantes de un movimiento político que desde su surgimiento se comprometió en la lucha por la paz, y las transformaciones sociales que permitieran superar las grandes dificultades sociales y económicas que vivía el Pueblo colombiano, y que en tan sólo dos meses de haber surgido logró obtener importantes resultados electorales en las elecciones realizadas en el año 86 para elegir concejales, diputados, representantes a la cámara y senadores de la República lo cual connota una enorme sintonía del naciente movimiento con el sentir popular, lo que significó para las élites corruptas y violentas una amenaza a sus privilegios ostentados durante muchas décadas.

Pero quizá la mejor explicación al genocidio político contra la UP y sus militantes, es el miedo esquizofrénico que algunos sectores de la cúpula gobernante le tienen a la construcción de la paz, porque han promovido y vivido de la guerra de la cual obtienen importantes y jugosas utilidades, y por eso era necesario hacer fracasar esa apuesta que realizaba la guerrilla de las FARC.

Hoy resulta bastante claro que efectivamente existe un plan sistemático de exterminio físico y aislamiento político de todo sector y propuesta que se presente como alternativa al proyecto guerrerista, excluyente y empobrecedor promovido por sectores de la ultraderecha colombiana, que prefieren apostar por la prolongación de la guerra, antes que atreverse a adoptar algunas modificaciones en su proyecto hegemónico que permita la consolidación de un régimen democrático y posibiliten la construcción de la paz contra formaciones reales para la sociedad colombiana.

Prefieren alentar el conflicto armado con múltiples excusas y con el apoyo irrestricto de sectores de la ultraderecha internacional e incluso del gobierno norteamericano, porque a través de la guerra pueden seguir desarrollando sus negocios multimillonarios, pueden continuar despojando de la tierra y el territorio a comunidades donde existe la posibilidad de explotación de recursos minero energéticos, la guerra les da la posibilidad de sustentar la corrupción y el desarrollo de jugosos contratos para la compra de pertrechos militares y asesorías.

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Pero mantener la guerra les permite ante todo alejar cualquier posibilidad de que se conozca la verdad, y se imparta justicia de las múltiples responsabilidades que esos sectores de las élites colombianas tienen en miles de crímenes cometidos contra la sociedad colombiana, que no solamente son las víctimas del genocidio contra la UP, sino además el exterminio sistemático al que se ha sometido a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, a los militantes de distintos proyectos alternativos en la historia política reciente de nuestro país, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales defensores de la paz, el medio ambiente y el territorio, como también el exterminio al que se ha venido sometiendo a los excombatientes de las FARC y firmantes del Acuerdo de paz.

En este sentido, el desarrollo de esta audiencia en la corte interamericana de DDHH de las víctimas y sobrevivientes del genocidio contra la UP vs el Estado colombiano es de enorme trascendencia histórica, por cuanto dió la posibilidad de demostrar ante ese tribunal internacional, que efectivamente en Colombia la violación a los DDHH, el asesinato, la desaparición forzada, los montajes judiciales, la estigmatización, el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, el abuso de autoridad y de la fuerza por parte de la fuerza militares y policiales, los delitos sexuales cometidos por integrantes de la fuerza pública, son prácticas sistemáticas, desarrolladas cómo política de Estado para obtener el exterminio físico, el desprestigio político, el silenciamiento y el miedo, de fuerzas y sectores que se oponen a las políticas diseñadas por un centro de poder oligárquico al servicio de exclusivos grupos económicos nacionales e internacionales.

No obstante, tal y como lo han demostrado, los sobrevivientes de la UP, así como las enormes reservas de sectores democráticos y progresistas en el país, las víctimas de crímenes de estado, las organizaciones de DDHH y un gigantesco movimiento social y popular, la lucha por el derecho a la verdad, las transformaciones sociales, la derrota de la impunidad, la defensa de la soberanía nacional y el medio ambiente, la exigencia al cumplimiento del acuerdo de paz, la defensa del derecho a la vida y a la integridad, son luchas válidas y necesarias para construir una paz duradera y estable.

Notas

(1) CIDH. INFORME No. 170/17CASO 11.227FONDOINTEGRANTES Y MILITANTES DE LA UNIÓN PATRIÓTICACOLOMBIA16 DE DICIEMBRE DE 2017

(2) Fundación Paz y Reconciliación https://pares.com.co/2021/02/08/el-genocidio-de-la-up-fue-con-lista-en-mano/

 

Por Alfonso Castillo Garzón
Defensor de derechos humanos, escribe habitualmente para el semanario VOZ
www.radiomacondo.fm

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