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Análisis: Se desnudó una profunda frustración social con las fuerzas de seguridad

Análisis:  Se desnudó una profunda frustración social con las fuerzas de seguridad - protesta_policias

El abuso policial ya era parte de una larga lista de reclamos detrás de las protestas masivas que se dieron en toda Colombia en noviembre de 2019. Los críticos alegan que la policía aplica la ley a su conveniencia y de manera arbitraria, afectando sobre todo a los pobres, los vendedores ambulantes y los miembros de la comunidad LGBT.

A principios de septiembre, se desataron protestas en contra de la brutalidad policial en la capital de Colombia y en otras ciudades. En estas preguntas y respuestas, la experta de Crisis Group Elizabeth Dickinson explica que las reacciones a los disturbios han dejado en evidencia la polarización política del país, en medio de la ansiedad por el coronavirus y el acuerdo de paz de 2016 con las FARC.

 

¿Qué provocó las protestas que se han tomado Bogotá y otras ciudades?

El detonante detrás de las manifestaciones tuvo lugar en la madrugada del 9 de septiembre, cuando dos policías fueron filmados inmovilizando golpeando y aplicando repetidamente descargas con una pistola eléctrica o taser a Javier Ordóñez, un hombre de 44 años, padre de dos hijos. Ordóñez, formado como abogado pero empleado como taxista, estaba bebiendo con amigos y fue arrestado después de un fuerte intercambio de palabras con la policía. Según informes de prensa, fue agredido por siete agentes en una pequeña estación de policía – conocidas en Colombia como Centro de Atención Inmediata (CAI) – cercana al lugar de los hechos, en el occidente de Bogotá. Ordoñez murió posteriormente en una clínica, al parecer debido a las heridas causadas por la golpiza. En un video grabado en un teléfono celular, se ve a Ordóñez y a otras personas que presenciaron el altercado pidiéndole repetidamente a la policía que parara.

Horas después, manifestantes se reunieron alrededor de decenas de CAI en la capital. Al caer la tarde, algunas de estas manifestaciones fueron poniéndose violentas. En al menos cuatro barrios de Bogotá, la policía disparó indiscriminadamente contra la multitud; durante dos noches de protesta al menos trece civiles murieron, la mayoría por heridas de bala, mientras que otros 300 resultaron heridos. Los manifestantes incendiaron y destrozaron docenas de CAI. Videos grabados en distintos lugares muestran a grupos de civiles atacando a policías. Cerca de un centenar de agentes resultaron heridos. Los manifestantes también salieron a las calles en otras ciudades importantes, como Cali y Medellín.

Dos narrativas marcadamente divergentes acerca de estos incidentes evidencian el grado de polarización política de Colombia.

Los familiares de los heridos y muertos describieron horrorizados cómo la policía disparó directamente contra los civiles. Decenas de videos de policías golpeando a ciudadanos en las calles han sido publicadas en redes sociales. La alcaldesa de Bogotá, de tendencia de centroizquierda, Claudia López, criticó el vandalismo y los ataques contra los agentes de seguridad, y afirmó también que el uso de la fuerza por parte de la policía hace parte de un patrón sistemático de abuso por parte de la institución. López dijo que había ordenado a la policía no usar armas de fuego para contener las protestas, una orden que aparentemente fue ignorada.

Mientras tanto, funcionarios del gobierno de derecha del presidente Iván Duque argumentaron que los disturbios fueron producto de la violencia anti-estatal organizada, propagada por figuras de la oposición de izquierda y con la intención de “estigmatizar” a los miembros de las fuerzas de seguridad por las acciones de unos pocos policías corruptos. “Lo que pasó ayer no es la expresión democrática de unos reclamos que en términos sociales son legítimos. Fue la más grave expresión de vandalismo y de violencia organizada”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo el 10 de septiembre. Desde entonces, el alto comisionado para la paz del gobierno ha dicho que integrantes de milicias urbanas participaron en la ola de ataques a los CAI.

La muerte de Ordóñez desnudó una profunda frustración social con las fuerzas de seguridad. El abuso policial ya era parte de una larga lista de reclamos detrás de las protestas masivas que se dieron en toda Colombia en noviembre de 2019. Los críticos alegan que la policía aplica la ley a su conveniencia y de manera arbitraria, afectando sobre todo a los pobres, los vendedores ambulantes y los miembros de la comunidad LGBT. A diferencia de otras fuerzas de seguridad en América Latina, la Policía Nacional de Colombia no está bajo el comando del Ministerio del Interior o de Justicia, sino del Ministerio de Defensa, un legado del prolongado conflicto armado interno del país. Si bien la Constitución establece que los alcaldes son la “máxima autoridad” en lo que respecta a la policía local, en realidad su poder es limitado y la policía se comporta con la estructura jerárquica y el espíritu de grupo de un cuerpo militar, con una cadena de mando interna. Las denuncias de abusos y delitos son tramitadas por un sistema de justicia militar turbio en lugar de los tribunales regulares. En un caso ampliamente conocido, la familia de Dilan Cruz, un manifestante asesinado en noviembre de 2019, ha luchado en los tribunales durante meses para que se traslade la investigación de su muerte a una jurisdicción civil.

El caso de Ordóñez fue lo suficientemente contundente como para que la Fiscalía General (actualmente dirigida por un funcionario considerado cercano al presidente Duque), manifestara que se haría cargo de la investigación. La Procuraduría General de la Nación, que vigila el comportamiento de los empleados públicos, también llevará a cabo una investigación disciplinaria paralela. Los dos agentes que fueron grabados en video suministrando las descargas eléctricas a Ordóñez, han sido suspendidos de la policía por al menos tres meses, mientras que otros cinco fueron puestos en licencia.

¿Están relacionados estos disturbios con la pandemia y las medidas de aislamiento nacional de seis meses, que finalizaron el 1 de septiembre?

Inicialmente, el aislamiento nacional por el Covid-19, que comenzó el 25 de marzo, entorpeció los planes de los manifestantes de reavivar las manifestaciones que estallaron hacia finales del 2019. Durante el prolongado aislamiento se presentaron muy pocas concentraciones masivas, aunque hubo algunas pequeñas protestas sectoriales como las de los taxistas y comerciantes. Las estrictas medidas de aislamiento en Colombia le dieron a la policía una autoridad extraordinaria de restringir las actividades económicas, las posibilidades para salir de casa, reunirse con otros, hacer ejercicio o viajar entre municipios, incluso mediante la creación de retenes. Esto llevó a un aumento en supuestos casos de abuso policial y propagaron el resentimiento popular por la aplicación excesiva o arbitraria de la ley.

De hecho, la policía se convirtió en la imagen del aislamiento incluso a medida que crecía la irritación por las restricciones y su impacto. Al igual que en gran parte de América Latina, la pandemia desencadenó una devastadora crisis económica que elevó el desempleo urbano al 25 por ciento, y las consecuencias se sintieron de manera más aguda entre los más pobres. En Bogotá, epicentro del brote en Colombia, las personas con ingresos más bajos tienen diez veces más probabilidades de necesitar hospitalización por el virus que los más ricos. El hambre y la desesperación se han disparado. Casi la mitad del empleo de la ciudad es informal y muchos vendedores ambulantes se sintieron obligados a trabajar a pesar de las restricciones que les ordenaban permanecer en casa; algunos denunciaron a Crisis Group acoso por parte de la policía si no les daban a los agentes una parte de sus ganancias. Un análisis, hecho por académicos de la escuela de negocios de la EAFIT que analiza estadísticas policiales, muestra que los arrestos y otras sanciones por infracciones contra la salud pública aumentaron considerablemente más en áreas de bajos ingresos que en zonas más acomodadas.

En los últimos dos meses también se ha visto un rebrote de la violencia en otras partes del país, incluidas 17 masacres en agosto y lo que va de septiembre. ¿Qué está pasando?

Al igual que en las ciudades, la pandemia ha exacerbado las tensiones en las zonas rurales de Colombia propensas a los conflictos. Incluso desde antes de la llegada de la enfermedad ha habido un resurgimiento de las masacres, definidas como asesinatos de más de tres personas, que habían disminuido dramáticamente después del acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el 2019, las cifras regresaron a los niveles del 2014 debido a los enfrentamientos entre una variedad de grupos armados por el control de las actividades ilícitas y las bases comunitarias que dejaron las FARC. Entre los involucrados se encuentran el grupo guerrillero de izquierda Ejército de Liberación Nacional, así como casi 30 grupos más, incluidas las autoproclamadas disidencias de las FARC, que abandonaron el proceso de paz, y organizaciones de tendencia paramilitar como el cartel Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Aunque estas dinámicas existen en gran medida desde antes del COVID-19, el aislamiento le presentó una oportunidad en bandeja de plata a estas bandas armadas para intensificar su dominio. Con la excusa de controlar la infección, los grupos hicieron cumplir sus propias reglas de aislamiento, establecieron puntos de control informales y cimentaron sus autoproclamadas prerrogativas locales como reguladores de la movilidad, la justicia y el suministro de alimentos. Con el Estado distraído y los ciudadanos encerrados en casa, encontraron pocos obstáculos. Tan sólo en agosto se registraron once masacres a lo largo de corredores estratégicos del narcotráfico y en áreas donde dos o más grupos se disputan el control. En la zona central del Bajo Cauca, que ha sido epicentro de siete masacres este año, las AGC y un grupo disidente, los Caparros, han estado enfrascados en una contienda desde al menos 2019 por el dominio de la producción y el tráfico de coca, la minería y la extorsión. Las comunidades informan que estos grupos están enfrascados en una lucha por el territorio y en el proceso silencian a la población.

Los habitantes de las zonas bajo el dominio de grupos armados, y en particular los jóvenes, han pagado un alto costo. Los niños continúan sin asistir a la escuela, lo que los pone en riesgo de ser reclutados por grupos armados, especialmente a medida que aumentan las necesidades económicas de sus familias y estos grupos ofrecen la única vía para obtener dinero rápido. En varios casos, la violencia ha estado directamente relacionada con medidas de aislamiento impuestas por un grupo. El 11 de agosto, por ejemplo, dos niños fueron asesinados en una zona rural en disputa en la frontera de los departamentos del Cauca y Nariño, cuando iban camino a la escuela a enviar una tarea de una clase virtual, infringiendo el toque de queda impuesto por un grupo armado.

¿Cómo puede Colombia responder a esta ola de inseguridad?

El caos de finales de agosto y septiembre se suma a la creciente sensación de que la violencia vuelve a ser parte de la vida cotidiana de los colombianos, de una manera que revive recuerdos de su pasado turbulento. Los asesinatos de líderes sociales, el rebrote de las masacres, la brutalidad policial y los disturbios urbanos también han dejado en evidencia las profundas diferencias entre el gobierno y la oposición. El gobierno de Duque ve la violencia en todas sus manifestaciones como una cuestión de actividad criminal cuyos responsables deben ser enfrentados con medidas policiales y militares más estrictas. Por el contrario, los opositores al gobierno exigen una reforma institucional policial profunda, la desmilitarización de las fuerzas de seguridad que mantienen el orden cívico y la total implementación del acuerdo de paz de 2016 para evitar un nuevo ciclo de conflicto.

Los acontecimientos recientes han acelerado los llamados de la oposición, incluidas las autoridades locales en Bogotá, para que se lleve a cabo una reforma policial. Después de que el jefe de la policía de Colombia se disculpara públicamente por la muerte de Ordóñez el 11 de septiembre, la alcaldesa López dijo que la policía debería extender la disculpa a todas las víctimas de abuso policial. El mismo día, presentó una iniciativa de reforma policial al presidente y al procurador general. Los detalles de su propuesta aún no son públicos, pero las peticiones de reforma se han centrado comúnmente en trasladar al cuerpo policial fuera del Ministerio de Defensa para asegurar un estricto control civil y garantizar que los tribunales civiles manejen los casos de abusos graves. El procurador general, junto con importantes figuras políticas como el líder opositor de izquierda Gustavo Petro y el ex presidente César Gaviria, han respaldado la idea de López.

Duque, por su parte, sostiene que estos cambios estructurales no son necesarios. Si bien condenó el asesinato de Ordóñez y lamentó la violencia, el gobierno de Duque anunció que 2000 soldados, incluidos 700 traídos de otras partes del país, se unirán a la policía para mantener el orden en la capital. Sin embargo, el 11 de septiembre el ministro de Defensa Holmes Trujillo lamentó los disturbios, y dio algunas señales que indican que algunas concesiones y cambios pueden ser posibles.

 

Por International Crisis Group

www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean

The International Crisis Group is an independent organisation working to prevent wars and shape policies that will build a more peaceful world.

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