Covid-19 y glifosato: Complejidad de los cultivos de hoja de coca en el Catatumbo

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) -incluido en los Acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP- empezó a implementarse en 2017 vinculando a un total de 3.000 familias en el Catatumbo [1], sin contar con acuerdos colectivos. Sin embargo, la falta de recursos económicos suficientes para su completa implementación dificulta, a los equipos regionales del PNIS, tener las capacidades para desarrollar todos sus componentes. Además, la falta de articulación entre los distintos componentes de los acuerdos de paz –como la reforma rural integral– y de las distintas agencias nacionales involucradas en la ejecución del programa, han conllevado a la falta de credibilidad y de legitimidad del Estado en la región [2]. Esta incertidumbre de las comunidades, con respecto a la compl­­eta implementación del PNIS y la falta de seguridad en la región en relación con los actores armados al margen de la ley, han empujado a una parte de la población a resembrar hoja de coca [3].

Las erradicaciones voluntarias, a las que se comprometieron los cultivadores vinculados al programa, se llevaron a cabo con un 95% de cumplimiento [4], mientras que la materialización de los componentes que siguen a la erradicación voluntaria y que permiten el tránsito a la economía legal por medio de actividades productivas –en su mayoría agropecuarias–, han sufrido considerables retrasos. Ello es consecuencia, con toda probabilidad, de la valoración del PNIS como política antinarcóticos y no como parte de una política de desarrollo rural.

Por su parte, ASCAMCAT exige una erradicación pactada que no se limite a la entrega de 36 millones de pesos como parte del Plan de Atención Inmediata. Demandan la implementación del PNIS como una estrategia integral, que debe ser consensuada con la participación de las comunidades y que se incluya en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. De esta manera, podrían aterrizarse la Reforma Rural Integral y los demás planes contenidos en los Acuerdos finales de Paz, entre ellos, los Planes Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). También se reclama el tratamiento penal diferenciado para cultivadores y cultivadoras, imprescindible para que éstos se vinculen al programa. Además, esta propuesta es más económica, pues mientras la fumigación con glifosato de 1 hectárea tiene un costo de 72 millones de pesos, la sustitución voluntaria de la misma hectárea tendría un costo de solo 40 millones de pesos.

El enfoque antinarcóticos del gobierno de Iván Duque es, probablemente, lo que llevó de las erradicaciones voluntarias por medio de la Fuerza pública [5] en 2018, a la intensificación y reactivación de las erradicaciones forzadas en 2019. La voluntad de las comunidades es la de sustituir sus cultivos, pero siempre que se les garantice unos medios de vida que permitan su subsistencia de manera digna.

Y en lo que va de 2020 se ha continuado con la erradicación forzada, incluso en medio de la pandemia del COVID-19 [6], incrementando de este modo la posibilidad de contagio a las comunidades del Catatumbo, ya sea por el alto nivel de relevos de personal de la Fuerza Pública, como por la violación de los DDHH del campesinado -así lo pone de manifiesto el asesinato de Alejandro Carvajal, presuntamente a manos de la II División del Ejército durante una erradicación forzosa el pasado 26 de marzo [7]-. A ello, se le añaden las actividades del Gobierno encaminadas a la reactivación de la fumigación con glifosato -en desuso desde 2015- que, con toda probabilidad, incrementará la inseguridad del campesinado del Catatumbo, tanto de cultivadores como de no cultivadores; perpetuando así la problemática de los cultivos ilícitos y la ausencia de garantías para la vida digna en este territorio del nororiente colombiano.

Catatumbo y su lucha histórica por la dignidad campesina

La abundante biodiversidad y recursos hídricos del Catatumbo – Norte de Santander –, años atrás, permitía a sus habitantes vivir de la agricultura con una producción abundante del pancoger [8]. Según sus propios habitantes, la hoja de coca y su cultivo llegó por primera vez al Catatumbo a la zona rural de La Gabarra -municipio de Tibú- a finales de la década de los ochenta y se consolidó hacia mitad de los noventa a través de su expansión a otras zonas rurales del municipio, como Campo Dos y veredas colindantes con los municipios de Teorama, Sardinata y El Tarra [9]. Aunque con diversas versiones, la mayoría confluyen en el hecho de que la introducción de la semilla o la mata fue importada por personas externas a la región [10]. Además, no se debió a la política económica de los actores armados al margen de la ley, sino que fue el resultado de la interacción de éstos en las complejas dinámicas regionales [11].

El factor económico fue determinante en la transformación de la agricultura tradicional hacia el cultivo de la hoja de coca. Por una parte, la liberalización y la apertura económica [12] a principios de los noventa provocó sobre las economías agrícolas tradicionales unos efectos negativos, que fueron decisivos en aquellas zonas que carecían de unas condiciones básicas para la comercialización, principalmente infraestructuras de movilidad; en contraposición a la facilidad de producción y, sobre todo, de la comercialización de la hoja de coca. Por otra, el cierre de la refinería de Ecopetrol en Tibú y en Río de Oro-Puerto Barco en la misma década causó la degradación de las condiciones de vida de la población que estaba vinculada a la economía petrolera [13], influyendo en la consolidación y la expansión del cultivo de coca en el Catatumbo. Estos cultivos se extendieron a la zona alta del Catatumbo en los 2000, expandiéndose en el 2008 y de manera exponencial desde el 2010.

Así, el municipio de Tibú pasó de las 5.000 ha sembradas en 1997 a las casi 9.700 ha en el 2001. De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, el municipio de Tibú pasó de contener 1.905 ha con cultivos en el 2013 a las 16.097 ha en el 2018, pasando a ser el municipio con más hectáreas cultivadas a nivel nacional hasta la actualidad [14].

Para atajar esta economía ilícita, desde mediados de la década de los 90 el Estado colombiano ha centrado sus políticas antinarcóticos en la erradicación combinada con programas de desarrollo alternativo para las poblaciones que subsisten mediante estos cultivos. No obstante, ninguno de estos planes de desarrollo nunca logró sus objetivos. En mayo del 2000, en el marco del Plan Colombia se desarrolló la Operación Motilón, en la que se fumigaron más de 9.500ha de las veredas de El 25, Vetas Central y La Pradera [15]. Sin alertar a las comunidades ni tampoco a las autoridades territoriales [16], se usó por primera vez la fumigación con glifosato en el Catatumbo como método de erradicación.

Las comunidades respondieron con manifestaciones de protesta en la primera quincena de junio del 2000. Sin embargo, esta modalidad de erradicación definió las políticas antidrogas nacionales hasta el 2013, con el récord anual registrado en 2003 con casi 14.000 ha fumigadas [17], coincidiendo con la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática durante el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. Las fumigaciones causaron graves situaciones humanitarias, como ejemplifica la instalación de un refugio humanitario por parte de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT) en el 2009 en el municipio de Teorama, debido a los desplazamientos que ocasionó esta práctica, que se sostuvo hasta 2010. Como consecuencia del Paro campesino en el 2013 que lideró ASCAMCAT, y en el que se abogó por la sustitución gradual en el marco del Plan de desarrollo de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, se logró mantener en suspensión este tipo de erradicación forzosa en la región.

En cuanto a las erradicaciones manuales (terrestres), en 20 años se erradicaron más de 19.000 ha. Los municipios con mayores intervenciones de este tipo fueron Sardinata y Tibú [18]. Este tipo de erradicación ha precedido tradicionalmente, hasta su suspensión, a la fumigación con glifosato. No obstante, si bien en 2015 se prohibió el uso de glifosato para la fumigación de cultivos de coca, no ocurrió lo mismo con las aspersiones manuales, de manera que se ha seguido usando este químico cancerígeno para la erradicación [19].