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¿Generación “E” o generación “D”?: desfinanciamiento, desigualdad y desintegración

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Foto: Juan David Vargas – APR

En el marco de un nuevo ciclo de protestas estudiantiles y como respuesta a los críticos del programa “Ser Pilo Paga”, el Gobierno nacional lanzó el programa “Generación E” (GE).

Bajo el nuevo programa los estudiantes podrán escoger la universidad privada o pública que prefieran. Si eligen una privada, el 50 por ciento lo paga el Estado; el 25 por ciento lo paga la universidad y el otro 25 por ciento lo paga el estudiante al terminar sus estudios. Pero si elige una universidad pública, el Estado asume el 100 por ciento de la matrícula.

El programa pretende estimular a los estudiantes para que escojan instituciones públicas. También aspira a transformar las regiones, al ampliar el acceso de jóvenes “en condiciones de vulnerabilidad económica” a la educación superior.

El programa se propone tres grandes objetivos

Equidad. Además de pagar las matrículas en universidades públicas, GE otorgaría apoyos para la permanencia de 320.000 jóvenes que tengan un puntaje máximo de 32 en el SISBEN.

Excelencia. Se reconoce el mérito de 16.000 bachilleres con resultados destacados en las pruebas Saber 11. Este componente beneficia a jóvenes con un puntaje máximo de 57,21 en el SISBEN y consiste en apoyos para el sostenimiento del estudiante.

Equipo. GE apoyará a las universidades públicas en sus procesos de acreditación y aportará recursos para su financiamiento. Estos recursos podrán destinarse a proyectos de regionalización o de diseño y adecuación de una nueva oferta académica; a invertir en el bienestar y la permanencia de los estudiantes; a mejorar la infraestructura tecnológica; o a proyectos de investigación y calificación docente.

La meta es beneficiar a 336.000 jóvenes en cuatro años. En total, se estima que el programa costará 500 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil financiarán el componente de excelencia; 121 mil millones el de equidad y 279 mil millones el componente de equipo. Esta última bolsa repartirá 223.000 millones para mejoras en infraestructura e inversión, y 56.000 millones para la base presupuestal de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Tanto el Gobierno como los medios han legitimado el programa con palabras generosas: se habla de “miles de millones de pesos”, y se usan expresiones populares como “equidad”, “excelencia”, “jóvenes vulnerables”, “transformación regional”, etc.

Pero ¿qué implica el programa “Generación E” para la educación superior en Colombia? Para contestar esta pregunta, uno debe remitirse tanto a los principios como a los detalles de la propuesta.

¿Equidad o desfinanciamiento?: el problema de la universidad pública

Un bien público como la educación puede proveerse con subsidios a la oferta o a la demanda. En el primer caso se financia directamente a quien “produce” el bien en cuestión (las universidades públicas); en el segundo, a quien “demanda” dicho bien (los jóvenes bachilleres de Colombia).

Tradicionalmente, el subsidio a la demanda es defendido porque “focaliza” o canaliza los recursos del Estado directamente a las poblaciones que por sí solas no logran satisfacer sus necesidades. Por su parte el subsidio a la oferta es defendido en tanto apunta a la universalización de la cobertura y garantía del derecho a acceder a esos bienes sin más condición que la de ser humanos.

“Generación E” propone garantizar educación gratuita para 320.000 jóvenes económicamente vulnerables por medio de subsidios a la demanda. Por lo tanto, en realidad las instituciones de educación superior públicas no serán financiadas.

Lo anterior implica varios problemas: en primer lugar, GE garantizará la gratuidad mediante el cubrimiento de la matrícula de los estudiantes, pero no financiando su costo real. El costo real de los estudiantes en las universidades públicas es mucho mayor que la matrícula que pagan.

Por ejemplo el costo real promedio de un estudiante en la Universidad Nacional ronda los 10 millones de pesos. Sin embargo, el promedio de sus matrículas se acerca al millón y medio. La “Generación E” pagará esta última cifra, pero la Universidad tendrá que hacerse cargo del costo real. Entonces, ¿quién paga efectivamente la gratuidad? En realidad, el programa impone una mayor presión a los ya insuficientes presupuestos de las universidades públicas.

Además, el bienestar de los estudiantes de instituciones públicas deja de ser un problema que deba resolverse institucionalmente y se convierte en un simple asunto de “apoyos” a estudiantes pilos y económicamente vulnerables. Por lo tanto, como su predecesor “Ser Pilo Paga”, la “Generación E” excluye a los “no tan pilos” y a los “no tan pobres”, en los términos de Claudia López.

O sea que un gran número de estudiantes que no reúnen los requisitos para aplicar al programa y que no cuentan con los recursos para estudiar en una universidad privada deben endeudarse. Esto debilita económicamente a las clases medias.

¿Por qué no adoptar un mecanismo de financiamiento estable, que no dependa de la discrecionalidad o voluntad del gobierno de turno? ¿No es mejor avanzar hacia la universalización en el acceso a la educación superior en condiciones de calidad y bienestar?

¿Excelencia o desigualdad?: un programa que refuerza privilegios

Como “Ser Pilo Paga”, el programa pretende ser “meritocrático” y “premiar” a los mejores estudiantes.

Pero en realidad no todos los estudiantes parten de los mismos privilegios y, por lo tanto, el programa refuerza las desigualdades de la educación en Colombia. ¿Pueden competir equitativamente las personas desventajadas socioeconómicamente, las minorías, los estudiantes provenientes de entornos rurales o las personas con discapacidad permanente?

Todos estos grupos reciben una educación básica y media de peor calidad. Algunos pueden no estar formados bajo los modelos de conocimiento occidental o pueden tener habilidades diferentes que se ven castigadas por pruebas estandarizadas y umbrales cada vez más exigentes.

Si los talentos fueran distribuidos por la naturaleza, es decir, si algunos nacieran “pilos” y otros no, ¿debería negarse el acceso a la educación superior a las personas menos afortunadas en la lotería natural? La meritocracia sustituye la idea de la educación como un bien que se debe garantizar a toda persona simplemente por el hecho de ser humano. Por eso, en el fondo, el programa “premia” a los más favorecidos y refuerza las desigualdades.

La idea del mérito individual como mecanismo igualador es un engaño. Superar la desigualdad implicaría, más bien, avanzar hacia sistemas educativos que garanticen la progresividad y sostenibilidad en el acceso universal, incondicional e individual a la educación superior.

Sobre estas bases podría edificarse una alternativa de financiamiento capaz de contrarrestar las desigualdades de clase, género, pertenencia étnica, origen regional y discapacidad que se reproducen en el sistema de educación superior en Colombia.

¿Equipo o desintegración?: competencia entre universidades

En el programa “Generación E”, se establece una bolsa concursable de 223.000 millones para financiar proyectos de infraestructura e inversión en los próximos cuatro años.

Según cálculos realizados por el Sistema Universitario Estatal (SUE), el desfinanciamiento de la inversión en las 32 universidades públicas asciende a 15 billones de pesos. Sin estos recursos será imposible garantizar una educación de calidad, ajustada a las necesidades de la sociedad colombiana y a las exigencias de la llamada “sociedad del conocimiento”.

En materia de funcionamiento, “Generación E” prevé canalizar 56 mil millones para la base presupuestal de las instituciones de educación superior pública. Volviendo a los cálculos del SUE, para tapar el hueco en materia de funcionamiento se requieren 3 billones. Por lo tanto, queda clara la insuficiencia de esta bolsa concursable para financiar las necesidades de inversión y funcionamiento de las universidades públicas.

Pero existe un problema adicional: las instituciones de educación superior pública deberán competir para acceder a esos recursos. Se profundiza así una lógica desintegradora que impide establecer un verdadero sistema de educación superior, diferenciado pero unido. Las universidades deberían colaborar para el fortalecimiento de la educación superior, y no competir como si se tratara de un negocio.

Históricamente, los gobiernos han condicionado el financiamiento de las universidades públicas al aumento de cupos y metas de cobertura. Paradójicamente, esto pone en desventaja a las universidades públicas más complejas, pues producir nuevos cupos allí resulta más costoso.

Las universidades menos complejas, habitualmente ubicadas en las regiones, pueden competir con mayor facilidad dado su costo real por estudiante. ¿Por qué no diseñar vínculos de integración sistémica que, más allá de la competencia por los recursos, favorezcan la calidad de las universidades públicas regionales y sus programas? ¿Tiene sentido un programa que estimula la competencia por recursos escasos entre instituciones precarizadas financieramente?

Por todo lo anterior, aunque el programa “Generación E” busca mayor Equidad, Excelencia y Equipo, en realidad produce mayor desfinanciación, desigualdad y desintegración. Este programa no es más que una iniciativa efectista que desvía la atención sobre los problemas de fondo que padece el sistema de educación superior en Colombia.

Sus cifras y su discurso impiden encarar esos problemas de forma radical. Urge una política estatal de educación superior, que sea capaz de superar los límites propios de la Ley 30 de 1992 y se sustente en la participación democrática de todos los actores del sistema.

Por Andrés Felipe Mora
Fuente Razón Pública
www.radiomacondo.fm

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