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El código del inquisidor Llarena. El miedo crea respeto, y el respeto perpetua el miedo

El código del inquisidor Llarena. El miedo crea respeto, y el respeto perpetua el miedo - llarena-inquisidor-autor-carlos-de-urabá

El código del inquisidor Llarena.

El miedo crea respeto, y el respeto perpetua el miedo.

Para mantener incólumes los principios fundamentales el reino borbónico es necesario pacificar la comunidad autónoma catalana donde los separatistas pretenden proclamar unilateralmente la independencia. Hay que actuar con contundencia para  prevenir que ese cáncer se propague por otros territorios del reino.

Para desmovilizar la justa lucha del pueblo catalán por su soberanía el gobierno del PP con el apoyo de sus socios de Cs y  PSOE  ha aplicado el artículo 155 de la Constitución. Que los jueces y fiscales se encarguen de resolver este problema de orden público. (Que en realidad es político) La Policía y la Guardia Civil o los Mossos d’Esquadra (intervenidos) deben reestablecer la legalidad constitucional y salvaguardar las instituciones monárquicas. Las órdenes llegan desde el mismísimo palacio de la Moncloa y el palacio de la Zarzuela exigiendo el estricto cumplimiento de la ley.  

La misión del Juez inquisidor Llarena (sala segunda del Tribunal Supremo), emulo de Torquemada,  es la de resolver el conflicto catalán a las buenas o a las malas. Este es un encargo prioritario del gobierno monárquico del PP lo que significa que  la separación de poderes es una farsa.

En el pasado el propósito del Tribunal de la Inquisición era el de perseguir las herejías, el paganismo y la brujería. En este caso los rebeldes catalanes tienen que arrepentirse y aceptar la soberanía de su majestad el rey que es el símbolo de la sagrada unidad de España. Deben jurar la Constitución y reconocer su derrota. La conversión es imprescindible para el obtener el perdón y su reinserción social.  Ni siquiera han presentado el más mínimo atisbo de resistencia o  desacato ante las presiones,  las amenazas y chantajes que los colocan en inferioridad de condiciones y se han rendido a la voluntad de sus carceleros.

Según la sentencia del Tribunal de la Inquisición los condenados perdían sus bienes y eran desposeídos de toda dignidad y cargo público. A los más resabiados el rey ordenaba marcarlos al rojo vivo para luego cocerlos en calderas.  Según el juez inquisidor Llarena  el procés catalán ha provocado un inusitado estallido de violencia, un atentado contra la paz pública en un claro afán  de desafiar al gobierno central y desestabilizar las instituciones realistas. Algo que el código penal califica de golpe de estado.

Es increíble que después de lo sucedido el día 1 de octubre de 2017 con el referéndum de independencia los partidos soberanistas no hayan aprovechado este hito histórico para sacar un mayor beneficio a su causa. Porque desde luego que el 1 de octubre con su extraordinaria demostración de civismo en defensa de la democracia y el derecho a decidir -a pesar  de la represión desatada por la Policía y la Guardia Civil-en un futuro no muy lejano se convertirá en el día nacional de la república Catalana. Definitivamente el 1 de octubre  también se le debe considerar el grito de independencia. Este triunfo de la soberanía popular no se ha valorado en su justa dimensión y más bien se mantiene en el olvido a causa de los autos de procesamiento incoados contra los políticos catalanes separatistas.

No hay duda que el pueblo catalán está por encima de sus representantes políticos como lo demostró el resultado del referéndum del 1 de octubre del 2017  donde se escrutaron 2.200.000 votos a favor de la independencia, y luego con las elecciones ilegales autonómicas convocadas por el gobierno central el día 21 de diciembre donde los partidos soberanistas obtuvieron 2.140.000 votos ( refrendando su mayoría absoluta)   Y si todavía no se ha formado un gobierno en Cataluña es porque los candidatos que han sido propuestos por la mayoría independentista fueron vetados por el gobierno español. Un Sí a la República Catalana en contra de una monarquía completamente antidemocrática entronizada por la Constitución de 1978.  El 10 de octubre el president Puigdemont cometió el craso error de no proclamar la República catalana temeroso de que se produjeran serios incidentes de orden público y a la espera de que el Partido Popular se dignara negociar una salida a la crisis. Pero todo fue en vano pues el reino de España no entiende de dialogo sino de terror, palos y trena. ¡Condenadlos a  las mazmorras, todos  a galeras!

Difícilmente con funcionarios y burócratas se va a conseguir una independencia real sino más bien virtual o cibernética. Nos tendremos que conformar con la República Catalana en las páginas webs de Internet, en Twitter, Telegram o los WhatsApp. Los dirigentes de la Generalitat son políticos grises y con poco atractivo que utilizan un lenguaje neutral  plagado de eufemismos  para no levantar mayores polémicas o herir susceptibilidades. Especialmente atentos a no salirse del guion impuesto por los jueces de la Audiencia Nacional que  los tienen en el punto de mira ya que cualquier declaración pude ser utilizada en su contra.

Los políticos catalanes nacionalistas o independentistas en estos momentos viven bajo la censura del régimen monárquico;  no se pueden expresar libremente pues saben que el inquisidor juez Llarena estudia cada una de sus palabras, las analiza para ver si encuentra cualquier sospecha de reiteración en el delito. Por eso los discursos son vacíos y anodinos, no despiertan pasión pues utilizan un lenguaje neutro e insulso que no despierta mayores emociones. Se echan en falta  oradores enardecidos que al menos les levanten la moral a sus incondicionales en estos momentos tan aciagos. Pero prefieren dedicarse a las grandes batallas bélicas de las redes sociales vía Twitter o WhatsApp para lanzar las diatribas  y comunicados.  De su dialéctica han eliminado cualquier referencia a Republica, independencia, autodeterminación, ruptura con la constitución de 1978, ni mucho menos critican a la monarquía, la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Cataluña es un país completamente infiltrado por los servicios secretos españoles (CNI) que actúan a sus anchas prestos a neutralizar cualquier amenaza separatista. La unidad de ciberdelincuencia de la Policía elimina impunemente las páginas web independentistas y combate las “noticias falsas” que intentan desacreditar y desestabilizar al reino de España. Porque estamos hablando de la guerra sucia que se libra en diversos campos tanto en el de la información, la cibernética,  las escuchas telefónicas, manipulación informativa,  y también infiltrados  y provocadores que justifiquen el uso de la fuerza. Todo es válido con tal de rendir sin condiciones a los enemigos de España. “El nacionalismo catalán tiene mucho de nacional socialismo hitleriano puesto que es supremacista”– sostiene el periodismo mercenario en nómina de la derecha monárquica.

El régimen monárquico papista (Felipe VI es majestad católica) ha elegido la estrategia de judicializar el procés, mejor dicho, escarmentar a los sediciosos y rebeldes que han declarado unilateralmente la independencia. Y no solo la independencia sino también ¡una República! Es necesario detener a los cabecillas, encarcelarlos o embargarlos para que no se vuelvan a delinquir. La clave es Infundir miedo y el terror entre la cúpula del poder catalanista  para que sepan que también pueden correr la misma suerte.  Medidas punitivas que desde luego surten el efecto deseado contra unos dirigentes burgueses incapaces de  asumir altos sacrificios. El juez inquisidor Llarena sabe que la clave es atacar el flanco más débil y el que más duele  que es el económico. Especialmente  centrarse  en los  embargos  acusando a los rebeldes de malversación de fondos públicos para patrocinar el procés. Claro, a los separatistas les falta coraje y valentía, no son guerrilleros, ni insurgentes decididos a inmolarse por la causa sino funcionarios y burócratas bien educados y cultos acostumbrados a los lujosos, la buena mesa, y a vestir trajes de diseño de los mejores sastres y modistos. Estos Intelectuales teóricos fueron arrastrados por el clamor popular y se vieron obligados a implicarse en el procés independentista.

El líder de ERC (que se define como un partido republicano de izquierdas) y vicepresidente de la Generalitat  Oriol Junqueras, recluido en la cárcel de Estremera, afirma que como buen cristiano se dedica a rezar para que pronto vuelva a reinar la paz en Cataluña. Que él es un abanderado de la no violencia y que desea sentarse a dialogar con Mariano Rajoy. Mientras el ex conseller de Interior Forn pide reunirse con los obispos catalanes para que lo auxilien espiritualmente. Al parecer su único consuelo lo encuentran al asistir a misa, confesarse y comulgar. Con estos ejemplos queda completamente descartada cualquier injerencia ultraizquierdista o comunista en el procés. ¿Cuál es entonces el espíritu revolucionario de estos burócratas pacifistas?

Hay que advertirles a los independentistas que su  lucha es estéril y que lo único que les espera es la cárcel y la ruina patrimonial.  La Audiencia Nacional (el tribunal de orden público) tiene que desmovilizar el procés independentista igual a lo que se hizo en el País Vasco con ETA. Que se aplique rigurosamente la ley antiterrorista y la ley mordaza porque delitos tan graves como los de rebelión y de sedición no pueden quedar impunes. Aparte del  desfalco de las arcas públicas y el desacato a la autoridad al organizar el referéndum “ilegal” de independencia del 1 de octubre. Un desafío intolerable a las instituciones democráticas y el estado de derecho. Atención que en el momento menos pensado se presenta la Guardia Civil en el domicilio para extraditarlos a la Audiencia Nacional en Madrid. Que se ordenen los allanamientos a la Generalitat, las organizaciones independentistas o los partidos políticos afines para recabar pruebas que los incriminen. El miedo crea respeto, y el respeto perpetua el miedo.

El propósito del reino de España es perseguir, coaccionar, castigar y crucificar a los culpables que pretenden romper la unidad del reino de España, herencia sacrosanta del caudillo Francisco Franco.

Las medidas que ha tomado el gobierno del PP son meramente represivas, no existe el menor atisbo de diálogo político. Lo único valido es que los dirigentes independentistas claudiquen, acepten sus culpas y reciban un ejemplar escarmiento. Los súbditos catalanes se han sublevado contra la Constitución Española, han injuriado la dignidad de su majestad el rey Felipe VI y son unos traidores a la Constitución de 1978.

El procés independentista catalán es un fenómeno atípico primero porque es pacífico, no es campesino ni obrero, (los trabajadores y obreros votan mayoritariamente opciones españolistas) es totalmente urbano y detrás del mismo está la clase media y hasta la alta sociedad. Y además es multiétnico porque participan varias nacionalidades de inmigrantes que se han asentado en los últimos 40 años en su territorio. No tiene nada de tercermundista pues se desarrolla en una sociedad del bienestar del primer mundo.  Su discurso no es populista pues es bastante racional  y metódico y le falta apasionamiento. Especialmente se dirige a una parte de la población que domina la lengua catalana o son bilingües. Del mismo están excluidos aquellos que no comprendan el catalán o por prejuicios o indiferencia  lo rechacen (como es el caso de los inmigrantes españoles llegados a partir de los años sesenta a raíz del boom del desarrollismo franquista). El procés catalán ha demostrado en las calles su enorme poderío en multitudinarias manifestaciones -la DIADA o en convocatorias independentistas puntuales- que han convocado los últimos cinco años. La ideología nacionalista catalana es un fenómeno que comenzó a tomar fuerza a  finales del siglo XIX entre los intelectuales y la pequeña burguesía. Estas reivindicaciones hacen parte de la memoria histórica que se remontan a  la pérdida de los fueros en 1714 tras la victoria de los Borbones sobre los Austrias en la guerra de Sucesión. Participan en este frente unitario tanto partidos de derecha -como CIU (hoy PDCAT)  lastrado por escándalos de corrupción (Jordi Pujol y el 3%) como de izquierda e incluso los anarquistas o antisistema. El objetivo común es constituir una Republica Catalana independiente del reino de España.

Desde el Tribunal Supremo se han emitido las órdenes de detención internacional -vía Interpol- para pedir el arresto y la  extradición  a los consellers y políticos fugados o exiliados en Bélgica, Escocia, Alemania o Suiza. “No se puede hablar de presos políticos sino de políticos o delincuentes presos” -asevera el Ministro de Justicia español Rafael Catalá. Es necesario que respondan ante los tribunales españoles por sus graves delitos de rebelión, sedición, y malversación de fondos públicos.

Los políticos catalanes no son más que funcionarios burgueses de fina estampa, bien vestidos y pulcros, no son guerreros épicos que levantan el puño en alto dispuestos a resistir al grito de ¡patria o muerte! A excepción de la CUP que abraza los ideales del anarquismo libertario radical y antisistema.  Aunque por estrategia han renunciado al enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad.

La prueba es que al ser detenidos inmediatamente se pusieron en manos de sus abogados para urdir la estrategia de defensa con la intención de negar cualquier implicación en los hechos que les imputan (promover un referéndum de autodeterminación ilegal, declaración unilateral de independencia, deslealtad con la corona, rebelión, sedición y malversación de fondos públicos) Según el código penal les pueden caer penas superiores a más de 20 años de cárcel.   Aparte las organizaciones  ANC y ÒMNIUM se ha comprometido a pagar las cuantiosas fianzas impuestas por los jueces  para conseguir la libertad condicional de los acusados. En general quieren salvar el pellejo, salir de prisión lo más rápidamente posible, regresar a sus casas junto a sus familiares y amigos, y continuar con sus ocupaciones particulares o volver a  sus escaños en el Parlament. Según confesaron ante el juez  todo  lo acontecido en el Procés se circunscribe al ámbito puramente simbólico. Todos los políticos presos han intentado desesperadamente alcanzar la libertad arrepintiéndose, reconociendo la Constitución y acatando el abominable artículo 155,  y otros renunciando a su escaño o alegando que están enfermos, o que les afecta psicológicamente el desarraigo y la ruptura familiar,  etc. etc. Argucias jurídicas que a pesar de la vehemencia de sus abogados no han surtido efecto alguno. No quieren ser unos mártires, No desean pasar a la historia como héroes sino como diputados del parlament que perciben aproximadamente 7.000 euros de asignación mensual. En prisión se sienten solos, psicológicamente abatidos,  humillados y desprotegidos. No pueden hablar catalán y los presidiarios en el patio o en el comedor se dedican a abuchearlos como traidores a la patria (España). Prefieren arrepentirse con todo lo que implica esta decisión pues quedarán desacreditados ante sus votantes que difícilmente volverán a confiar en ellos. Esta es su muerte política pues con qué cara se atreverán a salir a una tribuna a gritar ¡visca la República! ¡visca Catalunya lliure! No existe un Bobby Sands miembro del IRA provisional irlandés muerto durante una huelga  de hambre en la prisión de Maze (Irlanda del Norte) en mayo de 1981 o una Bernardet Devlin, fundadora del Partido Socialista Republicano Irlandés y protagonista del “domingo sangriento” en Derry 1972  donde se produjo la muerte de 14 manifestantes a manos del ejército británico. La  lucha por la liberación del pueblo Irlandés es el mejor ejemplo para comprender cuál es el precio que hay que pagar para alcanzar la verdadera independencia.

El objetivo de los jueces inquisidores es que los presos políticos acepten la Constitución y la autoridad de su majestad el rey de España. Ese es solo el principio porque luego vendrá el auto de procesamiento y tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por sus  delitos.  No se han producido huelgas de hambre, ni motines o plantones ni ningún otro tipo de manifestaciones de resistencia activa o pasiva. No son presos comunes, no son sediciosos, ni rebeldes, sino presos políticos que están allí por defender unos ideales que cuentan con el aval de millones de votantes catalanes.

Lo paradójico del caso es que los enemigos de España ya no son Francia que la invadió en el siglo XIX,  Inglaterra que le arrebató Gibraltar o los EE.UU que lo derrotó en la guerra de 1898. El reino de España ha elegido como enemigo a Cataluña, algo que no es nuevo pues esto se remonta a tiempos pretéritos. Al catalán se le ha estigmatizado y demonizado  por su carácter laborioso y por haber creado un emporio económico e industrial (20% del PIB  español) El hecho diferencial del pueblo catalán es indiscutible; en su cultura, en su forma de ser, en su lengua, en su idiosincrasia. España necesita un enemigo interno para justificar su espíritu belicista y elevar el nivel de patrioterismo o de nacionalismo de sus súbditos. Ese imperio derrotado y en decadencia no se conforma con su destino y quiere resucitar de las cenizas.   Este es el  mejor pretexto para desviar la atención de otros problemas más serios  como es la corrupción del partido de gobierno que lo tiene entre la espada y la pared en los tribunales de justicia.

Los independentistas pensaban que el reino de España no iba a reaccionar, que actuaría con moderación y prudencia, que quizás se abriría un espacio de diálogo. Pero ocurrió todo lo contrario. No nos debe extrañar esta actitud tan vil pues cuando las colonias americanas querían independizarse el rey Fernando VII envió al criminal Capitán General Pablo Morillo, el pacificador, a que recuperara el control del territorio de la Nueva Granada o cuando Cánovas del Castillo (Reina María Cristina-regencia de Alfonso XIII) nombró capitán general de Cuba a Valeriano Weyler con el propósito de aplastar a los mambises independentistas. Se ha criminalizado a los catalanes presentándolos como el principal un peligro para España, para Europa y la humanidad. Son nacionalistas, separatistas, contrarios al estado de derecho y a la democracia. El reino de España aplica el garrote y mano dura: todos a Estremera, todos a la trena que es en resumen el código del inquisidor Llarena.

La monarquía borbónica cuenta con el apoyo incondicional de los partidos políticos mayoritarios PP, PSOE y Ciudadanos que guardan sus espaldas. Porque la figura del jefe de Estado Felipe VI es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, mejor dicho,  es un ser pluscuamperfecto  que pertenece más al ámbito de lo divino que de lo humano. Sin olvidar que a la corona le rinde pleitesía el poder  judicial, la Conferencia Episcopal, la cúpula  militar, la banca, el empresariado, el Ibex 35, o los medios de comunicación oficialistas.

La propaganda españolista utiliza todas las armas a su alcance (prensa, radio y televisión,  Internet, redes sociales o telefonía móvil)  para aplastar y demoler el secesionismo catalán. En esta guerra hay que incluir la movilización de miles de súbditos de distintas regiones de España que participaron en las grandes manifestaciones del nacionalismo español en Barcelona. A los separatistas hay que neutralizarlos, aplicarles la ley antiterrorista igual a lo que se hizo en su momento en el País Vasco con el fin de derrotar a ETA. Esa es la razón  del pacto antiterrorista que firmaron el PP y el PSOE para desmovilizar la insurrección abertzale.  La persecución debe ser implacable, concentrándose especialmente en sus líderes o los cabecillas de las organizaciones afines al procés. Hasta los Comités de Defensa de la República son perseguidos y criminalizados cuando lo que han realizado son protestas no violentas, desobediencia civil, escarches, cortes de carreteras, bloqueos de trenes. Acciones que el gobierno y los jueces no han dudado en calificar de “terrorismo” como si se trataran de sangrientos atentados utilizando bombas o armas de fuego.

La Generalitat se encuentra intervenida y todas las instituciones catalanas dependen directamente del gobierno de Madrid. Por lo tanto el cargo de president de la Generalitat lo detenta la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Hay que apaciguar el clamor independentista, ahogarlos, asfixiarlos para que el rio vuelva a su cauce.

¿Cuál es el precio de la libertad de un pueblo? Pues evidentemente para independizarse de una potencia imperial  o colonialista no queda otra alternativa  que implicarse en la lucha armada como ha quedado reflejado en múltiples casos a través de la historia. Hablamos de una guerra de independencia  o de liberación en las que se han vistos envueltos los países del Tercer Mundo y también de Europa ( la guerra de los Balcanes trajo como consecuencia la desmembración de Yugoeslavia)  Mientras que en Cataluña ha prevalecido la civilidad y el pacifismo sin que ningún movimiento de resistencia armada haya intervenido (en contraposición con el IRA irlandés o  ETA en el País Vasco) Los catalanes han preferido realizar un Woodstock con grandes marchas y eventos culturales o artísticos denominado la revolución de las sonrisas, la revolución de los besos, de las flores y la poesía.  No ha existido ningún tipo de enfrentamiento que derivara  en muertes o heridos graves. Si ha existido violencia está la ha ejercido el reino de España.

“Esos traidores que han puesto en peligro la sagrada unidad de España deben ser castigados ejemplarmente” En esa frase se resume las ansias de venganza del españolismo.  Piensan los más fundamentalistas que es mejor aplicar un 155 con todas las de la ley para hacer una limpieza total y a fondo. Por ejemplo, cerrar la TV3, Catalunya Ràdio, el AVUI, ilegalizar las entidades independentistas, privilegiar la enseñanza del español, realizar una “desnasificacion” o “descatalanización” sin complejos si se quiere recuperar la libertad en Cataluña. Es imprescindible desplegar en Cataluña una campaña de formación del espíritu nacional para forjar  buenos españoles respetuosos de los símbolos patrios y de su pasado glorioso.

La crisis catalana ha traído como consecuencia un increíble repunte del nacionalismo español y un renacer de la derecha neo franquista. Es tal el impacto que  al  PP se le acusa de tibieza al no aplicar con todo el rigor el artículo 155 de la Constitución. Ciudadanos es el que han sacado mayor provecho de este insólito desafío por su defensa a ultranza de la corona y la españolidad y según todas las encuestas se proyecta como el partido ganador en las próximas elecciones generales.

 

Por Carlos de Urabá 2018

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