Puerto Leguízamo, Putumayo Ejército encubre su responsabilidad en masacre ocurrida en caserío El Remanso

Videos y otras pruebas demostrarán que nunca hubo enfrentamiento. Comunidad se encontraba de fiesta, así estaba El Remanso el domingo 27M a las 5:45 p.m.

Días después de ocurrida la masacre en el caserío de El Remanso, corregimiento de Puerto Ospina, municipio de Puerto Leguizamo se siguen conociendo testimonios que desmienten las versiones oficiales del gobierno nacional sobre el operativo que terminó bárbaramente con la vida de once personas, entre ellas un gobernador indígena, un presidente de la JAC de El Remanso y su esposa, un niño, un trabajador campesino, así como cuatro heridos, tres mujeres.

Testigos confirmaron que el lunes 28 de marzo hacia las 7:00 a.m. durante aproximadamente veinte minutos unos veinte hombres armados incursionaron vestidos de negro, algunos de ellos encapuchados, disparando de manera indiscriminada contra pobladores que aún se encontraban en el sitio donde se desarrollaba la fiesta comunitaria dentro de un bazar.

A pesar, que muchos sobrevivieron al ataque armado, estos no permitieron se les asistiera, entre ellos el gobernador indígena Pablo Panduro, quien murió desangrado, afirman.

Los armados luego de corroborar quiénes habían muerto procedieron a mover los cuerpos, colocar armas cerca de los cuerpos, así como prendas militares y otros elementos de guerra. Cada cierto tiempo realizaron disparos al aire, mientras obligaban y a los sobrevivientes a estar boca abajo.

Posteriormente los encapuchados, al modificar la escena del crimen múltiple, amenazaron y se trasladaron unos a la orilla del río subiendo a unas pirañas y otros a helicópteros militares.

Con relación a los videos mostrados por el ministro de defensa Diego Molano como pruebas (https://twitter.com/Diego_Molano/status/1509257527321673730) fuentes aseguran que la grabación de doce segundos donde se muestran hombres armados, en ningún momento es el caserío de El Remanso, y menos durante el evento comunitario. Ningún testigo ha negado que en la región hay grupos irregulares pero en la incursión armada solo había personas de civil. Los testigos sugieren que ese video de MinDefensa es tomado en otro lugar

A pesar de que fuentes castrenses han filtrado a medios de información que el principal objetivo de la operación militar Carlos Emilio Loaiza alias “Bruno” quién había muerto, hasta el momento, ninguno de los once cuerpos identificados corresponde a Carlos Emilio (https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/putumayo-las-pruebas-de-ejercito-para-desmentir-masacre-662207)

Las fotos y videos borrosos y nada claros, son pruebas endebles que pretenden ocultar el verdadero rostro de una acción militar arbitraria, desproporcionada, y violatoria de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, una operación que, en un racional Estado de Derecho, jamás habría ocurrido.

Esta acción militar es el resumen del cuatrienio del presidente Duque, un gobierno que desprecia la vida de los más humildes e indefensos, que hizo trizas la paz y que continúa concibiendo los asuntos de seguridad como doctrina del enemigo interno.

El pretexto de enfrentar a grupos irregulares contra toda disposición legal es enfermiza. Nada justifica lo ocurrido, un uso arbitrario de la fuerza, un plan previo de encubrimiento con encapuchados, una modificación de la escena del crimen, montajes mediáticos posteriores para ocultar la criminalidad de Estado.

Sí había tantos armados ¿por qué no hubo otra planeación?, ¿por qué no se les capturó?, ¿por qué una masacre? ¿Por qué simularon confrontaciones en medio del montaje de los asesinados colocándoles armas? ¿Si un soldado resultó herido, quién lo hirió, qué dice la prueba balística, de dónde vinieron las balas? ¿Si había armados por qué matar desarmados y luego montarles armas y más? ¿Si la operación es limpia por qué mover los cadáveres y modificar la escena del crimen?

Esta criminalidad de Estado puede enfrentarse con una justicia eficaz y unas nuevas políticas de seguridad y una información pública contrastada.

Se requiere una intervención internacional que garantice el derecho.

1 de abril de 2022.