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¿Deberían las plantas tener derechos?

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Por: Michael Marder

A regañadientes, poco a poco, la opinión pública está reconociendo que los animales deben tener derechos. ¿Tiene sentido ampliar esa discusión e incluir en ella al reino vegetal?

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, hace ya más de 64 años, como una respuesta directa a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial que hicieron patente, de la forma más cruel que se pueda imaginar, la fragilidad de los seres humanos y su susceptibilidad a ser víctimas de violaciones. Incluir los derechos humanos en el derecho internacional buscaba compensar la vulnerabilidad inherente a la condición humana mediante la protección legal. Mientras más vulnerable sea una persona, más se deben proteger sus derechos. De ahí que once años después del voto de 1948 las Naciones Unidas adoptaran, con la resolución 1386, la Declaración de los Derechos del Niño.

Es hora de volver a plantear la pregunta sobre los derechos, esta vez como respuesta a una guerra más prolongada en contra del medio ambiente. ¿Son los humanos los únicos seres vivos que merecen tener derechos? ¿Qué hay de los animales? ¿O de las plantas? ¿O de las bacterias, como se apresurarán a anotar los críticos amantes de acusaciones que son como pendientes resbaladizas?

Paradójicamente, el caso de los derechos de las plantas es a la vez sencillo y complicado. No hay duda de que las plantas están entre los seres vivos más vulnerables del planeta; incluso según cálculos bastante conservadores, una de cada cinco especies vegetales está al borde de la extinción. En esta desastrosa situación global, la protección de sus derechos podría servir como mecanismo legal para desacelerar la pérdida de biodiversidad y mitigar la destrucción de la flora, pilar de cualquier ambiente natural. Sin embargo, para la mayoría, la idea de los derechos de las plantas suena un tanto fantasiosa. En muchos rincones de la academia, así como por fuera de su torre de marfil, las plantas por lo general se ven como poco más que máquinas verdes fotosintéticas –esas casi-cosas alojadas pasivamente en los lugares donde crecen–.

Nuestros tercos prejuicios funcionan como un muro que nos impide actualizar nuestra imagen de las plantas a la luz de nuevos y sorprendentes descubrimientos sobre su comportamiento, su ingenio adaptativo, su plasticidad al desarrollarse y demás. Una profunda resistencia psicológica nos induce a descartar la creciente evidencia científica que reta a los moldes conceptuales prefabricados en los que hasta ahora hemos metido a las plantas, a favor de la inercia de nuestros hábitos y la comodidad del “sentido común”. El marco estándar para pensar en las plantas asegura tanto el rechazo inmediato de propuestas destinadas a otorgarles derechos, como la persistencia del insostenible statu quo en el que las criaturas más vulnerables del planeta están constantemente expuestas a una cantidad de violencia virtualmente ilimitada.

Si bien las plantas han desarrollado, durante cientos de millones de años, sofisticados mecanismos de defensa que les permiten por ejemplo repeler insectos herbívoros gracias a la síntesis de químicos específicos en respuesta a ataques, son indefensas ante las agresiones de los seres humanos. (El incidente, película de M. Night Shyamalan, de 2008, presenta un escenario pesadillesco en el cual los árboles logran producir toxinas aéreas que llevan al suicidio a quienes las inhalan. Las toxinas, no muy diferentes de los repelentes contra insectos que las plantas en efecto sintetizan, representan un nuevo poder de los árboles que hace posible para ellos vengarse de las agresiones de los seres humanos, y ellas mismas se convierten en armas bioquímicas.) Extender los derechos a la flora limitaría por lo menos nuestro impacto negativo en la vida vegetal. Aun así, el razonamiento puramente instrumental a favor de los derechos de las plantas está muy lejos de ser suficiente; además de proteger los bosques y las flores silvestres como recursos preciosos y finitos, y cada vez más como rarezas, es necesario repensar el estatus de las plantas no solo como objetos para ser protegidos, sino también como sujetos que deben ser respetados.

El fundamento tácito del concepto legal-filosófico de derecho es la subjetividad de aquellos que disfrutan de su protección, es decir, su agencia o capacidad de moldear el mundo activamente. Hannah Arendt, una aclamada teórica política del siglo XX, nos incita a examinar con cuidado lo que ella llama “el derecho a tener derechos” como la condición previa para la elaboración de los derechos humanos. Para Arendt, este metaderecho fundamental supone la ciudadanía o la pertenencia a una comunidad política, condiciones que les son negadas a las personas sin Estado. A un nivel todavía más profundo, sin embargo, el derecho a tener derechos plantea una línea de base muy clara que vuelve significativas las discusiones subsecuentes respecto al tema: requiere que los portadores de los derechos sean ciudadanos y, por tanto, sujetos humanos.

La ventaja que tiene la formulación de Arendt es que desliga la noción de derecho de la idea de responsabilidad. A una recién nacida se le adjudican de inmediato tanto derechos humanos como derechos de los niños sin que nadie espere que ella pague por este privilegio mientras, sin saberlo, disfruta de él. Uno podría argumentar que el tiempo de cobrar está simplemente diferido hasta que la niña crezca; cuando, como el adulto en potencia que es, pueda asumir las responsabilidades que le competen y reconocer los derechos de otros. No obstante, el fundamento incondicional de los derechos básicos supera la lógica de su intercambio por responsabilidades, sean estas presentes o futuras. El derecho a tener derechos se gana en virtud de ser, no en virtud de actuar de una forma particular. En otras palabras, ¡es ontológico, no pragmático!

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Fuente: El Malpensante

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