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Curules para las víctimas, promesa incumplida

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Muchas cosas han pasado en estos dos años desde la firma del acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016, entre estas cosas: La notoria disminución del número de víctimas por cuenta de la guerra, y la incorporación de la guerrilla a la vida política del país y de otro lado, el sistemático incumplimiento del Estado que suscribió el acuerdo, para dar trámite a lo pactado, al punto que queda la sensación, que se impuso la sentencia de aquellos que prometieron hacer trizas el acuerdo de paz, mientras que la mayoría de la sociedad se siente en un estado de frustración por ese limbo que se ha generado por cuenta de la ausencia del cumplimiento a lo pactado.

Durante estos dos años, son notorios los ataques sistemáticos contra el acuerdo y en especial, contra todo el sistema de verdad, justicia y reparación integral, y en especial para llenar de impedimentos el avance en la instalación y funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que conserva muy poco de lo originalmente acordado entre el Gobierno y la Guerrilla y hoy pone en estado grave, la garantía para que las Víctimas de Crímenes de Agentes del Estado, cuenten con un escenario claro para evitar la impunidad, que pareciera es lo que se va imponiendo es estos crímenes.

Así mismo ha sucedido con las prometidas Circunscripción Especial para la Paz y las 16 curules para las víctimas, promesa que ha vivido su propio calvario entre la negativa de aprobarlas en los trámites legislativos y los intentos por revivirlas, quedando claro que ha habido poca voluntad del Gobierno anterior y el actual, como del mismo congreso, para tramitar con celeridad este compromiso de reparar a las víctimas del conflicto.

El tortuoso camino de las curules para las victimas ha tenido obstáculos que empiezan desde el momento que en La Habana surgió la iniciativa, encabezados por sectores de derecha que descalificaron la iniciativa vendiendo la idea que se trataba de curules para los guerrilleros de las FARC, posteriormente y ya firmado el acuerdo, la iniciativa se encontró con al menos dos problemas, 1). La negligencia del Gobierno para presentar iniciativas legislativas para el procedimiento del Fast Track, las cuales no se hicieron oportunamente y suficientemente concertadas para asegurar un trámite “tranquilo” en el congreso 2). La fuerza que tenían los congresistas que en el congreso se oponían al proceso de paz, fue superior a las “Mayorías” que tenía el Gobierno, entre otras cosas porque el Gobierno no puso mayor interés para su trámite.

Luego en el congreso vinieron, tropiezo tras tropiezo, desde los sabotajes con el cuórum, promovidos por el Centro Democrático y los intentos por revivir la iniciativa por parte de senadores como IVAN CEPEDA y ROY BARRERAS, en este tránsito se introdujeron modificaciones a lo acordado en La Habana, por ejemplo, limitar la votación a pequeñas jurisdicciones territoriales o abrir la posibilidad para que personas no reconocidas como víctimas se presentaran como candidatos y aun para reducir el número de curules o restringirlas solo a víctimas de las FARC.

De conjunto, solo una cosa queda clara, no existe voluntad política, ni del Gobierno, ni de la mayoría de partidos políticos en el congreso, para garantizar que esta iniciativa que podría ser una de las formas de reparar simbólicamente a las miles de víctimas que provoco el conflicto armado en Colombia, tras 60 años de guerra que no concluye.

La reparación política a la que tienen derecho las víctimas, contrario a la mezquindad con la que hoy actúa la clase política colombiana atada a privilegios, corrupción y violencia, debería ser una ley transitoria, que permitiera que en municipios del país duramente golpeados por la guerra, se establecieran por dos periodos, entre una y dos curules para víctimas, que como únicos registros se exija, inscripción en el RUV y la vinculación a una organización de víctimas y por parte del Estado la obligación de financiar sus campañas, facilitar el acceso a medios de comunicación y flexibilización de requisitos de inscripción y normas electorales excluyentes.

 

 

Por Alfonso Castillo Garzón
Semanario Voz
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